Foto Prensa JMS Quiero pedir la comprensión de mis lectores. Esta no es una columna. Es un manojo de sentimientos. Este jueves me encontré con el general Jorge Enrique Mora Rangel y lo abracé y no pude evitar el llanto. Quería agradecerle lo que está haciendo por la paz de Colombia, quería decirle que el honor de representar a un país en la búsqueda de la reconciliación no es menor al sacrificio de haberlo representado en la guerra. No pude. Pero él sintió mi corazón y oyó una por una las palabras que tenía en el alma. El domingo cuando el presidente Santos dijo que el 15 de junio el país escogería entre la paz y la guerra desfilaron en mi memoria uno por uno mis amigos muertos en esta larga y dolorosa confrontación. Me ocurre a menudo. No he podido nunca evitar la pesadumbre de  mirar sus ojos y escuchar sus voces en mis noches de soledad. Es un lugar de la memoria al  que vuelvo siempre que escucho a alguien que puede decidir de verdad sobre la paz o la guerra. Oigo su voz y recuerdo las voces queridas que deambulan en mi historia profunda.  Es un lugar al que vuelvo cuando abrazo a mi hijo Fernando que es hijo de sangre de mi mejor amigo que murió en la guerrilla cuando apenas salíamos de la adolescencia. Por esos recuerdos, por esas angustias, no tengo nunca un dilema, nunca una duda, cuando se trata de escoger  entre quien quiere firmar una paz generosa y quien busca la destrucción o la rendición de las guerrillas. Fue eso y solo eso lo que impidió que acompañara al doctor Álvaro Uribe Vélez en las elecciones de 2002. Nos encontramos en el Hotel Rosales Plaza de Bogotá para hablar de la situación del país. Estaba en una crisis pavorosa el proceso de paz que adelantaba Andrés Pastrana con las Farc y Uribe abogaba por acabar con esas negociaciones. Me pidió que le ayudara en su campaña presidencial y yo, que tenía una gratitud inmensa con él porque había contribuido mucho con la reinserción de mis compañeros en Antioquia, tuve que decirle que no podía hacerlo porque no compartía su pensamiento sobre el conflicto colombiano. En el año 2012 cuando el presidente Santos anunció que había culminado la etapa exploratoria con las Farc y empezaban las negociaciones de paz en La Habana sentí una alegría inmensa. Ese año mes por mes las Farc estaban realizando un promedio de 200 acciones y le estaban produciendo a la fuerza pública 180 bajas entre muertos y heridos. Las Farc tenían otra vez la iniciativa en algunas zonas del país  y el conflicto con la carga atroz de desplazados, de civiles asesinados, de poblaciones enteras vulneradas, empezaba a tomar una fuerza inusitada. Ese año estábamos culminando el informe general del Grupo de Memoria Histórica en cabeza de Gonzalo Sánchez y habíamos llegado a la cifra de 220.000 muertos y 6.000.000 de víctimas. No tuve la menor duda. Tenía que acompañar al presidente en sus esfuerzos de paz desde mis columnas y desde mi condición de investigador social. Esta semana he oído al senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y a otros amigos de la izquierda decir que es lo mismo votar por Santos que por Zuluaga. Dicen que no comparten las ideas y los planes económicos y sociales de Santos. Dicen que el clientelismo y la corrupción son iguales en uno y otro lado. Dicen que no van a perder su independencia o su condición de opositores. Son argumentos importantes. Pero, no sin rubor, quiero hablar de mi experiencia.  Mi apoyo a quienes se comprometen con la paz no ha significado nunca declinar la crítica o perder la independencia. Mis críticas a las inequidades sociales y mi batalla contra la  corrupción y la parapolítica han sido tan férreas que he debido soportar dos exilios y la amenaza permanente de sectores políticos aliados de la ilegalidad. No he cedido. Durante estos dos años Uribe y el ahora candidato Zuluaga han hablado en contra de las negociaciones con las Farc y han hecho todo para acabarlas.  Es eso lo que me empuja a votar por Juan Manuel Santos. Lo hago con el mismo sentimiento que me llevó a abrazar al general Mora, con el mismo sentimiento con que he estrechado la mano del presidente Santos a lo largo de estos dos años en los que, contra viento y marea, ha mantenido la mesa de La Habana. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto CM& El próximo domingo serán las elecciones atípicas en el departamento de La Guajira. Dos candidatos buscan suceder al exgobernador Francisco Gómez Cerchar:  José María “Chema” Ballesteros, hijo del actual senador por el Partido de la U Jorge Ballesteros; y Wilmer González, quien pertenece a la estructura política liderada por el exgobernador Jorge Pérez Bernier, dirigente de Nueva Fuerza Guajira. ‘Chema’ Ballesteros es primo de Santander Lopesierra, conocido como el ‘hombre Malboro’, un contrabandista y narcotraficante que fue extraditado a los Estados Unidos. Además, es el candidato de Francisco Gómez Cerchar, exgobernador del departamento de La Guajira, acusado de cometer diferentes homicidios y además de ser socio del narcotraficante y jefe de una BACRIM Marcos Figueroa. Marcos Figueroa o ‘Marquitos’ cuenta con un largo prontuario criminal. Se le acusa de liderar aparatos armados en el sur y centro del departamento: ‘Los Curicheros’ y ‘los Criollos’.  ‘Los Curicheros’ son una estructura armada, permanente pero poco visible, de contrabandistas, y su nombre se deriva de una ranchería denominada Curichí. Algo que llama la atención es que Chema Ballesteros ha logrado hacer campaña en las zonas de influencia de ‘Marquitos’, sin problema y sin necesidad de entrar con escoltas o aparatos de seguridad, cuando nadie puede entrar de esa manera. En la siguiente foto se ve a  ‘Chema’ con Tania Galván (de manta blanca y sombrero) quien es la mensajera política de ‘Los Curicheros’. Ella es esposa de Carlos Gómez alias ‘Carlos Curichi’, tío del extraditado narcotraficante Ignacio ‘Nacho’ Pana. Este último miembro de la organización de Marcos Figueroa y Kiko Gómez. En la siguiente foto se observa al mismo candidato con Hilder Mejía quien estuvo preso junto al exalcalde de Riohacha Wilder Rios por entregarle el manejo del sector salud a los paramilitares de ‘Jorge 40’ por medio de una EPS. Pero las relaciones complicadas de ‘Chema’ no paran ahí. El periodista Gonzalo Guillén tuvo acceso a una fotografía reciente en la que aparece  ‘Chema’ Ballesteros junto al hermano del hombre Malboro, Carlos Lopesierra, quien fue condenado junto a su hermano por narcotráfico y regresó al país tras purgar cinco años de cárcel. En la fotografía, a la derecha está el exsenador Ángel Daza. El otro candidato es Wilmer González, quien pertenece a la estructura política liderada por el exgobernador Jorge Pérez Bernier, dirigente de Nueva Fuerza Guajira. Este movimiento gobernó el departamento por más de una década al mismo tiempo que la estructura paramilitar de ‘Jorge 40’ se expandía y consolidaba. Al menos dos relaciones dan cuenta de que la estructura de Pérez Bernier siempre  ha tenido un pie en la ilegalidad. En primer lugar, Dilger Becerra, quien era uno de los principales socios de ‘Los Rastrojos’ en el departamento fue el agente que lavó dinero para esta organización. La esposa de Becerra, Claudia Mesa, fue la secretaria de salud en la administración de Pérez Bernier. Becerra murió en el año 2011 poco antes de las elecciones locales a manos del propio Marcos Figueroa y sus hombres. Para ese momento Becerra y su esposa apoyaban a Bladimiro Cuello, candidato a la Gobernación en el 2011, quien era el candidato de Pérez Bernier. Wilmer González fue parlamentario y exalcalde del municipio de Uribía. Su segunda esposa, Laura Andrioli, se desempeñó como Secretaria de Asuntos Indígenas del departamento de La Guajira. A ella le fue expedida orden de captura  en el 2006 por irregularidades en la construcción de jagüeyes en los resguardos indígenas. Literalmente saqueó el departamento. Igualmente, González fue sancionado por irregularidades en la contratación cuando se desempeñó como alcalde de Uribía. La exalcaldesa de Uribía Cielo Redondo es en la actualidad el principal apoyo de Wilmer González. Ella es considerada la jefa política de la estructura criminal de alías Pablo segundo comandante del frente contra insurgencia Wayúu, quien después de la desmovilización paramilitar se convirtió en el jefe de la bacrim de la Alta Guajira. Un hermano de Redondo,  Alfredo, y uno de sus sobrinos, trabajan para la banda de Emi Solano, quien maneja gran parte del contrabando de gasolina y de alimentos desde Venezuela hacia Colombia. Además Solano maneja dos puertos naturales para la salida de narcóticos en el norte del país. Redondo también fue cercana al narcotraficante Luis Segundo Polanco García y Fabio Gutiérrez Pacheco alías ‘Cañarete’. El candidato Wilmer González fue aspirante al congreso en el 2006 apoyado por la Chachi Hernández quien junto a su marido Víctor Ojeda eran los principales lavadores de dinero de ‘Jorge 40’ por medio de las empresas de Provisiones Candy y Micaela. La Chachi Hernández  fue asesinada, homicidio al que se le acusa al ex gobernador Francisco Gómez Cerchar, hoy acusado por ser el presunto determinador de 15 homicidios. La siguiente foto muestra el equipo de campaña de Wilmer González. González atrás con camiseta amarilla, la exalcaldesa Cielo Redondo adelante con blusa clara y Jorge Pérez Bernier adelante a la izquierda con gafas y camisa de cuadros. La disputa por las elecciones en La Guajira es una pelea de mafias. Las garantías son mínimas y las autoridades nacionales no hicieron nada para prevenir esta situación. Publicado en Semana.com

Foto Fundación Paz & Reconciliación El observatorio sobre conflicto armado en Colombia de la Fundación Paz & Reconciliación concluyó que durante los 10 días de la tregua anunciada por las FARC en el marco del proceso electoral, se presentaron 3 acciones armadas, dos por iniciativa de la Fuerza pública y una en la cual existen dudas sobre la forma en la que se produjo el hecho. Esta  última fue la que se cometió en el departamento del Caquetá el 24 de mayo en el corregimiento de la Unión Peneya. Tras estos resultados la conclusión es que fue una tregua exitosa. Las FARC, en el marco del actual proceso de paz, han anunciado tres treguas unilaterales, siendo esta última la que arrojó mejores resultados. En este punto cabe aclarar que una tregua unilateral como la anunciada por las FARC, se refiera a cese de las acciones con iniciativa militar de este grupo armado ilegal, como emboscadas, ataques sorpresas, entre otros. Sin embargo, las acciones defensivas son aceptadas, es decir, aquellas en las que las estructuras guerrilleras son atacadas y se ven obligadas a defenderse. Otro de los temas a destacar hace referencia a la actividad armada del grupo guerrillero en el año 2014. Al comparar los datos entre enero y mayo de 2013 con el mismo periodo de este año se observa una reducción en el número de acciones armadas superior al 50%. ¿Qué pasó con el ELN? Por primera vez el ELN y las FARC decidieron hacer una tregua unilateral de forma conjunta.  Este grupo guerrillero también ha cumplido con la tregua decretada con motivo de las elecciones. En ninguna parte del territorio se registraron acciones de esta organización guerrillera. Fue visible el pare de acciones sobre la infraestructura energética y minera que había adelantado a lo largo del último año. Informe La tercera tregua

