Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Desde los barrios periféricos de Bogotá los llamados a la alcaldesa y a Gobierno Nacional no paran. Por una parte, porque en la ciudad las gentes que habitan las periferias son quienes le han tenido que hacer frente desde los primeros días de cuarentena a los problemas sociales que la emergencia sanitaria acentuó.
Por otro lado, y como históricamente ha pasado, el abandono estatal y de los gobiernos distritales han provocado que la realidad de lo barrios siga siendo desconocida en las agendas de gestión, lo que ha causado, entre unas de sus consecuencias, que cerca de 20.000 asentamientos ilegales, de los cuales varios constituyen barrios enteros, no tengan incidencia en lo institucional o en el debate público.
En este contexto no hay que perder de vista que el conflicto armado que también tocó la ciudad dejó como uno de sus flagelos el asesinato y la desaparición de 2.248 jóvenes entre 1988 y 2014 (según datos de la Fiscalía) que luego serían presentados como ‘falsos positivos’, siendo muchos de estos habitantes de localidades y municipios como Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha.
Este panorama, aunque con nuevas dinámicas, parece no desaparecer y no dejar de ser una amenaza. Una sombra que sigue presente para quienes habitan las periferias y también para quienes desde los liderazgos le apuestan a exigir vida digna en los barrios y para su gente. Amenaza que permanece con el discurso de unas vidas que se pueden ‘eliminar’, que bajo el lenguaje se disfraza y plantea la ‘limpieza social’ como una forma.
Ciudad Bolívar no ha dejado de ser un territorio en el que los hechos victimizantes siguen estando, en el que los grupos armados ilegales ven un escenario de disputa por lo que esta localidad significa para las dinámicas de la capital, pero también por ser una zona que poco es volteada a ver, aunque los llamados no cesan, aunque sus habitantes siguen exigiendo atención y acción.
Como muestra de todo lo anterior desde la Red Popular de Derechos Humanos se denunció el pasado 17 de junio sobre los hechos que se han registrado desde el 11 del mismo mes en Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio El Recuerdo, donde han circulado panfletos firmados por el Bloque Sur de las llamadas Águilas Negras en el que se amenaza a líderes y habitantes del barrio, y también a personas consumidoras de estupefacientes y presuntos delincuentes, a quienes se les advierte que deben abandonar el barrio en las siguientes 48 horas “o de lo contrario se tomarán represalias”.
Adicionalmente, desde la organización también se advirtió la amenaza en la que están 13 familias de la zona que deben permanecer dentro de sus casas antes de las 9:00 p.m. y no se harán responsables de personas inocentes que salgan afectados por los hechos.
Asimismo, alerta que en la madrugada del 15 de junio sujetos no identificados destruyeron las cámaras de seguridad instaladas en el barrio, además, que tras las denuncias que ha hecho la comunidad de los hechos ante la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Ministerio de Defensa, no se ha obtenido ninguna respuesta.
Por lo anterior Pares habló con el vocero de Ciudad Bolívar de la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS), organización defensora de derechos humanos enfocada en fortalecer las luchas sociales, cotidianas y por la vida digna que desarrollan los habitantes de los barrios de Bogotá.
Pares: ¿En qué contexto llega la amenaza contra los habitantes del barrio El Recuerdo?
REDHUS: Tanto en el barrio El Recuerdo, como en varios puntos de la localidad existe una alta presencia de grupos posdemovilización del paramilitarismo, principalmente por el ejercicio del control territorial sobre todo en las partes más altas de la zona, donde también el acceso es muy complicado por parte del Estado, con eso me refiero a la Policía, a entidades de salud y alcaldías, lo que dificulta que se haga una veeduría de lo que está pasando en estos sitios.
Hay una situación puntual y es que en este sector (El Recuerdo) es una zona de invasión y lo que se ha venido dando es que este tipo de amenazas, como me lo contaba la persona que me dio el relato, son personas que se han venido organizando en ese sector y que han estado revisando el tema de las ayudas en medio de la pandemia. Por estas acciones colectivas se han visto amenazadas y esto es lo que se traduce en ese panfleto.
