Por: Walter Aldana
Político social alternativo
Si partimos de que, como señala Avishai Margalit, “una sociedad decente, o una sociedad civilizada, es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros”, debemos entonces reconocer que es en la micro-ética donde se plasma el tipo de sociedad que queremos construir.
La riqueza del Cauca está en su diversidad (reconocida más por las personas externas que por quienes la habitamos). De nuestra fortaleza como sociedad dan cuenta las cosmovisiones que, de variada forma y cantidad, expresan la historia y cotidianidad de indígenas, afredescendientes, campesinado y personas blancas: expresiones culturales y artísticas, identidades y sentidos de pertenencia, religiosidades muchas, territorios geográficos disimiles y de pisos térmicos que, desde el nivel del mar hasta los más de mil ochocientos metros, riegan con exuberante producción de alimentos para el autoconsumo y el mercado regional.
La pregunta es entonces: ¿qué nos falta para ser felices? A mi pensar, adolecemos del sentido de reconocimiento del otro, porque una sociedad que ignora al otro, que no le reconoce, no le empodera, no le permite convertirse en alternativa de poder dentro de los cánones de la democracia, es una sociedad enferma. Una sociedad en la que sus sitios de encuentro no son los parques sino los centros comerciales, padece lesiones en su capacidad de gozar el aire, la flora y la fauna.
Me surge otra pregunta a partir del postulado de Avishai Margalit: ¿los gobiernos del Cauca han “humillado” a sus gobernados? Quisiera compartir la reflexión a partir de tres sucesos: el primero es el de un video grabado por mujeres del municipio de Padilla, norte del Cauca, donde en su canto le solicitan o piden al gobernador del departamento que vaya a la localidad, visite e informe. Además, le recuerdan que votaron por él.
El segundo se refiere a la revictimización que sufren los y las representantes de las víctimas. Acompañé una serie de reuniones de la mesa departamental con participantes del gabinete caucano y, ante la solicitud de estas, los funcionarios respondieron presentando la “oferta” institucional, no teniendo en cuenta para nada el “enfoque diferencial” para este sector de la población. Quedó en el ambiente la desazón de las víctimas de no ser reconocidas, como lo promulga la ley y lo dicen las propagandas institucionales.
Y el tercer suceso (entre muchos más) alude a una conversación que tuve con un líder de una subregión del sur del Cauca. Esta persona me decía: “hermano toca votar por… ¿No ves que nos está pavimentando la vía de llegada al pueblo?”. Esto significa que el derecho a gozar de la infraestructura pública se ve como “propiedad” del administrador-político.
Permitir que el ministro de Defensa enlodara el nombre de líderes y lideresas sociales (al estigmatizarles en rueda de prensa) y que los gobernantes (que les conocen en su actuar como defensores y defensora comunitarias) no dijeran nada ante el funcionario nacional hace parte del comportamiento basado en el silencio para no perder el “favor” del todo poderoso Gobierno central.
Colarse en la fila, abusar del poder que da la llave al portero de la institución cinco minutos antes de iniciar servicio, borrar con pintura blanca o gris los murales artísticos elaborados por jóvenes, vender los elementos que da el gobierno municipal para mejorar viviendas, tener lotes de engorde (por ejemplo la loma de las cometas), no visitar las comunidades a las que se gobierna y olvidar el carácter de servicio a la sociedad son, entre otros, muchos elementos de micro-ética urgentes por cambiar para ser una sociedad decente.