Por: Andrés Paternostro Céspedes
En el transcurso de las semanas 46 y 47 del año 2024, el municipio de Anorí ha registrado diversos hechos de violencia, producto de los enfrentamientos entre los Grupos Armados Organizados (GAO): el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y el Estado Mayor Central (EMC). Los dos últimos han unido fuerzas para enfrentar y frenar el proceso de expansión territorial del EGC, que se intensificó a partir del año 2022.
Esta expansión se dio luego de que el Gobierno Nacional cancelara todos los acercamientos con el EGC, como consecuencia de los actos de violencia ocurridos durante el paro minero en el municipio de Tarazá el 22 de marzo de 2022. En dicho paro, se vio afectado el sistema de acueducto de la población, además de otros hechos violentos registrados en la subregión del Bajo Cauca. Por estos acontecimientos, el Gobierno Nacional atribuyó la responsabilidad al EGC o Clan del Golfo (Línea de Paz Territorial y DDHH, 2024).
El pasado sábado 16 de noviembre de 2024, en la vereda Los Trozos, se registraron enfrentamientos entre una comisión mixta de integrantes del EMC y el ELN contra miembros del Ejército Gaitanista de Colombia. Según declaraciones de prensa del secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, estos grupos también se enfrentaron con tropas del Ejército Nacional, adscritas al Batallón de Infantería Bomboná de la Séptima División, que llegaron a la zona para contrarrestar el accionar de estos grupos en el municipio de Anorí (Álvarez Correa, 2024).
Estos hechos han generado el desplazamiento de aproximadamente 88 familias hacia el casco urbano de Anorí, así como el confinamiento de unas 20 personas. Esta información fue confirmada por María Patricia Giraldo, secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia de Antioquia, y por Yucelly Rincón, Defensora del Pueblo en Antioquia (El Colombiano, 2024).
Otro hecho que conmocionó y generó múltiples reacciones por parte de diversas figuras del Gobierno Nacional y Departamental fue el ataque con explosivos ocurrido en la vereda La Plancha, en Anorí, la mañana del 21 de noviembre de 2024. Este ataque, perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tuvo como objetivo a miembros del Ejército Nacional que integraban el tercer anillo de seguridad encargado de la protección del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR).
Este hecho dejo cinco militares muertos y cuatro personas heridas (tres militares y un civil). Entre los fallecidos están el cabo segundo Fredy Romero Robles y los soldados Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí, Fabián José Regino Mora y Yoiser David Redondo Arias. El Ejercito respondió a estos hechos con el apoyo aéreo y terrestres para realizar la extracción de personal afectado, el cual fue trasladados a centros médicos de la ciudad de Medellín.
En un informe de presa el Ejercito Nacional atribuye estos hechos violentos al Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro a través de una unidad militar de la subestructura Frente Héroes y Mártires de Anorí (Séptima División, 2024).
Autoridades como el Ejército Nacional, el gobernador de Antioquia, y el Ministerio de Defensa condenaron el ataque, el cual viola el Derecho Internacional Humanitario por utilizar estos artefactos cerca de la población civil. Desde la Fundación Paz y Reconciliación rechazamos este hecho y vemos como un obstáculo este accionar del ELN para las negociaciones de paz con el Estado.
Análisis del contexto: ¿Hecho aislado o parte de las dinámicas del conflicto armado?
El nordeste de Antioquia, particularmente municipios como Anorí, juega un rol crucial dentro de las dinámicas del conflicto armado debido a su ubicación geográfica y características económicas. Esta región conecta estratégicamente otras subregiones como el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Norte. Además, el Nordeste es un corredor esencial para actividades ilícitas como el tráfico de drogas, dado que en esta área se producen cultivos de coca y se cuenta con rutas para el transporte hacia otros departamentos y eventualmente hacia la costa. Asimismo, la presencia de minería ilegal representa una fuente adicional de financiación para los grupos armados, lo que incrementa el interés de estos en dominar el territorio.
