Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: RCN Radio y Radio nacional
En las exuberantes tierras del departamento del Cauca, la tragedia y el conflicto se entrelazan en una trama de violencia y desesperación. En el corazón de esta región, el norte del Cauca, se han desatado eventos que conmueven a la nación colombiana y recuerdan que la sombra del conflicto armado aún se cierne sobre el país.
El comunicado emitido por el Estado Mayor Central de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ha enviado ondas de choque a través del territorio colombiano. En un giro sorprendente de los acontecimientos, esta disidencia de las FARC ha reconocido su responsabilidad en el secuestro de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía General y una civil en el norte del Cauca. Este acto, perpetrado en medio de un escenario de tensión y violencia creciente, ha desatado una ola de indignación y preocupación en todo el país.
La declaración emitida por las FARC pinta un cuadro sombrío de la situación en el Cauca. Señalan la ruptura del cese al fuego como un catalizador de la inseguridad que enfrentan militares, policías y funcionarios del Estado en las áreas bajo su control político y militar. Esta afirmación no solo revela la fragilidad de la paz en Colombia, sino que también destaca la complejidad del proceso de reconciliación nacional.
El secuestro de los dos investigadores del CTI de la Fiscalía, Bethy Amanda Mage Imbachi y Gersón Rene Rivera Fernández, junto con la presencia de una civil, María Yeni Ruiz, ha desatado una crisis humanitaria en el Cauca. Según algunos medios de comunicación, el incidente ocurrió en un contexto de protesta y bloqueo en la vía entre Popayán y Santander de Quilichao. Los funcionarios del CTI, enfrentándose a este obstáculo, tomaron una vía rural alternativa que los llevó directamente a la trampa tendida por los secuestradores en zona rural del Dominguillo, jurisdicción de Santander de Quilichao.
Este dramático suceso ha puesto de relieve la complejidad de la situación en el Cauca. La presencia de grupos armados ilegales, como las FARC disidentes, que ejercen un control efectivo sobre vastas áreas del departamento, ha generado un clima de miedo y desconfianza entre la población civil. Los relatos de testigos oculares describen escenas de terror y angustia, donde la violencia y la intimidación son moneda corriente.
La Procuraduría General de Colombia lanzó una alerta urgente sobre la escalada de violencia en el departamento del Cauca, instando al Gobierno a tomar medidas inmediatas para abordar la crisis humanitaria que se está desarrollando en la región. Este llamado a la acción refleja la gravedad de la situación y la necesidad apremiante de encontrar soluciones efectivas para proteger a la población afectada.
El delegado para los Derechos Humanos de la Procuraduría, Javier Sarmiento, ha expresado su preocupación por el uso de ciertos términos por parte de las disidencias de las FARC en sus comunicados al país. Sarmiento ha señalado que la referencia a "puestos de control" y zonas "bajo el control político y militar" de este grupo ilegal plantea serias preocupaciones sobre el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho en Colombia.
Este episodio, aunque lamentable, no es un incidente aislado en el contexto del conflicto en el Cauca. En los últimos días, se han reportado una serie de eventos violentos que han sacudido la región y han dejado a la población local en un estado de constante temor y angustia. Desde activaciones de carros bomba hasta ataques armados contra la policía y los civiles, el departamento del Cauca se ha convertido en un escenario de conflicto y caos.
Con esta situación se suma el secuestro reportado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de dos miembros de la comunidad del resguardo de San Andrés de Pisimbala. Estos ciudadanos, identificados como Luis Ángel Liz y Estiven Quinto, fueron presuntamente secuestrados por la misma facción de las disidencias de las FARC que tendría en su poder a los funcionarios del CTI. Este nuevo incidente ha generado una ola de indignación y preocupación entre la comunidad indígena del Cauca, que exige el respeto a la vida e integridad de sus miembros secuestrados.
Según una fuente del Cauca, a la cual por razones de seguridad no hacemos mención directa, actualmente se están desarrollando dos situaciones en la región: en primer lugar, el EMC está exhibiendo su influencia tras la pausa en las conversaciones. Esto pone de manifiesto que dicho grupo no tiene motivaciones políticas, sino que responde a intereses económicos, lo que resulta en una falta de respeto hacia las autoridades étnicas. La situación ha trascendido más allá de la comunidad indígena, a pesar de ser la más afectada por el reclutamiento. Las comunidades afrodescendientes también han experimentado procesos de infiltración en su organización.
En segundo lugar, a pesar de que el negocio de la coca no atraviesa su mejor momento, esto no impide que continúen disputando el control del Cañón del Micay y los corredores del noroccidente del Cauca.
El secuestro de los funcionarios del CTI de la Fiscalía y la escalada de violencia en el departamento del Cauca son un trágico recordatorio de los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de paz y reconciliación. Es hora de que el Gobierno tome medidas concretas y efectivas para proteger a la población civil y abordar las causas subyacentes del conflicto en el Cauca.