Foto OIZ Estamos en el penúltimo asalto de una grave disputa de cuatro años. Ese es el significado de las elecciones de este domingo 25 de mayo. El penúltimo ha sido un round dramático. Uribe y Zuluaga, temerosos de que los sacaran del cuadrilátero –y en su lugar entrara la izquierda a la pelea con Santos– se lanzaron con toda a demoler el rival y a polarizar la campaña y para ello acudieron a los golpes bajos más escabrosos. Fue una acción desesperada que logró su objetivo aunque, quizás, a un costo muy alto para acometer con fuerza el último asalto, el de la segunda vuelta presidencial. A lo largo de la pelea no han sido pocos los golpes que Santos le ha propinado a Uribe. La estrategia del presidente ha sido despojar a su rival del apoyo de los operadores políticos utilizando el gran poder del Estado. Le arrebató el Partido de la U y la mayoría del Partido Conservador, le desbarató la coalición que lo había acompañado en su segundo mandato y lo obligó a crear un nuevo partido: el Centro Democrático. Lo derrotó en las elecciones locales de 2011. Contribuyó a destaparle graves escándalos de corrupción y a que muchos de los colaboradores más cercanos terminaran huyendo del país o en la cárcel. Le ha horadado su imagen en la comunidad internacional. Los golpes que le ha dado Uribe a Santos no han sido menores. La estrategia del expresidente ha sido restarle a su enemigo, paso por paso, puntos en la opinión recurriendo a los miedos, a los odios y a las desconfianzas de los colombianos o aprovechando los eventos desafortunados del gobierno para ahondar en el repudio. Con una malicia infinita sembró incertidumbres y rechazos sobre las negociaciones de La Habana; llamó a desconocer el fallo de La Haya que le arrebató a Colombia una rica porción del mar territorial y se la entregó a Nicaragua e impugnó una por una las salidas diplomáticas que Santos se inventó para aplazar o limitar la aplicación de la decisión de la Corte Internacional de Justicia; participó activamente en el paro nacional agrario de 2013 que le restó 30 puntos de favorabilidad al presidente; aprovechó la estruendosa caída de la reforma de la Justicia y sus seguidores levantaron la tesis de la Asamblea Constituyente; estimuló la ruptura del expresidente Pastrana con el gobierno y el lanzamiento de Marta Lucía Ramírez como candidata de una facción del conservatismo; utilizó cada momento de crispación en Venezuela para asociar a Santos con Chávez o con Maduro. En esta larga confrontación los dos contendores se han hecho mucho daño. Tanto que hasta hace 15 días Santos apenas tenía el 25 por ciento de la intención de voto y el candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, no llegaba al 15 por ciento; tanto que el candidato Enrique Peñalosa a nombre de la Alianza Verde –un movimiento que dada su actual composición podríamos definir en la centro-izquierda– se perfilaba para desplazar a Zuluaga y ganar su paso a la segunda vuelta; tanto que Clara López, una candidata de la izquierda pura, ha logrado articular una gran campaña política y situarse por momentos al mismo nivel de Zuluaga y Peñalosa en las encuestas. Así empezó el penúltimo asalto. Entonces el uribismo decidió jugar sus restos para no dejarse sacar de segunda vuelta y para evitar que, aun con la baja popularidad, Santos se alzara con un triunfo tranquilo el 15 de junio. La apuesta fue dura. El mensaje es descabellado pero muy eficaz: tenemos que atajar a Santos que le está entregando el país al castro-chavismo. Las acciones saltaron por encima del decoro y la legalidad: se pusieron en la tarea de recolectar, fabricar y difundir información para golpear el proceso de paz de La Habana recurriendo a una red de espionaje y además se inventaron la gran mentira de que a la campaña de Santos de 2010 habían entrado 2 millones de dólares de la mafia. El resultado fue apoteósico. Sacaron a Peñalosa de segunda vuelta. Y lograron más: las encuestas empezaron a dar como ganador en primera y en segunda vuelta a Zuluaga. Fue un golpe descomunal. Solo que faltaba el minuto final del asalto y en ese lapso aparecieron los videos que incriminan a la campaña de Zuluaga en el espionaje y se esfumó la acusación de la entrada de los dólares a la campaña de Santos. Si Zuluaga pasó a segunda vuelta, llega tan cargado de ilegalidades y mentiras que sufrirá allí una grave derrota. Columna de opinión tomada de Semana.com