La coexistencia del ELN, el Clan del Golfo o EGC y el EMC de las disidencias de las FARC ha intensificado los niveles de violencia en la región por los procesos de control territorial. Cada uno de estos grupos busca consolidar su influencia, ya sea por motivos estratégicos o económicos, lo que genera constantes enfrentamientos entre ellos y con las fuerzas del Estado. Particularmente, la alianza entre el ELN y el EMC en algunos territorios, como se ha visto en Anorí, tiene como objetivo frenar la expansión del Clan del Golfo, que ha intentado tomar control de corredores clave desde 2022. Esta competencia directa por el dominio de territorios ricos en recursos y de importancia logística exacerba la situación de inseguridad y afecta gravemente a la población civil.
Los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como el de La Plancha en Anorí, representan algo más que lugares destinados a la reincorporación de excombatientes. Desde un punto de vista político, son símbolos de los acuerdos de paz y de la presencia estatal en zonas históricamente marginadas. Por esta razón, se han convertido en objetivos estratégicos para los grupos armados organizados, que buscan desafiar al Estado y enviar un mensaje de poder territorial. Al atacar estos espacios, los grupos armados no solo socavan la seguridad de los excombatientes y sus familias, sino que también debilitan la confianza de las comunidades en los procesos de paz y en la capacidad del Estado para garantizar estabilidad en las regiones afectadas por el conflicto armado.
Este ataque podría interpretarse como una acción estratégica del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, cuyo objetivo sería desestabilizar la zona y reafirmar su control territorial histórico en un área de alta importancia estratégica, tanto por su conexión geográfica como por sus recursos económicos ilícitos. Al golpear a la Fuerza Pública en un espacio simbólicamente vinculado al proceso de paz, el ELN envía un mensaje de desafío al Estado y busca posicionarse como un actor dominante frente a sus competidores, como el Clan del Golfo o EGC.
Este hecho se enmarca en un patrón de ataques recurrentes contra las tropas militares desplegadas en la región. Según datos oficiales, en 2024 se han registrado 322 ataques contra la Fuerza Pública en todo el país, de los cuales 35 ocurrieron en Antioquia, lo que subraya la intensidad del conflicto en el departamento y la particular vulnerabilidad de esta región frente a los grupos armados (Bernal, 2024).
La región enfrenta una reconfiguración del conflicto armado, donde los grupos ilegales intentan llenar vacíos de poder estatal y consolidar su presencia. Este proceso no solo se relaciona con el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, sino también con la lucha por dominar territorios estratégicos para la movilidad y las rutas del crimen organizado. La ausencia de un control estatal efectivo en varias áreas del nordeste antioqueño deja el terreno abierto para que estos actores armados expandan su influencia.
Las acciones violentas del ELN, como este ataque, contrastan con su discurso de disposición hacia la paz, lo que genera tensiones que debilitan la confianza en los diálogos y cuestionan su verdadera voluntad de negociación. Estos actos no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también agravan la percepción de inseguridad en las comunidades, que ven cómo la violencia persiste a pesar de los intentos de implementar políticas de reconciliación en la región. Además, la alianza temporal del ELN con el EMC complica aún más el panorama, incrementando los riesgos de nuevas escaladas de violencia.
Implicaciones para la paz y la seguridad en la región
Impacto en los excombatientes: Este ataque representa una amenaza directa a la seguridad de los excombatientes que buscan reincorporarse a la vida civil, especialmente en espacios como el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de La Plancha, diseñados para facilitar su transición. La falta de garantías de seguridad no solo expone a estas personas y a sus familias a situaciones de vulnerabilidad, sino que también pone en jaque la implementación de los acuerdos de paz, dificultando la consolidación de estos procesos en las zonas rurales.
Impactos en las comunidades: Los ataques violentos como este generan incertidumbre entre las comunidades locales, que perciben una debilidad en la capacidad del Estado para proteger a los habitantes y mantener el orden. Esto afecta la confianza en las instituciones estatales y en los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos de paz, incrementando el escepticismo respecto a su sostenibilidad en territorios históricamente marcados por el conflicto como el municipio de Anorí.