Lo que aparece ahí es la firma del Bloque Sur de las Águilas Negras, lo que vuelve y afirma que es el modo de operar, inclusive en otras localidades como Bosa se repite ese mismo patrón. Quien nos contacta también nos dice que los nombre que allí aparecen son de vecinos que hacen parte de una misma colectividad.
Pares: Sobre lo que menciona de la intervención institucional, ¿cuál es la relación de la Policía con la comunidad, sobre todo en la posibilidad que hay o no de poner denuncias de la situación ante esta institución?
REDHUS: En muchas partes de la localidad hay zonas donde ni siquiera hay un CAI y difícilmente y muy pocas veces llegan. Esto tiene un aprovechamiento para estos grupos, pues crean sus asentamientos en lugares donde saben que no va a llegar la Policía o que por lo menos no hay puntos de control cercanos.
Por otra parte, a la gente no le genera comodidad hacer ese tipo de denuncias con la Policía porque principalmente saben que, aunque no hay una presencia aparente, sí hay cierta conexidad, que, aunque no es comprobada por la comunidad al 100%, sí han vivido y son testigos de casos donde se han hecho las denuncias con la Policía y lo que termina pasando es que aumentan las amenazas y represalias.
Por lo anterior, para la gente ese ya no es un primer medio al que se acuda en caso de denuncia, prefieren acudir a organizaciones o defensores de derechos humanos cercanos. Este patrón se repite, recalcando, que, si bien no se denuncia ante la Policía, ellos sí tienen conocimiento de los hechos y hay un silencio cómplice. Principalmente, como nos decían en el relato, es porque existen unas cámaras de seguridad y algunas de ellas pertenecen a la Policía y, por ejemplo, hasta este momento no han indagado nada sobre el tema.
Pares: ¿En el tiempo cómo han sido las dinámicas que han tenido los grupos posdesmovilización del paramilitarismo en la localidad? Es decir, ¿hay unos picos en presencia y acción o esto ha permanecido constante?
REDHUS: Esto tiene muchas aristas. En unos puntos de la localidad hay particularidad, por ejemplo, sobre el gremio de los trasportadores informales ha habido un control con el flujo de personas que transportan.
Al mismo tiempo, también como un problema que ha perdurado, están los llamados ‘tierreros’ que venden ilegalmente terrenos. Sin embargo, el tema de tráfico ha tenido sus altos y sus bajos. Pero en los últimos años, por una vía o por otra, se ha sostenido la presencia de los grupos posdemosvilización del paramilitarismo en la zona.
Hay que resaltar que la Alcaldía anterior muy pocas veces llegó y esto potenció su poder en la localidad, que además se acentúa por la poca presencia o acción de la Policía, lo que genera también que amplíen mucho más sus alcances y que las amenazas se vuelvan mucho más constantes.
Por ejemplo, los panfletos se veían cada 6 u 8 meses, pero ahora es muy común que se vean cada 3 o 2 meses, y cada vez ese tiempo va siendo menos, y además, ya no solo vienen del Bloque Capital, sino ahora también del llamado Bloque Sur. La cuestión con esto es ver que estos grupos se están extendiendo, llegando a unas zonas donde no sabíamos que hacían presencia, y que además se ven respaldados por la poca presencia del Estado que en tiempos de pandemia en todavía menor.
Pares: Con este aumento del alcance de estos grupos, ¿cuál es el análisis de los motivos por los cuales Ciudad Bolívar es un territorio en disputa?
REDHUS: Primero hay que mencionar que el problema del tráfico no es solo de la localidad de Ciudad Bolívar, con eso me refiero a que hay una serie de conexidad en un cordón que existe en el sur de la ciudad que involucra a Bosa, Ciudad Bolívar, Soacha e incluso llega a Usme, y por este lado del sur es por donde se mueve el tráfico de droga de Bogotá, eso hace que estos grupos tengan que ejercer control territorial para proteger esas rutas de tráfico.
En ese sentido ante cualquier acción que les perjudique sus dinámicas ellos van a reaccionar de una manera amenazante como, por ejemplo, lo que recientemente pasó con la granada puesta el pasado 14 de junio en el barrio Juan Pablo II que dejó una persona muerta y dos heridas, hecho sobre el que se dice que se da por el control que se quiere ejercer en la localidad por parte de las bandas; que las venden como bandas criminales aisladas, pequeñas, que tienen incidencia en sectores específicos, pero que en realidad obedecen a dinámicas mucho más amplias.
