Por: Katerin Erazo, Periodista
Fotos tomadas de:
Este 09 y 10 de septiembre marcan el tercer aniversario de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la capital colombiana: la represión policial de las protestas que estallaron en septiembre de 2020. Un informe independiente entregado en 2021 a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, calificó estos eventos como una “masacre” que dejó un saldo de 14 fallecidos, revelando un uso “desproporcionado” de la violencia por parte de la policía colombiana. Además, se recuerda nuevamenteel caso emblemático de Dilan Cruz, cuya muerte a manos de un oficial de policía durante una protesta generó una ola de indignación y desencadenó una serie de investigaciones.
La “masacre” de 2020: represión y violencia desproporcionada
Los días 09 y 10 de septiembre de 2020, Bogotá se vio sumida en el caos cuando multitudes de manifestantes se lanzaron a las calles en protesta por el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, a manos de dos policías. Un video que registró el brutal castigo infligido a Ordóñez a manos de los oficiales desató la indignación y llevó a miles de personas a expresar su rabia. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación legítima pronto se convirtió en un episodio de violencia descontrolada (Ver: Bogotá amaneció de luto: la masacre del #9S).
Según un informe independiente respaldado “metodológicamente” por Naciones Unidas, la policía colombiana respondió con una “violencia desproporcionada” contra los manifestantes, especialmente en los sectores populares de la ciudad. Carlos Negret, exdefensor del pueblo y relator de la investigación, afirmó que los oficiales se ensañaron contra las personas más vulnerables de Bogotá, creyendo que podrían cometer abusos sin consecuencias.
El resultado fue devastador. Catorce personas murieron, de las cuales once perdieron la vida debido al “uso ilícito de la fuerza” por parte de la policía. Además, más de 300 civiles resultaron heridos, junto con 216 uniformados, y 76 puestos policiales fueron destruidos. El informe también documentó casos de “violencia” dirigida hacia los agentes de policía.
Este informe, publicado en 2021 por la Alcaldía de Bogotá y respaldado por las Naciones Unidas, consta de 182 páginas que confirman que lo que ocurrió en esos días fue una “masacre” perpetrada por la seguridad nacional contra los ciudadanos en los barrios de bajos recursos.
Según Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se reconoce el proceso de reforma y transformación policial que la institución ha experimentado en los últimos cuatro o cinco años. Se ha observado un esfuerzo o, al menos, una intención en esta dirección. Sin embargo, el coordinador señaló que no se han logrado avances significativos o concretos en la transformación y reforma de la policía, más allá de cambios superficiales, como los ocurridos en el UNDEMO o el cambio de uniforme policial, entre otros aspectos.
En este contexto, Pares ha destacado de manera recurrente la destitución de varios generales por parte del presidente, lo cual ha generado cierta desestabilización dentro de la institución y no necesariamente se alinea con la lógica de la reforma. En cuanto a la rendición de cuentas, se critica que la policía se encuentra bajo la jurisdicción del fuero penal militar, lo que implica que los procesos de investigación judicial y la supervisión de las acciones de la fuerza pública también se aplican a la policía. Esto resulta en un acceso limitado a la información y a la rendición de cuentas que no es de dominio público, lo que dificulta que la Línea, en su rol de sociedad civil u organización, pueda verificar y supervisar adecuadamente estas cuestiones.
Dilan Cruz: un caso emblemático
Sin embargo, la represión policial y la violencia no se limitaron a 2020. A finales de 2019, durante una protesta, el capitán de la Policía Manuel Cubillos disparó a Dilan Cruz, un joven estudiante. El incidente fue grabado por varios testigos y conmovió a Colombia.
Dilan Cruz fue llevado a un centro médico, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció dos días después del impacto. La necropsia confirmó que murió a causa de un “trauma craneoencefálico penetrante” causado por munición de impacto, lo que calificó su muerte como un homicidio.
Cuatro años después de su muerte, las investigaciones sobre el caso de Dilan Cruz siguen en curso. En un desarrollo significativo, Forensic Architecture, un grupo de investigación multidisciplinario, realizó un peritazgo científico y tecnológico en el que reconstruyeron el crimen. Utilizaron programas de análisis, imágenes y videos para crear un modelo en tercera dimensión que mostraba la secuencia del hecho.
Según el informe de Forensic Architecture, el capitán Manuel Cubillos, que estaba en el lugar de los hechos, apuntó y siguió a Dilan Cruz antes de disparar. Esto contradice la versión del capitán Cubillos, quien afirmó que un movimiento imprevisto de Dilan lo llevó a interponerse en la línea de fuego del proyectil.
La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos contra el oficial Cubillos por su presunta responsabilidad en la muerte del joven. Se le acusa de no haber tenido el cuidado necesario al accionar su arma, lo que resultó en la fatal herida en la cabeza de Dilan.
La expectativa por esta nueva información ha generado un interés renovado en el caso, y los familiares de la víctima, así como los colectivos estudiantiles, esperan que se haga justicia en memoria de Dilan Cruz.
Isaac Morales enfatizó que esta investigación concluye que el disparo se efectuó con la intención de causar la muerte. Desde el principio, desde que se dieron a conocer los primeros videos de la muerte de Dilan, se podía percibir cierto grado de malicia o intención en la manera en que el capitán apuntó el arma. Es importante destacar que se trata de armas que, técnicamente, no deberían ser letales, pero que sí pueden causar graves daños, como se evidenció en varios casos de personas que perdieron sus ojos y sufrieron heridas graves.
Morales explicó que estos resultados son significativos en la determinación de la responsabilidad del capitán en este caso. En su opinión, existen pruebas suficientes y material probatorio que respaldan la idea de que realmente tiene una responsabilidad en los acontecimientos. No obstante, subrayó la importancia de que un tercero corrobore estos hallazgos para que la investigación tenga aún más credibilidad y peso.
Sin embargo, Isaac Morales consideró que es importante reconocer los esfuerzos realizados por la institución. En este sentido, destacó la creación del Observatorio de Violación de Derechos Humanos, una iniciativa que opera internamente y está directamente vinculada a la Oficina de Planeación y la Dirección General. Sin embargo, señaló que los resultados de este observatorio y el seguimiento de las violaciones de derechos humanos por parte de la institución no son ampliamente conocidos.
La principal recomendación que hace el coordinador de la Línea de Pares es que el proceso se vuelva más transparente y que se fomente una participación activa de la sociedad civil y las organizaciones encargadas de supervisar las acciones de la policía, entre otras responsabilidades. Para él, la combinación de transparencia y participación ciudadana representa un paso fundamental que sería importante implementar en aras de una mayor claridad y rendición de cuentas.
Finalmente, los informes independientes y las investigaciones multidisciplinarias buscan arrojar luz sobre la verdad detrás de estos eventos y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. A medida que Colombia reflexiona sobre estos trágicos acontecimientos en su historia reciente, la búsqueda de justicia y la promoción de los derechos humanos continúan siendo temas de máxima importancia en la sociedad colombiana.