Durante tres meses el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación realizó un trabajo en diez departamentos del territorio nacional, para identificar dentro de  la lista  de candidatos al Congreso de la República para  las elecciones del 09 de marzo, quienes de ellos representan riesgo electoral a través de posibles vínculos con fuerzas ilegales o por relaciones con políticos procesados judicialmente. Foto Colprensa El resultado de la investigación arrojó que 131 aspirantes (83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado) a ocupar una curul en el  legislativo estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales, clasificadas en dos categorías. La primera como herederos del escándalo de la parapolítica (elecciones 2002- 2006, elecciones 2006- 2010 y elecciones 2010-2014), es decir familiares, amigos cercanos y aliados políticos de quienes están investigados y fueron condenados por relaciones con grupos paramilitares y un segundo tipo de relación, caracterizada por presuntos apoyos de actores armados como BACRIM, narcos, guerrillas y contratistas bandidos. En el mapa nacional la investigación se centró en los departamentos de Arauca, Casanare, Santander, Valle del Cauca, Sucre, César, La Guajira, Bolívar, Magdalena, Córdoba. El departamento de Bolívar agrupa a 16 políticos como la mayor cantidad de elegibles con posibles vínculos con fuerzas ilegales. En segundo y tercer lugar se ubicaron Magdalena y César. Si bien la investigación tuvo como eje principal diez departamentos, la Fundación identificó la existencia de este tipo de relaciones en otros trece departamentos del país. Los resultados arrojaron tres niveles de riesgo por relaciones de candidatos con ilegales: alto, medio y bajo. El departamento que presentó el mayor número de aspirantes con alta advertencia fue nuevamente Bolívar. El estudio estableció que los candidatos cuestionados se encuentran en las listas de ocho partidos políticos (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Opción Ciudadana, Unidad Nacional, Centro Democrático, Cien por Ciento Colombia, AICO y la Fundación EBANO). Los partidos Conservador y Liberal, tradicionales en la política nacional, son los que mayor número de candidatos cuestionados tienen en sus listas. Con 28 candidatos, 18 de ellos para la Cámara y otros 10 al Senado, el Partido Liberal fue la fuerza política que registró el mayor elegible con riesgo. Descargue aquí el informe completo MAPA NACIONAL DE RIESGO MATRIZ RIESGO CANDIDATOS CÁMARA- EDICIÓN 09 DE MARZO MATRIZ RIESGO CANDIDATOS SENADO- EDICIÓN 09 DE MARZO

El proceso de reclamación y restitución de tierras en Colombia, iniciado por el presidente Juan Manuel Santos, se ha visto amenazado por personajes oscuros que por la vía armada y de la intimidación han demostrado su oposición a uno de los proyectos que en su momento era considerado como la principal bandera de la administración actual. Uno de estos personajes es el recién capturado Benjamín Alvarado Bracamonte, quien por varios años fue buscado por las autoridades y es considerado como una de las piezas claves en el despojo de tierras en los departamentos de Antioquia y Chocó llevado a cabo por los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fue lugarteniente de Salvatore Mancuso, con quien se dio a la tarea de arrebatarles las tierras a cientos de pobladores a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil, y para no permitir el retorno de estas familias a su lugar de origen, la emprendió contra ellos a través de amenazas, asesinatos e intimidaciones en acuerdo con las bandas criminales emergentes una vez comenzó a ejecutarse la Ley 1448 de 2011, conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras. Fuentes oficiales le identifican con los alias de ‘Juancho’ y ‘Misael’. Este individuo hizo parte de la desmovilización de las Auc, y más adelante ayudaría a conformar el grupo armado ilegal conocido como los ‘Urabeños’ o ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que surgió en el norte del Urabá antioqueño a finales del año 2006, , una vez concluyó la reinserción de las Auc bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su captura despeja las dudas que existían de parte de algunos sectores políticos que niegan la existencia de un “Ejército antirestitución de tierras”, que como bien lo han dicho de manera reiterada, los miembros de la Fundación Paz y Reconciliación, está conformada por abogados, funcionarios públicos, notarios, políticos locales y nacionales en contubernio con organizaciones criminales como las bacrim. “Hay una campaña de movimientos políticos y grupos empresariales contra la restitución, como (el expresidente) Álvaro Uribe y (el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán) José Félix Lafaurie, y todo ese sector político, lo que alienta a los despojadores y legitima muchas de las presiones que se hacen por la vía violenta”, dijo León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación al diario El Heraldo en agosto de 2012, lo que dio a pie a un fuerte debate con sectores políticos conservadores y del Uribismo Centro Democrático, que en reiteradas ocasiones han negado el hecho, y que han visto cómo estas denuncias han sido confirmadas no solo con la captura reciente de Benjamín Alvarado, sino también con la de Sor Teresa mujer de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gi, responsable intelectual del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo y del desplazamiento de cientos de personas en el departamento de Córdoba.