Por otro lado, aunque el tráfico es algo que atraviesa esas formas de ejercer control, sigue habiendo otras acciones más pequeñas pero importantes como el control a la movilidad dentro de algunos sectores de la localidad y los tierreros con la venta ilegal de terrenos.
Pares: En cuanto al tema de los tierreros, teniendo en cuanta que ha sido una de las problemáticas que más ha afectado a los barrios del sur y que además fue uno de los argumentos que dio el Secretario de Gobierno para respaldar los desalojos que se hicieron en Altos de la Estancia, ¿ha habido alguna acción contundente para mitigar todos los efectos sociales que ha causado esto?
REDHUS: Las organizaciones sociales han presionado para que se tomen acciones, pero las acciones que piden no han sido la presencia de Policía en estos puntos, precisamente porque la Policía en este sentido no garantiza seguridad. Lo que se pide es que estos sitios sean de apropiación por la comunidad, es decir, que la gente sea quien habite esos territorios, que los utilice para la recreación y demás, en ese sentido, que no les permita a estas bandas hacer negocio con esos terrenos, porque eso es lo que pasa, el Distrito se aleja de esas realidades que se viven en estos sitios de zonas protegidas, donde se ponen parques, como pasó en Altos de la Estancia , pero donde no hay una vigilancia, ni protección constante.
Se hace una inversión, se deja a medias y sin una planeación para que la comunidad sea quien habite esos sitios. Lo que termina pasando es que al ser terrenos amplios y sin veeduría son utilizados con otros fines y los grupos ilegales terminan sacando provecho de eso. Así las cosas, los tierreros siguen retornando a estos lugares que están en abandono y seguirá pasando si no existe un plan claro de habitabilidad, uso y protección.
Pares: Respecto a las amenazas, las más recientes y la de los últimos meses, ¿ha habido alguna respuesta por parte de la Alcaldía Local o Distrital?
REDHUS: Lo que pasa es que ellos dicen abrir canales de diálogo, sin embargo, eso se ve muy limitado. Se queda en palabras en las que se resaltan las buenas voluntades, pero se niega la participación de las organizaciones sociales y por ahí mismo la validez de las problemáticas. Reconocen que existen actores, pero no entran a revisar al detalle las dinámicas que se generan.
Las acciones no se han dado de manera efectiva, en algún momento se dijo primero debía pasar por medio del alcalde local, pero este no lleva mucho tiempo en el cargo, y eso ya dice mucho de la disposición que se tiene para generar acciones de choque contra lo que está pasando.
Denuncia pública realizada por la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS), organización defensora de derechos humanos enfocada en fortalecer las luchas sociales, cotidianas y por la vida digna que desarrollan los habitantes de los barrios de Bogotá.
Pares: Por último, la gente de Ciudad Bolívar por diversos motivos ha sido de las que más se han manifestado y hecho protestas por las problemáticas sociales que se han acentuado con el aislamiento preventivo obligatorio decretado. ¿Qué ha pasado con las exigencias que han venido haciendo?
REDHUS: Han pasado cosas particulares, y es que varias de las zonas donde la gente se ha organizado ni siquiera están caracterizadas por la Alcaldía, y lo que ésta dice es que va a priorizar por lo que llaman polígonos; que son sitios reconocidos por Planeación, pero hay barrios que no están en esos planos distritales. Eso ha provocado que a la gente que allí habita no se le ha dado atención, la Alcaldía sabe que existen, pero por cuestiones burocráticas no han llegado respuestas, o las atenciones no han sido integrales.
Además, cada que se citan manifestaciones, en cierto sentido se llama al diálogo, pero no se acciona así sino con el ESMAD. Lo que se ha hecho recientemente es que llegan personas a dialogar, pero los acuerdos no duran más de dos horas, o a la gente se les ofrece refrigerios, mercados transitorios, pero no algo integral y que mitigue efectivamente los efectos que ha dejado la cuarentena. Resaltando también que la gente no solo se moviliza por comida, sino también por el pago de arriendos, de servicios públicos, por la falta de empleo, de ingresos.