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Por: Alejandro Restrepo, Coordinador

Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos


La bandera política de este gobierno ha sido la Paz Total. La propuesta es innovadora y ambiciosa: buscar definitivamente el fin de las paces parciales que han caracterizado los últimos cuarenta años de la historia del país, abriendo la puerta a negociaciones políticas y jurídico-políticas para organizaciones armadas políticas y puramente criminales, un péndulo que va desde el ELN hasta el Clan del Golfo, pasando por los grises más complejos de las llamadas disidencias de las FARC. Más allá de las buenas intenciones y la necesidad de intentar nuevas fórmulas para superar viejas violencias, la política de Paz Total de este gobierno implica grandes desafíos que podríamos llamar ‘estatales’ (por nombrarlos de alguna manera): los jurídicos, operativos y los de seguridad, principalmente en el nivel territorial.

En el terreno estatal-institucional, esta política tiene como principal desafío integrar y articular los aprendizajes de las últimas décadas, principalmente los desarrollos del Acuerdo Final con las FARC referidos a la centralidad de las víctimas de violencias organizadas, la justicia transicional, la verdad, la reparación y la no repetición. En este sentido, el Gobierno Nacional tiene como principal desafío recuperar la legitimidad de la implementación del Acuerdo de Paz, minada por el anterior gobierno, e impulsar de manera decidida lo pactado como muestra de continuidad de los esfuerzos de paz y a modo ejemplarizante frente a otros grupos como el ELN, es necesario mostrar que la voluntad política puede traducirse en acciones concretas de paz.

Dada la importancia que tanto el gobierno como el ELN le han otorgado a la participación social con perspectiva territorial en las negociaciones que adelantan, es preciso evaluar, retomar y fortalecer el proceso de planificación y gestión participativa de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que tuvo como resultado los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR) de las subregiones mayormente afectadas por la guerra en el país. Construir sobre la base de mecanismos ya desarrollados con una perspectiva crítica permitirá mayor eficacia en el proceso participativo y, a su vez, fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.

En el terreno jurídico es urgente precisar el camino y los mecanismos de la negociación jurídico-política que se plantea con organizaciones criminales de alto impacto en el marco de la ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso de la República. Es decir, es necesario aclarar las competencias de los poderes ejecutivo y judicial frente a organizaciones criminales ¿Hasta dónde va el Gobierno y dónde empieza la Fiscalía General de la Nación? La falta de claridad de la legislación y la opacidad de los mecanismos y procedimientos de procesos de negociación con el Clan del Golfo, por ejemplo, ha sido utilizada políticamente por el fiscal Barbosa para dilatar la suspensión de órdenes de captura y posicionarse públicamente como defensor del orden institucional, a pesar de que en el gobierno pasado él mismo se declaró el segundo al mando en el país después del expresidente Duque Márquez.

En materia de los desafíos operativos, la posición del Alto Comisionado para la Paz como director de orquesta de la Paz Total, como negociador y responsable de las aproximaciones con los grupos armados ilegales es, a todas luces, una misión imposible. Es preciso ampliar los equipos vinculados a la Oficina del Alto Comisionado y definir, de manera clara, los papeles que deben cumplir en función de los resultados esperados por la política de Paz Total. Paralelamente, uno de los desafíos que se identifican es definir claramente cuántas mesas de negociación se tienen en el país, quiénes son los y las negociadoras, cuáles son los mecanismos de verificación, con acompañamiento internacional, de los acuerdos suscritos, cuál es el papel del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación frente a posibles incumplimientos por parte de grupos armados ilegales; esto es particularmente importante cuando hoy el Clan del Golfo, en medio de un cese al fuego bilateral que se proponía para el alivio humanitario de las zonas bajo su influencia, está amenazando a líderes y defensores de DD.HH.

De manera simultánea, la situación de violencia territorial y de inseguridad continúa con tendencia al aumento. Asesinatos de líderes (la Defensoría del Pueblo registra para 2022 la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz, llegando a 215) y excombatientes, masacres, desplazamientos y confinamientos por cuenta de confrontaciones entre grupos armados. Todo lo anterior ante la ausencia de una Política de Seguridad y Defensa que oriente la acción de la Fuerza Pública en el marco de la Paz Total.

En conclusión, son múltiples los desafíos del Gobierno Nacional para llegar a la ambición de la Paz Total; pasar de la dimensión política a la operativa y reducir la ingenuidad son algunos de los aspectos fundamentales para culminar los procesos de paces incompletas. Por último, cabe señalar la necesidad de reforzar la política internacional en clave de Paz Total para fortalecer la acción conjunta frente al crimen organizado, reconociendo la lógica global del narcotráfico, tráfico de armas y la minería criminal, entre otras, y para incluir de manera más fuerte a Venezuela debido a la presencia del ELN y de las disidencias de las FARC en su país, presencia que se extiende más allá de las fronteras y que ha impactado también a las comunidades del vecino país.

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