Elecciones a los Consejos de Juventud 2025: ¿fallará de nuevo el experimento?

Por: Sebastian Solano 

Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil  

Pese a ser concebidos como espacios de incidencia política juvenil, los Consejos de Juventud en Colombia enfrentan hoy un escenario adverso. Según una encuesta aplicada por la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil a 60 consejeros y consejeras de distintas regiones del país, los retos en representación, garantías institucionales, seguridad y eficacia son profundos y persistentes. Esta investigación, basada en testimonios directos y contrastada con fuentes oficiales y de prensa, revela una democracia juvenil aún precaria, donde la participación choca con la exclusión, y el compromiso cívico con la indiferencia estatal.

La mayoría de los consejeros consultados coincide en que los Consejos no reflejan cabalmente los intereses juveniles. La falta de mecanismos eficaces de interlocución con las autoridades y la escasa articulación con las entidades estatales generan desmotivación. “Sienten que no se está haciendo nada con respecto a lo que dice la ley”, advierte un análisis citado de La Silla Vacía.

Si bien en ciudades como Bogotá se han asignado curules especiales a jóvenes víctimas, étnicos y campesinos —65 de 372 consejeros locales según la Secretaría de Gobierno—, otros sectores siguen invisibilizados. Las personas jóvenes LGBTIQ+ denuncian falta de información, discriminación y violencia institucional: “una persona que está expuesta al odio y a ser invisibilizada”, relatan voceros citados por la Comisión Primera del Senado. Esta asimetría revela una representación desigual, donde algunas identidades tienen mayor reconocimiento que otras, especialmente en zonas rurales y en sectores informales.

Elecciones 2021: Irregularidades, maquinaria y desinformación

El proceso electoral que dio origen a los Consejos el pasado 5 de diciembre de 2021 tampoco estuvo exento de cuestionamientos. La Misión de Observación Electoral (MOE) registró 74 denuncias en 27 municipios de 14 departamentos, con prácticas que incluyeron compra de votos, suplantación, propaganda indebida y uso de símbolos partidistas. Además, la desinformación sobre el proceso y las presiones de líderes políticos locales distorsionaron el libre ejercicio del voto. A estos reportes se suman las percepciones de los propios consejeros encuestados: 52 de 60 afirmaron haber enfrentado dificultades para acceder a recursos o financiación, 40 mencionaron la falta de apoyo institucional para visibilizar sus campañas y 28 señalaron desconocimiento de las reglas del proceso. Solo una persona no reportó ninguna dificultad. Asimismo, 25 jóvenes enfrentaron problemas logísticos el día de las elecciones y 5 manifestaron haber sido presionados o amenazados para desistir de su candidatura. Las categorías más frecuentes de irregularidades percibidas incluyeron compra de votos, desinformación o mala pedagogía electoral, cambios logísticos de última hora, manipulación del censo, intervención de actores políticos tradicionales e incluso amenazas directas. Estos hallazgos refuerzan el testimonio de los encuestados, entre los cuales solo el 17% consideró que el proceso fue “muy transparente”, mientras que un 30 % lo consideró “poco o nada transparente”.

La falta de transparencia impactó en la legitimidad del proceso. Mientras los partidos tradicionales concentraron más del 56% de los votos, las listas independientes apenas alcanzaron el 29%, evidenciando la persistencia de una “maquinaria” que dificulta la autonomía juvenil. Esta percepción es coherente con los resultados del sondeo, donde 33 jóvenes afirmaron que el proceso fue poco o nada accesible para juventudes rurales, étnicas o víctimas. Además, el 63 % de los encuestados declaró que su elección estuvo marcada por desigualdad en las condiciones de campaña y escaso respaldo institucional.

Los Consejos de Juventud reciben bajas calificaciones en impacto y efectividad. Los encuestados describen un escenario de precariedad institucional: sin viáticos adecuados, sin medios ni vías de transporte para asistir a las sesiones y, en muchos casos, sin siquiera una sede propia. La falta de formación política y técnica también limita el alcance de su trabajo. Consejeros de varias regiones proponen capacitaciones continuas para mejorar sus competencias y lograr mayor incidencia. A esto se suma la escasa seguridad: amenazas, acoso y discriminación son frecuentes, especialmente hacia mujeres, jóvenes afrocolombianos e indígenas, y líderes en territorios de alta conflictividad. Solo en 2022 se reportaron 219 amenazas contra consejeros juveniles, en muchos casos sin respuesta institucional efectiva.

La violencia contra los consejeros de juventud refleja un patrón de riesgo creciente. Amenazas físicas, acoso sexual, violencia de género y ataques por parte de actores armados ilegales o estructuras criminales son parte del panorama en varias regiones del país. Jóvenes líderes afrocolombianos e indígenas han denunciado agresiones racistas en espacios públicos, y varias consejeras relatan episodios de acoso en escenarios institucionales. Si bien la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuenta con un protocolo oficial para atender amenazas a líderes juveniles —adoptado en 2021 para candidatos y consejeros electos—, los jóvenes encuestados evidencian que su aplicación es insuficiente. La mayoría señala una falta de atención oportuna y efectiva por parte de las autoridades, lo que se traduce en ausencia de rutas claras de protección, especialmente en territorios de alta conflictividad. Esta brecha entre la normativa existente y la experiencia real de los consejeros acentúa la sensación de desprotección y desincentiva la continuidad en estos espacios.