Foto Prensa Claudia López Tuve grandes alegrías y tristezas profundas en estas elecciones. Claudia López, mi compañera de batallas contra la influencia de las mafias y la violencia en la política, llegó al Senado con una copiosa votación. La consulta de la Alianza Verde obtuvo una inesperada lluvia de votos y Enrique Peñalosa es ahora candidato presidencial de este agrupamiento. Álvaro Uribe no alcanzó la votación que esperaba para acabar con las negociaciones de paz. Hasta ahí las satisfacciones. No son menores las angustias. Los herederos de la parapolítica y los líderes políticos vinculados a nuevas ilegalidades lograron una asombrosa representación parlamentaria: 70 congresistas. La Unión Patriótica, con la cual el país tiene una enorme deuda moral y un compromiso de reparación, no obtuvo los votos suficientes para llegar al Congreso. Guillermo Rivera y Carmen Palencia, que se la habían jugado en estos años por los derechos de las víctimas, no recibieron el favor de los votantes para seguir en su lucha memorable desde la tribuna parlamentaria. Es una verdadera tristeza. Claudia López fue quien, husmeando la atipicidad de algunas votaciones, descubrió la mano de los paramilitares en la elección de una multitud de congresistas en las elecciones de 2002. Ahora llega al Congreso bajo el paraguas de una votación atípica, la que le ha prodigado la opinión para premiar su valentía. Es una ironía que me produjo una carcajada en la soledad de mi apartamento en la noche del domingo. Enrique Peñalosa soportó estoicamente todas las críticas, todas las descalificaciones, todas las presiones, que le hicieron muchos de sus copartidarios en las sucesivas reuniones. No querían darle el chance de ser el candidato del Partido Verde con el argumento de que en el pasado se había aliado con Uribe. Se aferró a la consulta interna aprobada por la asamblea de los verdes en septiembre pasado. Se salió con la suya. La consulta resultó un éxito por los más de 4 millones de votos que acumuló y Peñalosa terminó postulado a la Presidencia por más de 2 millones de personas. Nadie arrancó así. Los demás candidatos son hijos de convenciones políticas, dos de ellas marcadas por trampas y virulentas disputas. Tengo el pálpito de que no me equivoqué al sugerir en mis columnas a Peñalosa como el mejor candidato de los verdes. Es, sin duda, el único que puede ofrecerle una rivalidad decorosa y sorprendente a Santos y, además, en las primeras declaraciones, después de su triunfo en la consulta, ha dicho con toda claridad que no buscará ni realizará alianzas con partijas políticas y que ratificará el equipo negociador del gobierno de Santos en el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Ha tomado así una distancia inocultable de Uribe y sus fuerzas. Otra vez he recibido una lluvia de críticas, de insultos, de amenazas, por poner el ojo en la influencia en las elecciones de los jefes políticos que, en años pasados, o ahora mismo, se aliaron con fuerzas ilegales para capturar el poder local o para acceder al poder nacional. Incluso líderes  respetables del país  acuñan la frase de que no hay delitos de sangre y si no hay condenas judiciales sobre un candidato no se le puede negar el aval. Es un argumento insólito. Podría ser el único país del mundo donde lo único que le impide a una persona representar a un partido es la inhabilidad judicial. Bajo ese criterio los representantes legales de los partidos, sin pudor alguno, les reparten avales a personas investigadas o a los familiares y allegados de los encarcelados o condenados para que, apoyados en las estructuras políticas forjadas con la ayuda de los ilegales, sigan gobernando por interpuesta persona. No se atreven a perder los ríos de dinero y los votos cautivos que aportan estas fuerzas oscuras de la política. Uribe ha sido reducido a un 12 por ciento de la votación nacional. No es poco. Aún lo acompaña mucha gente que cree en sus ideas de derecha y marcha tras su carisma, también uno que otro heredero de la parapolítica. Debía darse por bien servido. Pero no. Ha dicho que el Congreso es ilegítimo. Denuncia trampas. No se da cuenta que son las mismas trampas y los mismos tramposos que le ayudaron con no menos de 2 millones de votos en 2002 y en 2006 para llegar a la Presidencia. Me imagino la risa burlona de esos viejos amigos del senador Uribe. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto: Semana.com Tras el atentado perpetrado en Pradera, Valle del Cauca, los ojos de los diferentes sectores de la opinión pública señalan al frente sexto de las FARC de ser los responsables, sin que ningún miembro del grupo insurgente haya salido a negar o confirmar categóricamente su responsabilidad en el ataque. El hecho donde una persona perdió la vida y otros sesenta civiles resultaron heridos, propició todo un mar de especulaciones luego de que la guerrilla finalizará con buenos resultados la tregua unilateral anunciada a final de año y cuando se dio inicio al ciclo 19 en negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Rodrigo Granda, vocero de las FARC en los diálogos de paz, se mostró sorprendido desde Cuba al afirmar que el estilo militar de la organización subversiva no es atacar a la población civil. Sin embargo el grupo rebelde ya ha actuado en esta zona del país con ataques similares. Hace un mes un carro bomba dejó siete muertos y casi sesenta heridos en Inza, Cauca y en febrero de 2012 una bicicleta bomba acabó con la vida de once personas y dejó 70 más lesionados en Tumaco, Nariño. La presencia histórica y dominante del frente sexto de las FARC en el Norte del Cauca y en los municipios de Florida y Pradera hace pensar casi con certeza en su posible responsabilidad. Este frente, junto con la columna móvil Jacobo Arenas que opera en la misma zona, fueron las estructuras menos golpeadas durante el gobierno de Álvaro Uribe y son quienes han resistido de mejor forma la ofensiva militar de los últimos años. En la actualidad Florida y Pradera son territorios estratégicos para la guerrilla, ya en el pasado habían sido pedidos por las FARC como zona de despeje ante un eventual intercambio humanitario. Estos municipios son importantes en su estrategia de