Por: Odevida
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) Capítulo Venezuela presenta su informe Venezuela: mujeres y lideresas sociales y políticas, víctimas de violencia y represión, en el que se visibiliza la situación de violencia que afecta a las mujeres lideresas sociales y políticas en el contexto de crisis que vive Venezuela, y las violaciones a sus derechos humanos que han sido invisibilizadas por el Estado. Odevida ha acompañado a organizaciones de mujeres familiares de presos políticos y mujeres sindicalistas que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos a los que son sometidas las defensoras en contextos de represión y criminalización, así se pudo identificar que la represión del Estado Venezolano se ejerce de manera diferenciada sobre las mujeres lideresas sociales y políticas en razón de su género.
Según la ONG Foro Penal, entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron catalogadas como presas políticas en Venezuela. El 33% de estas mujeres refirieron haber sido sometidas a torturas y tratos crueles durante su detención y reclusión por parte de los agentes del Estado. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre la República Bolivariana de Venezuela ha documentado casos de abuso y violencia sexual contra estas mujeres detenidas por parte de funcionarios del Estado, policiales y militares principalmente, pero también por parte de agentes paraestatales y grupos armados irregulares.
Cabe destacar que la persecución y represión también ha afectado a defensores/as de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró de enero a diciembre de 2022, 396 ataques o incidentes de seguridad. De estos, 267 (67%) tuvieron como afectadas a organizaciones de derechos humanos, 120 (30%) tuvieron como víctimas a defensores de derechos humanos y 9 (3%) fueron defensoras de derechos humanos.
Frente a estos hechos, Odevida recomienda eliminar las disposiciones discriminatorias que contengan los Códigos Civil y Penal venezolanos, debiendo aprobar el Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género; garantizar legislativamente la paridad; implementación de un sistema de recolección de data estadística sobre la violencia contra la mujer, desglosados por indicadores de género, entre otras.
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