Por: Luis Eduardo Celis
El presidente Gustavo Petro ha ofertado que Colombia sea una potencia mundial de la vida y no es retórica. Se trata de cerrar todas las violencias organizadas que se mantienen en cerca de doscientos cincuenta municipios de Colombia, donde no hay Estado de Derecho, sino autoritarismos criminales, con mucha sangre de por medio.
La Política de Paz total se propone tramitar esas persistentes violencias que nos han acompañado en las últimas seis décadas dejando enormes estragos humanitarios. Millones de desplazados y más de medio millón de muertes son solo dos cifras que nos muestran esta enorme tragedia que hace de Colombia una nación herida, con una sociedad tremendamente desigual, una precaria democracia, un ordenamiento territorial por tramitar donde están miles de conflictos y por los menos ocho grandes macrorregiones desarticuladas del Estado Social de Derecho, con todo lo que ello implica.
La Política de Paz Total tiene el propósito de resolver los conflictos que han alimentado las violencias que están en las raíces de esta nación por construir e integrar. Quiere crear un proyecto compartido, que le haga honor a la Constitución del 91, en la que hay una formulación de democracia de calidad, de derechos universales, de respeto por la dignidad humana, de reconocimiento por la diversidad. Toda esa formulación la abarca el planteamiento de Colombia Potencia Mundial de la Vida que tiene su desarrollo en la política de Paz Total.
El barco de la oolítica de Paz Total está zarpando. Ya está en marcha la mesa con el ELN, que tiene en este ciclo en curso en México el reto de tomar ritmo con la más amplia, diversa y efectiva participación para la paz, teniendo como eje los territorios que están más atrás en cuando a ejercicio de derechos, infraestructura y Estado efectivo; allí están buena parte de los doscientos cincuenta municipios con más homicidio, pobreza, narcotráfico y todos los indicadores sociales y económicos por debajo del promedio nacional, que ya de por si son promedios a mejorar.
Las disidencias de las FARC, agrupadas en el denominado Estado Mayor Central, están reunidas y se abrirá un proceso con ellas, eso viene en las próximas semanas y es una muy buena noticia.
Y esta semana se conoció el proyecto de ley para el sometimiento de esas redes criminales herederas del viejo paramilitarismo y que será un importante debate nacional, que, por supuesto se va a definir en el Congreso de la República y que requiere un amplio debate ciudadano, ante tamaño desafío.
Si el corazón de las violencias está en los territorios que han quedado relegados en todos los sentidos, las posibilidades de la Paz Total están en resolver esa desarticulación territorial, lo cual es una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo presentado a consideración del Congreso de la República.
Es claro que la política de Paz Total dialoga y se articula con la política de seguridad humana, en la que hay enormes desafíos que se integran con la necesidad de unas Fuerzas Armadas respetuosas de la Constitución Nacional y del ordenamiento legal, dirigidas al poder civil y plenamente respetuosas del ordenamiento legal y alejadas de la corrupción, todo ello en el horizonte del deber ser, ante tanta evidencia histórica que muestran una línea de comportamiento alejada de lo anterior, esa tarea igualmente está en la agenda de este gobierno: unas Fuerzas Armadas para un país en paz.
El barco de la Paz Total ha zarpado, faltan detalles para saber su rumbo y posibilidades, pero sin duda hay una política en movimiento.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.