Según la encuesta aplicada a 60 consejeros y consejeras de distintas regiones, el 48 % manifestó haber sentido que su seguridad estaba en riesgo en algún momento debido a su rol, ya fuera ocasionalmente (38%) o con frecuencia (10%). Los principales actores asociados a estos riesgos incluyen grupos armados ilegales (59%), líderes políticos locales (55%) y autoridades locales (34%), seguidos por el crimen organizado (21%) y, en menor medida, la propia comunidad (14%). Pese a esta realidad, el 75% indicó no haber recibido ningún tipo de apoyo institucional para mitigar dichos riesgos, y apenas el 6% afirmó haber recibido un respaldo adecuado. Incluso entre quienes buscaron ayuda en entes como la Defensoría del Pueblo, Personerías o la Policía, el 68% no acudió a estas instancias, lo que representa una baja confianza institucional. Estos datos reflejan no solo un alto nivel de exposición a amenazas, sino una desconexión crítica entre los dispositivos estatales de protección y las necesidades reales de quienes ejercen liderazgo juvenil en contextos vulnerables.

Aunque la Ley 1885 de 2018 y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil contemplan espacios de interlocución directa con el Gobierno Nacional, su cumplimiento es errático. En 2023, por ejemplo, sólo se realizó una de las dos sesiones obligatorias entre el presidente y el Consejo Nacional de Juventud. Sin embargo, algunos logros dan luces de posibilidad: el programa Colombia Joven en Territorio recogió más de 1.700 propuestas para política pública juvenil, y en ciertos municipios se han incluido voces juveniles en los planes de desarrollo. Pero estos casos son excepcionales. En general, los Consejos operan con escasa incidencia y sin mecanismos claros de seguimiento a sus propuestas.

De hecho, el 53% de los encuestados considera que su consejo tiene “poco” o “ningún impacto” en políticas públicas locales o nacionales, y el 44% afirma no recibir respaldo político por parte de sus gobiernos locales, mientras que solo un 2% reporta respaldo pleno. Aunque la mayoría ha participado en mesas de diálogo (67%) y formulado propuestas (60%), más de un tercio reconoce que sus acciones no tienen incidencia real en la formulación de políticas. El seguimiento institucional es también débil: el 54% realiza acciones de control político solo de manera ocasional, y el 83% se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el reconocimiento e impacto que tienen los Consejos en la toma de decisiones. Estos datos refuerzan la idea de que, pese a su existencia formal, los Consejos funcionan con un margen muy limitado de influencia real.

Los Consejos de Juventud son un avance importante y una oportunidad para la democracia desde abajo. Pero sin representación real, sin recursos y sin garantías de seguridad, el riesgo de que se conviertan en mecanismos simbólicos es alto. La voz de los jóvenes debe ser escuchada, protegida y fortalecida. Desde Pares, invitamos a las autoridades locales y nacionales a garantizar condiciones dignas para ejercer la ciudadanía juvenil. Como sociedad, tenemos una deuda histórica con quienes aún creen en el poder transformador de la participación.

El próximo 19 de octubre se celebrarán en Colombia las segundas elecciones de los Consejos de Juventud, marcadas por un ambiente de expectativa normativa y persistencia de obstáculos históricos. La baja participación en 2021 —apenas el 10 % del censo juvenil— dejó al descubierto el distanciamiento entre las instituciones y las realidades de las juventudes, especialmente en zonas rurales o afectadas por el conflicto. Pese a la inversión pública anunciada por la Registraduría y la implementación de campañas pedagógicas, los avances aún no logran desmontar las dinámicas de desinformación, exclusión y clientelismo que contaminan los escenarios juveniles de participación política. La inscripción de listas independientes, que inició en abril, vuelve a enfrentar barreras logísticas, poca visibilidad y una desventaja estructural frente a los partidos tradicionales, cuyas maquinarias siguen marcando el pulso electoral.

En paralelo, el Congreso tramita una reforma parcial al Estatuto de Ciudadanía Juvenil que, aunque reconoce vacíos críticos del modelo vigente, no es una solución inmediata a los problemas estructurales del Subsistema de Participación de la Juventudes. El proyecto de Ley, que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, incluye medidas como la apertura de listas, el rediseño de curules y la inclusión de protocolos de prevención de violencia política juvenil. No obstante, su alcance sigue siendo limitado, se requiere de todo un paquete de leyes que logren fortalecer el subsistema. Mientras tanto, jóvenes consejeros y liderazgos sociales continúan enfrentando amenazas, poca voluntad política por parte de sus entes territoriales, y ausencia de rutas de protección, especialmente en municipios afectados por el conflicto o con presencia de economías ilegales.

Las elecciones de 2025 no pueden convertirse en un ritual vacío. Requieren condiciones reales de competencia, garantías de seguridad y canales efectivos de interlocución con el Estado. A pocos meses de la jornada electoral, la pregunta es inevitable: ¿qué va a cambiar realmente para garantizar que esta vez la participación juvenil no sea solo una promesa sin sustento, sino una apuesta efectiva por el poder transformador de las juventudes?