Por: Luis Eduardo Celis
En Colombia, hasta el día de hoy y por factores del poder económico y político, se asocia a las personas comunistas como gente peligrosa, nefasta para nuestra sociedad, y algunos de esos factores de poder los ven y asumen como enemigos a aniquilar y así ha sido por décadas. Allí está la explicación y la razón que explica la violencia que se ha ejercido contra militantes comunistas, y la que se ha extendido a quienes critican y luchan contra un orden de exclusiones e inequidad como el que ha prevalecido en Colombia.
Esta semana, cuando se ha hecho más visible la decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de tratar el genocidio que sufrió el movimiento político Unión Patriótica como una de sus prioridades, vuelve a verse el enorme reto que tenemos como sociedad y como estado de derecho de aplicar justicia ante estos graves crímenes; en reconocer el sufrimiento de las víctimas, en reparar hasta donde sea posible hacerlo y en garantizar que estos graves hechos no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, de esto aún estamos lejos, porque el asesinato contra opositores y disidentes sigue siendo el pan de cada día en esta Colombia que sigue sin lograr un orden de convivencia democrático. Este es un reto vigente y al cual hay que seguir aplicando fuerza social y política y compromiso ciudadano.
Cuando la JEP informó de la apertura del caso 06, como denominó el genocidio contra la Unión Patriótica, partió del importante trabajo de documentación adelantado por la Corporación Reiniciar que, con el liderazgo de Jahel Quiroga, han mantenido vivo el mensaje de que esta sistemática violación a los derechos de toda una colectividad política, a las personas que la integraron, sus familias y sobrevivientes, no puede quedar en la impunidad.
Igualmente, la JEP retoma el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002” y un informe presentado por la Fiscalía General de la Nación. Con estos tres insumos básicos, el caso 06 va andando en el tribunal de justicia que es la JEP y esperemos resultados concretos en materia de esclarecimiento de tantos crímenes en la impunidad y avanzar en conocer sus responsables; las motivaciones ya las sabemos: sacar de los territorios y del escenario político a quienes luchaban por transformaciones y por ampliar esta precaria democracia.
Paso a paso se ha logrado algo de justicia, algo de verdad y algo de reparación. Faltando mucho por hacer en cada uno de estos derechos, los poderosos que participaron del genocidio contra la Unión Patriótica, siguen siendo poderosos y mantienen en lo esencial su visión anticomunista y su férreo compromiso de no permitir que sus crímenes sean tramitados ante la justicia y sus responsabilidades sean sancionadas. Pero, es una pretensión vana e inviable; cada día ese poder se resquebraja un poco más y hay voces y protagonistas que están reconociendo responsabilidad ante el trato excepcional de cambiar cárcel por verdad, como ha sido la oferta serena construida en el acuerdo de paz y donde miles de responsables podrán encontrar un camino para tramitar sus deudas y acciones criminales, de una Colombia que sigue trabajando por cerrar un largo ciclo de violencia política.
Escuchar la voz de quienes sufrieron en sus vidas estas violencias, su testimonio de persistencia por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es una oportunidad excepcional. Son voces de sobrevivientes que deben ser escuchadas de la manera más amplia posible. Por eso, agradezco a la JEP y a la Comisión de la Verdad por su trabajo y compromiso con esta importante tarea, la cual podemos ver en el documental: “Desde las cenizas”, que fue estrenado esta semana y que debería ser presentado en todas las escuelas, universidades, centros comunitarios y que muy seguramente será transmitido por los canales regionales en las próximas semanas y meses.
Aquí lo pueden ver:
El genocidio contra la Unión Patriótica es una herida abierta en esta precaria democracia, el genocidio en curso contra líderes sociales es otra; a la larga, son muchas heridas a superar en una Colombia donde se sigue viendo a los comunistas y opositores como enemigos. Enormes tareas siguen estando presentes para garantizar el derecho a que estas barbaries no sigan siendo parte de nuestro presente.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.