Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares.
Las ciencias sociales y, en particular, los estudios sobre conflictos, violencia y paz lograron un enorme avance con los aportes del sociólogo y matemático noruego Johan Galtung quien es considerado uno de los progenitores de la Irenelogía (estudios sobre la paz) y por más de medio siglo ha contribuido a una visión integral de las confrontaciones en todos los ámbitos y las posibilidades de su trámite por vía del acuerdo y la transformación. Consultor de Naciones Unidas, impulsor de la educación para la paz y de centros dedicados a esa tarea en todo el mundo y mediador en la superación de conflictos internos en varios países, ha merecido los premios Nobel Alternativo de Paz y Gandhi.
A riesgo de simplificación, la teoría de la violencia de Galtung supera la visión tradicional que identifica ésta con la agresión directa y reconocible (física, verbal, sicológica) para señalar otros dos escenarios de su expresión indirecta: una violencia estructural, patente en la no realización de derechos, y una violencia cultural manifiesta en los mecanismo de control que impiden la comprensión y contribuye a la perpetuación de las anteriores.
En ese triángulo de la violencia, estas últimas explican la violencia directa, refieren a la injusticia social, las limitaciones a la democracia, la represión ilegítima, la exclusión social y política pero también a la aporofobia, la xenofobia, el machismo, la discriminación étnica, sexual y de género.
Esa ampliación de la perspectiva del fenómeno lleva a un replanteamiento de la concepción de paz en la que a la fórmula tradicional de los acuerdos para poner fin a conflictos violentos y guerras (paz negativa) agrega una paz positiva: aquella que apunta a superar esas otras expresiones de violencia mediante la satisfacción de necesidades humanas (supervivencia, identidad, bienestar y libertad) y a la convivencia fruto de autonomía, diálogo, cooperación, solidaridad, integración y equidad.
En ese horizonte amplio, no obstante lo plausible de buscar superar viejas confrontaciones violentas mediante el diálogo y el acuerdo, es engañoso hablar de una paz plena. Error evidente en las actuales angustias de Colombia.
Por eso es interesante ver al país, a la luz de lo anterior y de los dramáticos hechos del 9 y 10 de septiembre, en los que una criminal actuación de un grupo policial contra un ciudadano, que lo llevó a la muerte, desató protestas de indignación y violencia protagonizadas por miles de jóvenes en Bogotá y otras ciudades repelidas con salvajismo por una autoridad de control desquiciada, con un saldo trágico en la ciudad y la vecina Soacha, de 12 personas muertas, según denuncias la mayoría por disparos policiales, las sedes barriales policiales y varios buses destruidos, comercios saqueados y cientos de civiles y policías heridos.
En la conceptualización de violencia que señala Galtung, se han establecido tipologías para visibilizar, analizar y establecer alternativas conducentes a proponer a las sociedades, políticas que conlleven a una “paz grande”, es decir un ambiente de realización de derechos y transformación comprehensiva de los conflictos a través del reconocimiento, la reconstrucción y la resolución. En palabras de Estanislao Zuleta “una sociedad preparada para el conflicto es una sociedad preparada para la paz”.
Es un ejercicio necesario para comprender la extraña paradoja de nuestro país que en un abrir y cerrar de ojos pasó del sueño de la paz al retorno de las más horrorosas expresiones de violencia. Y la respuesta a por qué, de repente, la cuestionada indiferencia de los pobladores urbanos con la barbarie tornó en indignada asonada popular, gracias a que las redes sociales permitieron conocer el ensañamiento y la crueldad de dos uniformados con un ciudadano puesto en indefensión, el más reciente de una historia de abusos impunes.
Si se considera la violencia como el estado en que los seres humanos perciben, según Galtung, “que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales”, quién puede negar que en Colombia, uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo y con altos niveles de pobreza, la padece de manera implacable la mayoría de la población y que las medidas para controlar la pandemia del Covid19 la evidenciaron y ahondaron de manera descarnada.
El confinamiento obligatorio y la media marcha que lo ha continuado, la política social de migajas, el exceso de facultades otorgadas a la policía, la concentración de poderes en el gobierno, han tenido un efecto devastador sobre los sectores populares y medios, la democracia y los derechos humanos.
Una población que se sostiene en su mayoría en la precariedad de la economía informal vio aumentar además el desempleo de la quinta parte de los que recibían salario, el teletrabajo y estudio en casa triplicaron la carga de las mujeres, miles de pequeñas y medianas empresas se fueron a la quiebra, el hambre es notoria en los que deambulan las calles y los trapos rojos en las ventanas de las barriadas, las “ayudas” oficiales son una humillante limosna, el hacinamiento, la angustia y la desesperanza han hecho que en muchos hogares aumente la agresión física y sexual contra la niñez y las mujeres. Las cifras de feminicidios alarman. La tercera edad fue confinada al cuarto de San Alejo.
La juventud es el sector poblacional más afectado por esta tragedia, en el último trimestre el desempleo juvenil llegó al 30% y por miles abandonaron las aulas. Durante los paros estudiantiles recientes de manera masiva y contundente ha expresado su inconformidad con un sistema que la ha relegado, un futuro incierto y la negación del derecho a la educación en el que afinca sus esperanzas.
