Por: Laura Cano, periodista Pares.
Desde el pasado 23 de mayo comenzaron a circular en los sectores de Laureles, Bosa Central y La Despensa panfletos amenazantes firmados por el Bloque Capital de la Águilas Negras – AUC. Esto en medio de un Estado de Emergencia que ha acentuado las violencias sociales a las que han estado expuestas históricamente las periferias de la ciudad.
Esta situación no es aislada, pues por lo menos se viene advirtiendo de la presencia y de los hechos victimizantes por parte de grupos armados ilegales desde 2013, año en el a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se señaló que agrupaciones denominadas como Los Rastrojos-Comandos Urbanos y Las Águilas Negras-Bloque Capital, estaban incrementando sus amenazas hacia la comunidad de algunas localidades del sur de Bogotá, entre ellas, Bosa.
Esto produjo que solo un año estos grupos fueran reconocidos con al parecer una alta presencia por hechos como el reclutamiento a jóvenes para involucrarlos en la venta de estupefacientes o acciones como amenazas, cobro de extorsiones y asesinatos. Asimismo, aumentó el desplazamiento intraurbano, la llamada ‘limpieza social’ y los panfletos amenazantes por parte de las Águilas Negras.
Presencia de grupos ilegales
Señalar lo anterior, muestra que, si bien la situación en la actual coyuntura presenta ciertos matices, también pone sobre la mesa el problema estructural que ha suscitado que estas problemáticas se centren en localidades y municipios como Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Soacha, y que las acciones que se han tomado han sido mínimas y poco efectivas, pues en los últimos años se registra un aumento tanto de los hechos violentos, como de la presencia de los grupos.
Pares habló con Mauricio Esguerra, defensor de derechos humanos de Bosa e integrante de la Red Popular de Derechos Humanos, organización que alertó sobre la situación con los panfletos que aparecieron recientemente, pero también quienes han denunciado la presencia de grupos ilegales en el territorio.
Esguerra expuso el contexto en el que se dan las más recientes amenazas y lo que ha estado pasando en Bosa en los últimos años, señalando que ésta es una de las tres localidades más afectadas en Bogotá por el fenómeno de amenazas escritas en panfletos, y amenazas a líderes barriales y comunales.
Bosa es una de las tres localidades más afectadas en Bogotá por el fenómeno de amenazas escritas en panfletos, y amenazas a líderes barriales y comunales.
Pares: ¿Cuál ha sido la situación de la localidad en los últimos años en relación con los hechos victimizantes y las amenazantes realizadas recientemente?
Mauricio Esguerra: Hay un antecedente histórico en Bosa que se remite un poco a la firma del Acuerdo de Paz, donde comienza a haber un aumento de esas amenazas en el territorio, y también empieza a aparecer un nuevo fenómeno del control territorial principalmente ligado a las cuencas del Río Tunjuelo y Bogotá; ambas afluentes que atraviesan las zonas más marginales de la localidad y por allí es donde están los corredores de drogas que hemos denunciado ante la Defensoría del Pueblo y ante el Congreso de la República.
Pares: ¿Cómo están distribuidos esos corredores de droga de los que habla en la localidad?
M.E: Esos corredores de drogas tienen una conexión muy importante; el corredor principal, viene de Soacha, de la zona de Ciudad Verde, que conecta a Bosa por los barrios de San José, colinda con las UPZ Tintal Sur y Porvenir y sale a Kennedy por Calandaima hasta Abastos. Estos, además de ser los lugares más difíciles socialmente (mayor cantidad de prostíbulos y ollas), son también los que tienen menor presencia policial y donde más amenazas se presentan.