guerra, pues sirven como corredor de movilidad entre el sur y el centro del país, además de conectar la cordillera central con la occidental. Según Ariel Ávila, analista sobre conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación, una de las hipótesis por la cual las FARC hubieran perpetrado el hecho, sería el hecho de cometer una acción criminal para distraer a la Fuerza Pública en el traslado de comandantes hacia las zonas rurales de la región en una reorganización de los líderes en las estructuras. Hasta ahora el pronunciamiento de Rodrigo Granda, puso a pensar a algunos en una posible disidencia entre quienes negocian en Cuba y los otros que hacen la guerra en Colombia. Para Ariel Ávila, esto es poco probable ya que el frente sexto de las FARC es quien custodia a Pablo Catatumbo, miembro del secretariado. Además en esta estructura se mueve alias ‘el sargento Pascuas’ uno de los pocos fundadores de la guerrilla que están vivos y que mantiene alineadas las tropas. Sin tener certeza aun sobre los responsables, quedó claro que el hecho produjo desconcierto y sembró dudas entre los colombianos sobre la voluntad de paz de las FARC si en verdad estos fueron los responsables. Por eso es inminente que la guerrilla se pronuncie lo más rápido posible sobre la verdad del acto que enlutó a todo un país

Foto El Tiempo Las dos primeras encuestas publicadas después de las elecciones legislativas le dieron a Enrique Peñalosa 16 y 17 por ciento de la intención de voto. Lo señalaban como el único candidato que podría darle la batalla a Santos. Incluso, una de ellas, advirtió que ganaría en segunda vuelta. Se produjo la sensación de que algo fuerte había ocurrido en la campaña presidencial. Pero las dos encuestas siguientes volvieron a situar a Óscar Iván Zuluaga en el segundo lugar y mostraron una campaña estancada en la que ninguno de los candidatos crece significativamente y los indecisos y el voto en blanco siguen imperando. Ni las parlamentarias, ni la escogencia de la fórmula vicepresidencial, sacudieron la campaña. Ahora todos los candidatos y los estrategas de las campañas están obligados a estrujar la imaginación para inventar algo que cautive a los indecisos y a los rebeldes, algo que responda a las crecientes demandas de cambio del electorado, algo que rompa el escepticismo. Para algunos analistas esta situación es aburridora, para mí es apasionante. Los candidatos están obligados a pensar menos en su contendor y más en la ciudadanía. El enemigo por vencer es el desencanto. Ni los jefes de las Farc y del ELN escapan a esta realidad. Para ellos también las encuestas tienen un mensaje de desconfianza enorme en su voluntad de paz y de rechazo a su participación en la política. También los guerrilleros tendrían que mirar más a la opinión que a la contraparte en la Mesa, tendrían que acelerar el ritmo de la negociación y pensar las propuestas de concertación en función de un electorado ansioso de ver avances reales hacia la firma del acuerdo final. El reto de los candidatos es monumental. Las más recientes encuestas dicen que la seguridad ha dejado de ser la principal angustia de los electores, dicen que la salud, la educación y la paz son, en su orden, las grandes preocupaciones de la población. También los paros campesinos han señalado una gran inconformidad con las políticas agrarias. Ahí están dibujados los reclamos de los ciudadanos. Y responder con verdad, con responsabilidad y con audacia a estas demandas no es nada fácil. Porque no se trata de agregar algo a lo que se está haciendo, no se trata de ofrecer un poco más, no se trata de actuar sobre cosas que están funcionando. No. Se trata de afrontar una crisis profunda en la salud, en la educación y en el campo. Se trata igualmente de terminar una guerra que cumple 50 años. La salud dejó de ser un derecho para convertirse en un lucrativo negocio plagado de corrupción, asediado por fuerzas ilegales y políticos inescrupulosos. Las pruebas Pisa, que evalúan la calidad de la educación en el mundo, situaron a Colombia en el puesto 62 entre 65 países y dejaron al desnudo la grave situación de nuestro sistema educativo. El índice Gini rural que mide la concentración de la tierra y la desigualdad pasó de 0,74 a 0,88 en los últimos años, entre los más altos del mundo. Una pobreza enorme es el signo trágico del campo colombiano. Las negociaciones de La Habana han contribuido a relegar a un segundo plano la seguridad como preocupación de los colombianos y han hecho saltar a primer lugar los temas sociales. Es una victoria que la pueden cobrar por igual el gobierno y la guerrilla. Pero la guerra está viva y se puede escalar alimentada por los conflictos agrarios y mineros que palpitan en el campo si no se firma pronto un acuerdo definitivo de paz. Ante estas realidades no caben paños de agua tibia. Los candidatos están obligados a proponer reformas profundas, a decir con claridad cómo van a recuperar la salud de las manos de los ladrones privados; en cuántos puntos del PIB van a incrementar el presupuesto de la educación y qué cambios van a realizar en el aparato educativo en abierta concertación con los estudiantes y los educadores; a decir cómo van a redistribuir la tierra y de qué manera van a forjar un nuevo modelo de producción en el campo, así esto moleste a los grandes latifundistas; a no engañar al país diciendo que se firmará una paz barata, sin reformas políticas y sociales, sin impunidad, sin concesiones a la guerrilla. Pero la subversión armada también está en la obligación de enviar un mensaje de esperanza al país mostrando avances concretos en la Mesa de negociaciones de La Habana. Columna de opinión tomada de semana.com

