Por: Walter Aldana Político social alternativo
En la prehistoria surgieron civilizaciones para el relacionamiento de las personas, la ciudad, el Estado y el mercado: las tres varitas mágicas que, en unión con la tecnología y la escritura, permitieron el avance estos componentes de una coexistencia pacífica. Y fue la agricultura (no el extractivismo de los recursos naturales) lo que dinamizo lo que hoy se conoce como “desarrollo”.
Para nuestra hermosa América, los mayas se congregaron alrededor del centro ceremonial, pero nunca fueron un solo Estado. Se constituyeron en teocracias militares diversas, es decir que solo la descentralización permitía dar salida a las problemáticas caracterizadas como regionales.
En contravía a las lecciones de la historia, el Gobierno nacional pretende, con disciplina de perros, alinear todos los pensamientos disimiles de mandatarios y mandatarias de gobernaciones y alcaldías en relación al manejo del orden público. Mientras el poder central (que administra 2.600 metros más cerca de las estrellas y alejado de lo que pasa en las regiones) pretende, por ejemplo, levantar los bloqueos de vías a partir del uso de la fuerza bruta y las balas —combinándose presuntamente para tal fin Policía y “paraestados” civiles—, algunos mandatarios y mandatarias locales se la juegan por el dialogo y la constitución de mesas de concertación.
Por ello, llama la atención la expedición del decreto número 575 del 28 de mayo de 2021, denominado de “asistencia militar” y dado a conocer a altas horas de la noche (como cualquier acción de pillaje tras las sombras que esconden a lo ilegal). El zarpazo a la autonomía de las autoridades locales se produce desconociendo su carácter de funcionarios y funcionarias elegidas por votación popular.
Pero, en fin, la discusión no es jurídica. La apuesta es centralmente política: corresponde a la realidad de lo que es, para la historia, el legado de los romanos sobre el gobierno en su experiencia desde la monarquía, la república, el principado y el dominado. El uribismo, con su representante en el palacio de Nariño, ha determinado apostar por la monarquía (legisla en pandemia, arrodilla a las altas cortes de la justicia, coloca a trabajar supeditados al ejecutivo a los órganos de control, cambia leyes por mermelada y regala, vía rebaja de impuestos, 15 billones de pesos a la gran industria en la reforma tributaria del 2019).
Como será de vergonzoso el atraco al pueblo que los gremios le piden reversar esa medida.
El proceso de descentralización administrativa y la elección popular de alcaldes y alcaldesas (acto legislativo primero de 1986) reconoció que la unidad nacional no podía garantizarse imponiendo una visión o una política centralista, sino que la representación debía darse en las células básicas de la nación, es decir en los municipios y los departamentos.
Entonces, mientras el Gobierno que está ubicado en la capital escucha a industriales, al sector financiero, a los gremios y al Centro Democrático, en el sur del país, los dignatarios (entre alternativos y de partidos tradicionales) saben que se deben a las comunidades y a dinámicas sociales y políticas regionales, ello explica su postura pro-diálogo. Es por lo anterior que Jorge Iván Ospina en Cali, John Jairo Santamaría en Yumbo o Elías Larrahondo en Cauca, por mencionar algunos, escucharon y se opusieron a reprimir los puntos de protesta y han estado buscando acuerdos con las personas que se han movilizado, reconociendo así a quienes les eligieron para que les representen.