El segundo corredor es el del Tunjuelo que pasa en un principio por Ciudad Bolívar y Bosa y se convierte en un paso importante de drogas desde Soacha, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y va a dar a Usme. Este corredor tiene una característica y es que pasa por la mayoría de los barrios de Bosa porque el Río Tunjuelo a traviesa por la mitad a toda la localidad y tiene focos de marginalidad donde hay ollas haciendo control. Las mayores problemáticas ocurren alrededor de los puntos que están cerca a las afluentes y especialmente en Tintal Sur y Porvenir, que es donde se han presentado estas amenazas y también se han dado casos como desmembramientos de cuerpos.
Pares: ¿Cuál es el seguimiento que se ha hecho a estas problemáticas, relacionadas también con las denuncias que la Red ha hecho sobre la presencia de grupos armados ilegales?
M.E: Entre 2017 y 2019 se hicieron tres distintos tipos de denuncia pública por parte de varias organizaciones, éstas compartían la característica del desmembramiento de cuerpos que aparecen generalmente a los alrededores de la Universidad Distrital sede Bosa, y también se asemejaban en sus particularidades de sistematicidad; cuerpos desmembrados que por lo general no son de personas que tengan relación con la localidad, pero aparecen en puntos estratégicos y tras la aparición de éstos salen panfletos en distintos barrios.
Por ejemplo, en enero y febrero del año pasado se hicieron amenazas principalmente en Santa Fe, Porvenir, El Corzo y La Cabaña que tendían a ser firmadas por las Águilas Negras, al tiempo aparecen otras amenazas sobre lugares como Albán Carbonell y La Despensa (en Soacha) con las mismas características.
Cuando hacemos la sistematización nos damos cuenta de que aparecen primero los cuerpos desmembrados, luego las amenazas y después empieza un control por medio de la limpieza social de forma silenciosa, con esto nos referimos a que no es dicho explícitamente a través de panfletos, por ejemplo, sino que empiezan a aparecer jóvenes que consumen asesinados y llegan amenazas directas a líderes comunales, esto último por la resistencia que ponen estos liderazgos a que los grupos tomen control sobre los territorios.
Algo que también nos hemos encontrado relacionado con lo anterior es que en las Juntas de Acción Comunal de zonas como Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy son muy fuertes y esto es un resultado de la oposición que hay al control que ha sido tomado por los grupos pos desmovilización del paramilitarismo.
Pares: ¿Cuál es la relación que hay entre los grupos armados ilegales, las bandas criminales, la comunidad y las organizaciones sociales?
En la localidad hay una guerra recrudecida por lo menos desde 2017 entre los grupos delincuenciales que lideran las llamadas ollas contra las organizaciones armadas que en general tienen mayor presencia y control.
En ese mismo tiempo empieza a aparecer una olla cerca al conjunto Villa Karen y en ese mismo lapso jóvenes son asesinados al interior de ese Conjunto, eso señalando, que también empiezan a ser asesinadas otras personas de otra olla que es muy cercana a ese mismo conjunto; en esos enfrentamientos por el territorio quien termina “ganando” es el grupo paramilitar, el cual es el mismo al que en noviembre de 2018 le descubren armas en el barrio Margaritas.
Esto también está ligado con la banda Los Costeños, que se dice que está en la comunidad, y que hace reclutamiento forzado a menores en Ciudad Bolívar y Bosa; en esa reactivación de esta actividad se agrava el fenómeno paramilitar en la localidad.
Además, cabe señalar que hasta el momento tenemos referenciadas seis amenazas entre 2017 y 2019 de estos grupos posdemosvilización del paramilitarismo, que normalmente se dan entre febrero y junio, o entre noviembre y diciembre, que es cuando más crece la tasa de criminalidad y hechos violentos.
También es necesario nombrar que hasta el momento no hay ninguna que se haya hecho a una organización social en particular, sino que éstas son generales y las Juntas de Acción Comunal.
Pares: Teniendo en cuenta el contexto en el que se dan las amenazas del 23 de mayo, es decir, un Estado de emergencia y una cuarentena decretada, ¿cuáles son los matices que se dan en este escenario?