Efecto en las negociaciones de paz con el ELN:
Existe una clara contradicción entre el discurso del ELN, que insiste en su voluntad de paz, y sus acciones, como los ataques a la Fuerza Pública y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo reclutamientos forzados y otras agresiones. Este tipo de acciones minan la legitimidad del grupo en los procesos de negociación y dificultan los avances en las mesas de diálogo.
La continuidad de las mesas de negociación dependerá de que se logren ceses reales de hostilidades, no solo contra la población civil, sino también contra las instituciones. Sin un cambio en las dinámicas de violencia, será cada vez más complejo alcanzar acuerdos que generen confianza tanto en las comunidades afectadas como en los actores del Gobierno Nacional.
La complejidad del conflicto en el nordeste antioqueño exige la implementación de estrategias integrales que combinen seguridad, justicia y desarrollo socioeconómico. Estas medidas deben ir más allá de la respuesta militar, abordando las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y la débil presencia estatal en las zonas rurales.
Las comunidades locales y sus liderazgos juegan un papel fundamental en la construcción de soluciones sostenibles. Sin embargo, esto requiere un compromiso decidido por parte del Estado y la sociedad civil para empoderar a estos actores, protegerlos frente a las amenazas de los grupos armados y garantizar que las políticas públicas sean diseñadas e implementadas con un enfoque territorial que reconozca las particularidades de cada región.
Conclusiones
Los ataques en la vereda La Plancha y Los Trozos pueden interpretarse como parte de una estrategia más amplia del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN para consolidar su control territorial en el nordeste antioqueño. Esta región, debido a su ubicación estratégica y a la presencia de economías ilícitas como los cultivos de coca y la minería ilegal, se ha convertido en un escenario clave en la reconfiguración del conflicto armado. Al atacar a la Fuerza Pública en un espacio asociado con los procesos de reincorporación, el ELN no solo busca desestabilizar el territorio, sino también demostrar su capacidad de influir en áreas vinculadas simbólicamente con los acuerdos de paz.
Este hecho resalta la urgencia de diseñar e implementar un enfoque territorial más sólido dentro de las políticas de seguridad humana. Esto implica priorizar la protección de las comunidades locales, que a menudo quedan atrapadas en la violencia de los grupos armados, así como consolidar la presencia del Estado en zonas estratégicas como el nordeste antioqueño. Además, es crucial fortalecer los procesos de reincorporación, garantizando que los excombatientes cuenten con seguridad, oportunidades económicas y apoyo social, para evitar que estos espacios se conviertan en blancos de violencia o lugares de disputa entre los actores armados.
Bibliografía
Álvarez Correa, M. (17 de Noviembre de 2024). Disputa entre disidencias, ELN y Clan del Golfo dejan 50 familias desplazadas en Antioquia. Obtenido de Bluradio: https://www.bluradio.com/regiones/antioquia/disputa-entre-disidencias-eln-y-clan-del-golfo-dejan-50-familias-desplazadas-en-antioquia-rg10
Bernal, J. (21 de Noviembre de 2024). Al menos cinco muertos y cuatro heridos dejó atentado con explosivos del ELN en Anorí, Antioquia. Obtenido de INFOBAE: https://www.infobae.com/colombia/2024/11/21/eln-ataco-con-explosivos-a-tropas-militares-en-anori-antioquia-tres-muertos-y-seis-heridos/
El Colombiano. (18 de Noviembre de 2024). En chiva y a pie huyen decenas de familias en Anorí por enfrentamientos entre ELN, disidencias y Clan del Golfo. El Colombiano. Obtenido de https://www.elcolombiano.com/antioquia/desplazamientos-en-anori-antioquia-por-combates-clan-del-golfo-eln-BI25872300
Línea de Paz Territorial y DDHH. (21 de Octubre de 2024). Paro minero en Bajo Cauca: una problemática sin resolver. Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación: https://www.pares.com.co/post/paro-minero-en-bajo-cauca-una-problem%C3%A1tica-sin-resolver
Séptima División. (21 de Noviembre de 2024). Comunicado de prensa . Obtenido de Ejercito Nacional de Colombia: https://www.ejercito.mil.co/comunicado-de-prensa-629435/
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