Un día después, contradiciendo la dura y contundente reacción inicial, el presidente Santos dijo que Andrómeda era legal para bajarle el tono al escándalo de las nuevas chuzadas. Sonó muy extraña la declaración porque justamente eso era lo que había dicho SEMANA: que se trataba de una fachada legal en la que el Ejército colombiano interceptaba comunicaciones. Lo grave, lo escandalosamente grave e ilegal, no era el parapeto, sino las tareas que realizaba, la penetración en los mensajes de los negociadores de paz del gobierno en La Habana y de líderes políticos cabalmente inscritos en la vida democrática del país. Pero Santos y el ministro de Defensa lograron el cometido. La mayoría de los medios de comunicación silenciaron un poco las alarmas y se declararon a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Algunos dijeron que quizá la Fiscalía se había apresurado en el allanamiento al establecimiento de Galerías y SEMANA había exagerado en el despliegue dado a su investigación. Al mismo tiempo el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, declaró que efectivamente los operadores de Andrómeda eran gente de las filas y estaban autorizados para actividades de inteligencia. Asombra la bajada del tono. Es al contrario. Es más grave, mil veces más grave, que oficiales y suboficiales del Ejército, de plena confianza del alto mando militar, utilizando equipos y recursos del Estado, dediquen sus días a realizar actividades ilegales. Además, que esta acción ilegal se oriente a buscar información sobre el proceso de paz que es, sin duda, el gran propósito de la sociedad colombiana en los días que corren. De ahí que SEMANA se ratifique en su denuncia. Sería un hecho alarmante, pero de menor envergadura, que se tratara de un grupo de particulares aupados o asesorados por algún militar aislado que en sus ratos libres se dedicara a hacer una operación clandestina e ilegal para golpear las negociaciones de paz. Podríamos decir que fuerzas particulares habían decidido invertir importantes recursos para hacerle una jugada sucia al gobierno de Santos y para favorecer intereses contrarios a la paz. Podríamos simplemente ponerlos en la picota y buscar afanosamente un castigo judicial para esta actitud. Pero no es el caso. Contra el proceso de paz ha habido verdaderas cargas de profundidad utilizando información reservada. Las conoce el público. Menciono algunas. El anuncio de Uribe de que en La Habana se estaban realizando conversaciones secretas con las Farc y en ellas estaba un hermano del presidente. La filtración del acuerdo de seis puntos que daba paso a la segunda fase de las negociaciones cuando las partes apenas lo estaban terminando. La publicación de las coordenadas donde se debían recoger a negociadores de las Farc para llevarlos a La Habana. Utilizar una vieja información de planes de la guerrilla contra Uribe para decir que ahora, en medio del proceso, las Farc habían urdido un escabroso expediente para matar al expresidente. La fulminante reacción inicial –cónclave de emergencia en el Palacio de Nariño, declaraciones airadas del presidente señalando a fuerzas oscuras detrás de los hechos, reunión del ministro de Defensa con el fiscal general y separación del cargo de los dos jefes de inteligencia del Ejército– tenía que ver con estos antecedentes. Se tuvo la idea de que ahí estaba el eslabón perdido de las filtraciones. Se tuvo la idea de que por fin tenían un indicio de quiénes estaban capturando información secreta para entregársela al uribismo. Pero se asustaron apenas el comandante del Ejército les dio cobijo a los hechos y asumió que Andrómeda estaba autorizada por el alto mando. Sería un error monumental de Santos dejar que este caso se diluyera como se han diluido los demás reclamos por filtraciones y chuzadas. Hay preguntas elementales que debe responder el comandante del Ejército. ¿Por qué si era una operación controlada e importante de inteligencia ni él ni el ministro Pinzón se enteraron al momento del allanamiento? ¿Por qué se dice ahora que quizá la Fiscalía no tenga nada en sus manos para demostrar las chuzadas a los negociadores del gobierno, pero fue a la salida de la reunión con el fiscal cuando se anunció la separación de los dos generales de sus cargos de inteligencia? Si no son miembros activos del Ejército quienes obtienen la información reservada del gobierno para pasársela a la oposición, entonces, ¿quiénes son, dónde están? Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Foto de Confidencial Colombia Uno de los principales resultados del estudio en estos departamentos fue identificar el comportamiento de los actores armados frente a las economías extractivas. En el año 2013 se presentaron 196 ataques a la infraestructura petrolera del país, la cifra más alta alcanzada desde 2001 y se prevé que durante el transcurso de este año las FARC y el ELN continuarán con la estrategia de atacar este tipo de infraestructuras. En tiempos de negociación de paz ambas guerrillas se apropiaran del tema de la inversión energética y petrolera, ya sea en medio de la negociación con el ELN o una vez firmado el proceso de paz, en el interior del país se tendrá que dar una álgida discusión para clarificar jurídicamente la inversión en materia petróleo-energética. Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, realizado por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014 y se enfoca en tres líneas de investigación: mapa de seguridad, minería y petróleo, y movimiento social. Los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira. Según el estudio la entrega de algunos bloques para la exploración y explotación de pozos petroleros ha llevado a que se dé un incremento de los conflictos sociales, en gran medida derivado de la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra en Nariño, La Guajira y Putumayo. Las comunidades de estas tres regiones – en especial las del sur del país- han comenzado a fortalecer la organización social a partir de tres discursos: Inversión minero-petrolera, distribución de la ganancia generada por la explotación de estos recursos y temas relacionados con la propiedad de la tierra La investigación también demuestra que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. En Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados pero cada vez está mejor organizado, mientras que en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar, lo que conlleva a que los riesgos para los líderes sociales sean mucho mayores. Frente a temas de seguridad, el estudio reveló que durante el año 2013 se presentó un proceso de recuperación de las FARC en el sur del país (Nariño y Putumayo) ya que lograron hacer presencia importante en cabeceras municipales como lo