Por: Sergio Saavedra, Redacción PARES
El gobierno nacional le reiteró a Cuba la captura y efectiva entrega de los delegados del ELN que se encuentran en el país garante. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 21 de enero de 2019, tanto Miguel Ceballos —Alto Comisionado para la Paz— como Carlos Holmes Trujillo —Ministro de Relaciones Exteriores— precisaron que “no hay protocolos que amparen el terrorismo”.
Por su parte, el gobierno cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez, instó que la petición “en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes”. Ante esta circunstancia, Miguel Ceballos manifestó que «las políticas de paz son políticas de gobierno y no de Estado. Todos aquellos protocolos del anterior gobierno no obligan al nuestro».
La discusión se acrecentó y juega un papel internacional a partir del comunicado del ELN, en el que el grupo armado se adjudicó el atentado del jueves 17 de enero en las Escuela de Cadetes de Policía General Santander. En el comunicado titulado “El camino es la solución política del conflicto”, el ELN habla sobre los ataques de las fuerzas militares cuando este grupo armado se encontraba en un cese unilateral entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019.
El ELN afirmó, además, que la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar porque allí “reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente”. En ese sentido, la guerrilla argumentó que su accionar no fue violatorio de las normas del Derecho Internacional Humanitario y pidió que “instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada».
En el análisis de este caso —del cual dependerán los meses venideros entre el gobierno y ELN, como también los compromisos internacionales que tiene Colombia como Estado— hay un antecedente sobre el atentado del ELN en la estación de Policía en Barranquilla que dejó 8 policías muertos y más de 40 heridos.
En ese caso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia aseguró que el grupo guerrillero incurrió en una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto en razón a que los policías asesinados no estaban involucrados en hostilidades derivadas del conflicto, son un cuerpo civil según la Constitución y residían en una zona urbana, por tanto, el DIH los protegía.
Ahora bien, para el caso que tiene cerrada la puesta de una salida negociada entre el gobierno y la guerrilla, según Carlos Rodríguez —director de la Maestría de Defensa de los Derechos Humanos y el DIH de la Universidad Santo Tomás— el atentado a la Escuela General Santander incurrió también en una violación del DIH. Para el especialista, se trata de un ataque indiscriminado que afectó a estudiantes que aún no tenían el rango de policías y a civiles no involucrados en el conflicto, acción no compatible con el DIH.
Rodríguez afirma que el debate tiene otras complejidades, como que en Colombia la Policía depende del Ministerio de Defensa y participa en acciones contra los grupos insurgentes, por lo que eventualmente tienen el carácter de combatientes en el conflicto. Sin embargo, para el experto, en este caso “se trata de una Escuela, lo que significa que las victimas no están involucradas directamente en el combate”.