Urabá, una región funcional para el crimen organizado

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia


La región del Urabá parece condenada a vivir con la presencia de grupos armados ilegales. Desde la década de 1970, luego de un largo período de colonización, esta territorialidad –compuesta por subregiones de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó– ha tenido que convivir con la mayoría de los grupos armados que han surgido en Colombia: desde la primera generación de guerrillas –como el EPL y las FARC-EP– hasta las actuales organizaciones criminales.

Todos estos actores –como nos lo explica María Teresa Uribe en su clásico libro Urabá: ¿región o territorio?– se han involucrado en los diversos conflictos que se han desarrollado en la región: las luchas por la tierra, por el control político institucional –local y regional–, por el mejoramiento de las condiciones de los habitantes urbanos, en los antagonismos obrero-patronales y las confrontaciones armadas entre guerrillas y paramilitarismo.

Además, en las últimas dos décadas, se le ha sumado los actores de las nuevas guerras, quienes se ocupan, básicamente, de la extracción de rentas criminales. Después del desmonte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a mediados de la década de 2000, los señores de la guerra han comprendido que deben aprovechar la riqueza donde tienen presencia para generar nuevas ideas de negocio y para consolidar las viejas empresas criminales; que, para el caso del Urabá, es su ubicación geoestratégica. Es decir, las organizaciones paramilitares han mutado en empresas criminales, que buscan exprimir al máximo la extracción de rentas de la región sustentada en su ubicación física.

Esta región posee 1.800 kilómetros de costa en el mar Caribe, que la han convertido en la mejor opción para que los narcotraficantes saquen su droga a Estados Unidos, Centro América y Europa. También permite, en corto tiempo –aunque con difíciles condiciones– el acceso al océano Pacífico. Y, finalmente, cruzando las selvas del bajo Atrato-Darién del departamento del Chocó, se puede llegar a Panamá por tierra –una frontera porosa de 266 kilómetros– y, con ello, a toda Centroamérica. Es decir, sus tierras poseen un alto valor geopolítico y estratégico por ser frontera internacional.

Entre las actividades económicas de los actores armados en Urabá están el viejo negocio del narcotráfico y el nuevo de prestación de servicios a los migrantes internacionales. Para la primera actividad, la región del Urabá le ofrece unas condiciones geográficas excepcionales. Por un lado, es un territorio rodeado por nueve Parques Nacionales Naturales protegidos –entre ellos el Darién, Los Katios, Paramillo y Utría – por los cuales transitan como amos sin ley llevando su droga. Por el otro, tiene acceso a unos océanos que se convierten en verdaderas autopistas para el transporte internacional de estupefacientes.

Frente al nuevo negocio de servicios a migrantes, este se viene consolidando en los últimos cinco años. Según informes de la Policía Nacional y demás organismos de inteligencia del Estado, en la región confluyen organizaciones criminales del orden nacional e internacional. El Clan del Golfo es el actor hegemónico de este territorio. Es quien permite que los diversos actores involucrados en la cadena del negocio de la migración ejerzan sus actividades, pero, eso sí, retribuyéndole, por lo menos, la mitad de las rentas ilegales que se obtengan, y la promesa de no afectar su gran negocio del narcotráfico.

En esta reciente actividad participan una amplia variedad de actores legales e ilegales, tal como lo muestra el informe La Ruta de los Migrantes Ilegales en Urabá. El calvario para los migrantes se inicia con la participación de las organizaciones internacionales, quienes se encargan de traerlos desde lugares remotos –como Sierra Leona, Pakistán, Guinea, Somalia y Nepal situados en Asía y África– y dejarlos en Suramérica; para luego ser transportados por Colombia a puertos no autorizados en el Urabá Antioqueño.

Le siguen en la cadena las personas que ofrecen a los necesitados migrantes el servicio de hospedaje y estadía provisional, quienes los albergan en fincas, casas y hoteles abandonados, a altos precios y sin las mínimas condiciones de salubridad. En este entorno, nuevamente aparecen los “coyotes” –expertos en el tránsito de los migrantes internacionales– quienes aprovechan las necesidades de estos y les extraen jugosas sumas de dinero para pasarlos a Panamá.

Los coyotes, que trabajan bajo el amparo del Clan del Golfo –como queda documentado en el reciente informe de la Fundación Pares–, les ofrecen a las migrantes dos opciones: llevarlos en lanchas o pangas a las playas colombianas, en la frontera con Panamá –La Miel–, o cruzar el mar y dejarlos en el territorio panameño. También, como buenos negociantes, les ofrecen a los migrantes con mayores problemas rutas alternas por tierra – a los que quieren evitar que se les niegue el paso migratorio en la frontera–, cruzando la selva chocoana o Tapón del Darién; donde, adicional al pago de guía, deben entregar dólares a los hombres que cargan sus pertenencias o los niños y mujeres desvalidas que siguen la ruta.

De esta manera, las organizaciones criminales en el Urabá antioqueño se comportan como ávidos extractores de rentas ilegales. Por un lado, ejerciendo el dominio territorial en el Urabá antioqueño que les posibilita mantener su clásico negocio de transporte de drogas ilícitas; y, por el otro, complementa su negocio de forma funcional con el lucrativo nuevo negocio de servicios al migrante desfavorecido. En este último, buscan agotar los recursos limitados de los migrantes y abusan de la necesidad que tienen para quitarles el sueño de llegar a Estados Unidos.

En conclusión, la región del Urabá, como se ha hecho costumbre, se ha convertido en el territorio con presencia persistente de los grupos armados ilegales. Estos están aprovechando de tener, como enclave estratégico, a la mejor esquina de América. Un territorio que si no se hace nada seguirá siendo un lugar de disputa de los actores ilegales, sobre todo, en un contexto cercano donde se piensa construir un canal interoceánico –Atlántico-Pacifico– y una vía de interconexión terrestre –la Panamericana– que aumentará las presiones por las rentas ilegales.

Ante este posible escenario y a modo de cierre, es necesario recordarle al Gobierno y la comunidad internacional la necesidad de atender este territorio. Primero, para trabajar de forma coordinada la lucha contra los grandes carteles de la droga, minando sus rentas criminales. Segundo, la urgencia de una política pública con enfoque diferencial que proteja de manera integral a la población migrante en tránsito. Y tercero, un trabajo decidido de protección de los parques naturales nacionales, pues son patrimonios de la humanidad, y en un contexto de cambio climático y de protección de la biosfera, su cuidado adquiere un valor especial.

 

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.