Por: León Valencia, director – PARES
No les importa nada. No les importó que un Acuerdo de Paz tuviera como petición central una reforma política y que las partes establecieran una comisión de expertos para hacer recomendaciones juiciosas, pertinentes, equilibradas. No las quisieron acoger. No les importó la gran votación antisistema de las elecciones presidenciales. No les importó la consulta ciudadana anticorrupción. Son sordos. Son invulnerables a los llamados de atención. No quieren reformar la política. Nada transformador pasa por el Congreso.
Mil veces se les ha dicho que es necesario y urgente reformar al Consejo Nacional Electoral porque es un órgano controlado por los partidos, es decir, por los mismos sujetos de su vigilancia y control, un órgano sin ganas de vigilar y sin dientes para castigar las irregularidades. Otra vez se habló de avanzar hacia un tribunal independiente con capacidad de juzgar a quienes cometen delitos electorales que no son pocos en Colombia y no son propiamente pecados veniales. También se ha hablado de rescatar la Registraduría de las manos de los políticos para conjurar el fraude que elección tras elección asoma la cabeza y que se manifestó de manera vergonzosa en el robo a las curules del movimiento Mira en las elecciones de 2014.
Mil veces se ha discutido sobre la perversidad de la financiación electoral en Colombia. La grave influencia de los dineros ilícitos o el robo descarado de los recursos públicos para poder competir en esa feria de grandes inversiones con las que se compran los votos y las conciencias. Así las elecciones se convierten en una competencia perversa donde los partidos son apenas notarios de las candidaturas y observadores de una contienda en la que gana el que más dinero haya acumulado saqueando al Estado o recurriendo a las mafias.
Las listas cerradas, la presencia paritaria de las mujeres, el fortalecimiento de los partidos para que rescaten el debate político y la calidad de sus representantes, han sido ambiciones de las fuerzas reformadoras y se pensaba que el campanazo de la caída de los partidos tradicionales en las contiendas electorales de este año, los resultados de la consulta anticorrupción con sus once millones setecientos mil votos y el ascenso de las fuerzas de izquierda, serían alertas suficientes para que las fuerzas políticas se dispusieran a las reformas.
No ocurrió así. Al contrario, los congresistas aprovecharon la discusión para meter, en una reforma mutilada, la idea de que los parlamentarios puedan ser designados ministros. Vean ustedes qué astucia. Se pretendía una reforma para quitarles prerrogativas a los parlamentarios y, de aprobarse lo que está consignado hasta el momento de escribir esta columna, quedarían con más vuelo, con mayor capacidad de negociación con el ejecutivo.
No les importa porque la sanción moral y política para estas actitudes no ha sido mayores hasta el momento en Colombia. Algunas veces se producen sanciones judiciales, como en el caso de la parapolítica, donde 61 parlamentarios fueron condenados en los casos recientes de sobornos donde el Ñoño Elías y Musa Besaile, los parlamentarios más votados en 2014, han sido vinculados a procesos penales. Pero lo más corriente es que luego se hacen elegir en cuerpo ajeno a través de sus familiares y sus tenientes políticos y siguen actuando en la vida pública desde las cárceles por mano ajena.
A la hora que escribo esta columna, domingo en la mañana, aún van a hacer un último intento en esta legislatura para pasar la reforma política, lo harán en la tarde. Cualquiera sea el resultado la frustración es enorme. Sea que siga su curso el texto mutilado o sea que definitivamente se hunda la reforma, no habrá cambios sustanciales en la escena política y volveremos a la discusión sobre la imperiosa necesidad de transformar las costumbres electorales en Colombia.