M.E: En el caso puntual de este mes, hay que resaltar que las amenazas no son del mismo carácter, que, si bien aparecen firmadas por las AUC, no tienen un lugar de repartición especifico, sino que son regadas en los pisos, principalmente, de parques públicos y eso nos da a entender que es una medida para infundir miedo y evitar que las personas salgan a la calle.
Entendiendo que hoy Bosa no ha tenido facilidades para cumplir el aislamiento preventivo obligatorio, pues la institucionalidad no ha cumplido con la entrega de mercados. Tenemos barrios informales donde no hay presencia de ninguna entidad, no se han repartido los bonos alimentarios y eso repercute en todo lo que está pasando.
Pares: Otras de las alertas que se han hecho relacionadas con los problemas en los barrios de periferia es la imposibilidad de ejercer acciones por medio de la Policía, esto partiendo de una desconfianza que hay hacia la Institución, ¿cómo se da este relacionamiento con la Policía en la localidad y en relación con las problemáticas de las que nos ha venido hablando?
M.E: Efectivamente hay lugares en los que se cree que se presentan fuertes relaciones entre grupos posdemosvilización del paramilitarismo y la Policía, principalmente en el barrio El Porvenir. Incluso en varios puntos de la zona hay una constante intimidación y violencia por parte de la Policía contra la comunidad, situación que influye en la no colocación de denuncias.
Por ejemplo, en el barrio nombrado anteriormente hay un CAI en el que siempre que hay una movilización que salga de la Universidad Distrital con sede en Bosa se presentan choques de todo tipo; personas retenidas injustificadamente, golpes, etc. En el CAI de Bosa San José se han presentado violaciones a los derechos humanos de la comunidad muy graves; en enero de 2019 agentes de la institución entran a una vivienda disparando al aire y desata todo un disturbio en el barrio.
En el de Bosa Laureles y el Olarte igual, incluso en este último es donde se registra el 30 de marzo la violencia sexual, robo y extorsión por parte de uniformados contra una mujer en medio de la cuarentena.
En el de la Libertad a mediados de 2018 se reportó la retención de tres estudiantes del Colegio Distrital José Francisco Socarrás que fueron lesionados en la cabeza, uno de ellos con fractura de pie e igualmente agresiones a los padres de familia. Así, estas conflictividades han afectado toda la problemática de la localidad y sus relaciones con la Fuerza Pública, lo que hace parte de todo el panorama social que se vive.
Pares: ¿En todo esto cuál ha sido el papel de la Alcaldía Local?
M.E: Ahí que arrancar diciendo que hasta el mismo alcalde local que terminó el período anterior fue amenazado e incluso recibió un atentado con arma de fuego y que en general la relación con esta institución es bastante compleja, sin embargo, hay que nombrar que cuando las denuncias no se dan través de la Alcaldía Local también se buscan vías a través de la UNP; la Mesa de Derechos Humanos de Bosa, la cual es conformada a mediados de 2018, pero en este momento no está funcionando y era la que recibía algunas amenazas, principalmente de líderes comunales y como última instancia está la Red Organizaciones Sociales.
Así, cabe señalar que la Alcaldía no es un canal principal para poner denuncias, guiado esto por el miedo que genera acudir a un ente como este, teniendo en cuenta las repercusiones que pueden haber para el denunciante, reforzado, que cuando se hace por ahí muchas veces la ruta que se da es acudir a la UNP y otras veces en la Alcaldía la recepción de información no es de la manera más adecuada, subrayando que en ésta muchas veces se tiene la mediación de la Policía, lo cual es problemático porque varias de las amenazas y situaciones que se presentan tienen relación directa con la Fuerza Pública.
Entonces lo que tenemos es una localidad con una Mesa de Derechos Humanos que en este momento por la cuarentena y por el cambio de Alcaldía no es permanente, y una alcaldesa que entra a lidiar con el tema de la cuarentena y que todavía no tiene el tema de derechos humanos dentro de sus principales prioridades políticas.