Fue la fuerza protagónica del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y días posteriores, en jornada en la que soportó los atisbos de la tropelía represiva que se ha desatado en los últimos días. A la vez, causan dolor y rabia, en medio del horror de las masacres, los asesinatos de cinco jóvenes de Llano verde, Cali, por chupar tallos de caña y de ocho más en Samaniego, Nariño, mientras bailaban y rapeaban. Los están matando por jóvenes.
Ni el país ni el gobierno ni las familias comprenden a la juventud y el drama que padece frente a un mundo que a la mayoría les cierra las puertas, los repudia por ser como son y los maltrata sin respeto. Sandra Borda en el libro Parar para avanzar establece un diálogo esclarecedor con los muchachos y muchachas que salen a gritar su desesperanza y a urgir posibilidades en las calles.
Basta leer los testimonios de los portales periodísticos Cuestión Pública y La Vorágine para darse cuenta de las razones de la reacción de la muchachada tras el asesinato de Javier Ordóñez por policías. Rabias acumuladas por abusos y palizas que se desfogaron contra los CAI, centros de una autoridad que se ha hecho odiar por arrogante, vengativa, violenta y corrupta, cuya denuncia y exigencia de responsabilidades y reforma es un acto de coraje y liderazgo de la alcaldesa, Claudia López.
Testimonios de algunos de los familiares de los muertos: un taxista estudiante de derecho, un vendedor de arepas, dos domiciliarios, todos en el rebusque de la vida, sostén o aspiración de los magros ingresos de sus familias, evidencian una relación tensa entre ellos y los uniformados, por prejuicio, estigma, robos, extorsiones y golpizas.
La expresión de una violencia institucional tolerada por el papel que una policía militarizada ha cumplido en el conflicto y la lucha contra el narcotráfico. Como corolario, en los medios, la imagen de un padre que azota en público a su hija por estar en la protesta. Como protector o represor, un reflejo del desencuentro con la juventud.
Si se mira hacia los pueblos indígenas y afrocolombiano y al campesinado, su sentido de acción colectiva y lucha les ha permitido sobreponerse a una realidad avasalladora, el asesinato de decenas de sus líderes, el irrespeto de sus territorios, ahora en disputa por bandas criminales, el despojo de sus tierras, los intentos desde representantes del poder terrateniente de imponer sus intereses voraces y revertir normas que a pesar de su limitación y tardanza permiten litigar para recuperar tierras arrebatadas por el paramilitarismo y compensar a las víctimas.
En el recuerdo está fresca la violación masiva por soldados de una niña Chamí en Risaralda y otros casos más. A todo lo cual se sumó el virus, que ante el abandono estatal, amenaza con aniquilar el mapa de las etnias sobrevivientes en el país.
Y ¿cuál ha sido la “política emocional” del gobierno? , de la que habla Margarita Garrido: la negación, el eufemismo, los perfilamientos. Violencia cultural, simbólica: llamar al achicamiento de los acuerdos con las Farc, “paz con legalidad”; a las masacres, “homicidios colectivos”, en un intento de fingir menor cantidad; al desplazamiento, “migraciones internas”.
En los sucesos de violencia protagonizados por miembros de la fuerza pública, el gobierno ha dilatado su reacción de condena, solicitud de castigo y apoyo a las víctimas o sus familias. Ha preferido, antes de reclamar e imponer respeto a la Constitución, exaltar el “patriotismo” y “la gallardía” de los insubordinados contra la autoridad civil de la alcaldesa, transpolar escenarios, acomodar hipótesis y trasladar responsabilidades. Convertir una protesta civil motivada en un rebuscado plan insurgente.
Frente a las políticas desarrolladas para controlar la pandemia y sus efectos, la mayoría de los colombianos hemos sido testigos de la predilección del gobierno por los poderosos, la amplitud con el sistema financiero, la generosidad con una empresa ajena, fracasada y poco reputada como Avianca, a la que sibilinamente se le tramitó un préstamo por 1.2 billones de pesos “mostrando la cédula”, como dicen en el campo.
La manera tardía y tacaña como se atendieron las necesidades de las pymes para preservar el empleo, el arrebato centralista de agarrar reservas de regalías y pensiones de los entes territoriales para obtener recursos que no fueron empleados en paliar los efectos de la pandemia, la tardanza en pagar sueldos atrasados del personal de salud.
A pesar de que la sociedad civil santandereana se opone a la minería en Santurbán, el gobierno se da sus mañas para enviarles mensajes a las multinacionales, como el fracasado “mico” con el que se intentó aprobar en el Congreso el fracking. Con base en las facultades especiales de la emergencia sanitaria y económica (y el Plan de Desarrollo) pavimentó la reforma laboral y pensional en ciernes para legalizar el trabajo por horas y la pulverización del sistema de protección social, adornado con la oferta de una risible mensualidad a los millones de ancianos que no alcanzarán la jubilación.
Colombia hoy necesita sin duda poner fin a la conflictividad interna vía acuerdos políticos con las fuerzas que aun conserven ese status o la imposición, frente a la criminalidad, del monopolio de la fuerza por una autoridad militar y policial -esta desmilitarizada- reformada, democrática y respetuosa de los derechos humanos, pero la superación del actual estado de violencias será imposible sin un programa de profundas reformas que atiendan a la materialización de los derechos conculcados, la profundización de la democracia con participación activa de las mayorías y los representantes de la diversidad nacional, empatía con los sectores secularmente postergados, erradicación de la violencia como instrumento de acción política, cumplimiento pleno de los acuerdos con las Farc y una cultura de paz. Una paz positiva en la concepción de Johan Galtung.