Por: Ghina Castrillón Torres, Politóloga feminista.
Preocupa la reciente decisión del Concejo Distrital de Buenaventura de aprobar acogerse a la Ley 550, especialmente porque faculta a la alcaldesa para que, por al menos un año, pueda vender los bienes del distrito.
Dicha aprobación concede facultades a la alcaldesa para modificar el presupuesto y negociar una reestructuración de pasivos y ha sido presentada como la única respuesta necesaria al desequilibrio presupuestal actual y las deudas acumuladas. Sin embargo, es crucial examinar con detenimiento cómo se recogerán y se distribuirán esos recursos, asegurando que se satisfagan las obligaciones inmediatas y que también se destinen a inversiones estratégicas.
Frente a lo anterior, Waldor Botero, docente de la Universidad del Pacífico, manifiesta una alerta dado que la venta de los bienes del municipio, como por ejemplo vender las acciones que se tienen en la Sociedad Portuaria, significaría pérdida de ingresos, o volver a conceder la administración del acueducto y alcantarillado a los privados, significaría encarecimiento del costo de vida de la población.
Además, el docente dice que el hecho de que sea la segunda vez que Buenaventura entre a dicha Ley, demuestra que vender los bienes públicos no es la única salida, ni tampoco es lo eficiente, al contrario, se debe insistir en que el Estado ayude a rescatar al municipio, y esto implica que apoye el recaudo de las deudas, entre otras medidas.
Recordemos que esta es la segunda vez que Buenaventura se acoge a la Ley 550, mas conocida como Ley de Quiebras, siendo el único municipio del país que por segunda vez se encuentra en esta situación. Esto fue en el año 2001, que inició el proceso de restructuración, y posteriormente logró salir de dicha situación en el año 2010, tres años antes de lo acordado. Pero definitivamente se debe evaluar las fallas, porque, una vez más, se vuelve a estar en esta situación.
Realmente se debe proteger lo público y este historial plantea preguntas sobre la efectividad de tales medidas a largo plazo y la necesidad de abordar las raíces de los problemas financieros del distrito.
La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba destaca que la Ley 550 permitirá conseguir recursos para pagar a trabajadores y acreedores, entre otras acciones. No obstante, la columna vertebral de esta inversión debe basarse en un análisis detallado de las necesidades prioritarias de la ciudad y en la participación ciudadana para garantizar una asignación transparente. Y en tener una estrategia fuerte de lucha anticorrupción, que tristemente ha estado presente en todas las administraciones anteriores.
Al observar la última medición del Índice de Desempeño Institucional, que es una herramienta que le permite a cada entidad hacer un autodiagnóstico para diseñar acciones de mejora, se evidencia que Buenaventura tiene un puntaje de 41,8, muy por debajo del promedio general del orden territorial que es de 57,9 y del promedio departamental que es de 58,5. Con estas mediciones, surge la necesidad de abordar las preocupaciones financieras inmediatas y también de implementar reformas que incluya medidas para fortalecer la capacidad institucional y restaurar la confianza ciudadana, además del fortalecimiento de la labor de la Contraloría
Es fundamental recordar que las decisiones financieras deben basarse en la búsqueda del bienestar de la ciudadanía a largo plazo. La transparencia, la participación ciudadana y una asignación estratégica de recursos son elementos clave para garantizar que esta intervención conduzca a superar la crisis. Resaltando también los ejercicios de veeduría ciudadana que se han fortalecido en Buenaventura.
Si bien esta medida puede proporcionar alivio momentáneo, es central que las autoridades distritales y nacionales trabajen en conjunto. Estamos ante un gran desafío. Hay un aparente remedio, pero la cura nos podría salir muy cara.