es el caso de Tumaco, situación que se replica en varias zonas de Colombia. En Putumayo, esta guerrilla comenzó a citar población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento, contenidas en un manual. Este es utilizado como preparación para el post conflicto, además se refiere a la conducta que debían de asumir durante los días de la tregua y posteriormente a los largo de todo el 2014, donde por ejemplo es obligatorio la participación en las reuniones de formación política y se establecen criterios para la protesta social y en general para la movilidad en los territorios. Se encontró que el Bloque Sur de las FARC que opera en el sur del país (Huila, Caquetá y Putumayo), no está divido y fue una de las estructuras que mejor cumplió la tregua unilateral el pasado diciembre y enero pese a los pronósticos de algunos analistas que preveían lo contrario. En algunas zonas del sur del país, se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia tradicionalmente de las FARC, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de post conflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en estas zonas en la etapa de postconflicto. En el bajo Putumayo la banda de los “Constructores”, antiguos Rastrojos, ha comenzado a ostentar mayor presencia e influencia. Finalmente, otros dato clave indica que en La Guajira Marcos Figueroa se estaría consolidando en el sur, aliado con la banda de los Urabeños y al mismo tiempo se estaría formando la Oficina del Caribe de la mano de una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, Los Rastrojos y Paisas, la cual estaría avanzando por el Magdalena e incursionarían en La Guajira. INFORME PUTUMAYO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME NARIÑO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME LA GUAJIRA (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN)

No le ha ido bien a Uribe en las últimas semanas. Su figura empieza a perder terreno considerable en las encuestas. Cae paulatinamente su favorabilidad y el desfavorable llegó a un 40 por ciento en el último sondeo de Gallup. Eso es bravo para un hombre acostumbrado a un alto grado de aceptación. Las negociaciones de paz avanzan y están echando al suelo la perspectiva del fracaso, hipótesis en la que había fundado Uribe su regreso al poder. La aviesa jugada de uno de sus aliados, el procurador Ordóñez, para sacar a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá ha elevado el protagonismo de la izquierda en la coyuntura y ha opacado la persistente acción opositora del uribismo. Su campaña para el Congreso ha perdido brillo y la de su pupilo Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia no despega. La reacción de Uribe frente a esta realidad desconcertante tiene tintes desesperados. En recientes declaraciones dijo que había un oscuro pacto entre el presidente y las Farc para impedir la acción electoral de su grupo político y acusó a la guerrilla de estar amenazando de muerte a los campesinos para que votaran por Santos. Antes había armado un gran escándalo con una información sobre la feria de puestos y contratos con los que Santos estaba comprando su reelección. Ahora está dedicado al debate sobre el deterioro de la seguridad invocando el poderío guerrillero y exagerando todos los indicadores de violencia. Es un discurso desesperado por las fantasías, los descaros y las contradicciones que lleva por dentro. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que una guerrilla jugada hasta la muerte contra el establecimiento y rígida como el hierro esté ahora en campaña para elegir a Santos y dispuesta a utilizar la violencia para lograr el cometido. Pero a Uribe se le ocurre este desvarío mental porque en las campañas de 2002 y 2006 la invocación de la maldad y del terror de las Farc era el expediente seguro para subir en las encuestas. Se le ocurre también el descaro de acusar a Santos de la utilización clientelista de los recursos del Estado para buscar su reelección –lo cual no debe tener un ápice de mentira– cuando él, precisamente él, está involucrado en el mayor escándalo contemporáneo de corrupción en la búsqueda de su segundo mandato y funcionarios de su círculo más cercano están ante los tribunales respondiendo por el delito de cohecho. Se le ocurre ahora, igualmente, exaltar las acciones de la guerrilla y hablar de la preocupante violencia del crimen organizado contradiciendo de pies a cabeza el discurso del final de su segundo mandato en el que hablaba de unas guerrillas derrotadas, del fin del fin de las Farc, y de una superación del gran fenómeno del crimen organizado encarnado en los paramilitares. No le importa incurrir en semejante contradicción porque piensa que la sociedad colombiana le comprará la idea de que estamos de regreso a 2002 y que la única salida es restituirle su poder para que, ahora sí, acabe con las guerrillas y encuentre una salida para las bandas criminales herederas del paramilitarismo. Me preocupa el desespero porque Uribe o sus seguidores y aliados han hecho bastantes cosas indebidas para tirarse el proceso de paz y para ganar espacio político y en medio del desconcierto y del apremio pueden escalar este tipo de acciones. Pongo ejemplos: filtrar las negociaciones secretas que se estaban desarrollando y el borrador del acuerdo con el ánimo de abortar el proceso; inventar que el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, estaba negociando con las Farc un secuestro en Cuba; hacer públicas las coordenadas donde las fuerzas militares debían recoger a dos de los delegados de las Farc y llevarlos a La Habana; ir a la Corte de La Haya, en cabeza del procurador Ordóñez, a litigar contra el proceso de paz, con el argumento de que se está gestando un pacto de impunidad. Es muy posible que el miedo mío sea infundado. Quizá los uribistas recuperen su empuje electoral y se tranquilicen o, que aun en medio de su decadencia mantengan la calma y no incurran en desafueros. Pero ni el gobierno, ni la izquierda ni las guerrillas pueden bajar la guardia. Uribe tiene a su lado gente fanática que no se detiene ante nada. Tiene además gente de mala condición que, sin tener nada que ver con él, lo necesita y está dispuesta a todo.