Una alocución, muchas crisis: el sistema de salud, el gabinete y la palabra presidencial

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

Anoche, 15 de julio, el presidente Petro volvió a ocupar el espacio del prime time de la televisión nacional para hacer una alocución. Estaba programada para el pasado lunes, pero el presidente decidió cancelarla y proyectarla con la misma agenda que se había planteado frente a la crisis de salud que vive el país.

No es para menos. En menos de 4 días comienza la última legislatura del Congreso de la República y el gobierno tiene su mira en que, en medio de las correrías políticas electorales que se avecinan y la reducción de la actividad del Congreso en estos meses, se apruebe el último paquete de reformas antes de terminar su gobierno, entre los que se encuentran el último intento de Reforma a la Salud y una nueva Ley de Financiamiento.

A pesar de la importancia de su discurso (pues sentaba la postura del gobierno oficialmente frente a la crisis de la salud y la disputa que tiene con las EPS), la alocución terminó haciéndose más relevante por las declaraciones extravagantes que dio el presidente a lo largo de la más de hora y media que duró hablando. Luego, en el Consejo de Ministros que le siguió, se sinceró con su gabinete, al que acusó de ser inoperante y de no cumplir el mandato popular.

Lo que queda claro, es que la alocución y el Consejo de Ministros de anoche dejaron a la luz que la crisis no es solo en el modelo de salud, sino también en el liderazgo del presidente y en su relación con su propio gabinete de ministros.

—La crisis de la salud es otra expresión de la disputa por el modelo de país

Fuente: Infobae

El centro de la alocución presidencial —que quedó cubierto por la dispersión discursiva del presidente— estuvo sobre la crisis que vive en estos momentos el sistema de salud en Colombia y la disputa entre las EPS y el gobierno frente a la financiación del sistema.

En una alocución de 1 hora y 48 minutos, el gobierno Petro señaló que la crisis ha sido resultado de la mala gestión de los recursos de la salud por parte de las EPS, a quienes acusa de despilfarro y corrupción, debido a una presunta desviación de fondos de la ADRES en los últimos años para suplir gastos ajenos a la operación del modelo de salud.

El centro de la discusión frente a la crisis de la salud está sobre 2 puntos:

1. La discusión alrededor del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que, si bien ha tenido incrementos nominales, su ajuste real no ha sido suficiente para cubrir el costo efectivo de los servicios del Plan Básico de Salud (PBS), especialmente considerando el perfil epidemiológico de transición de la población, el envejecimiento demográfico y la inflación médica. Esta subfinanciación ha generado un déficit estructural en las EPS que, para compensar, han recurrido a la dilación en pagos a prestadores, al racionamiento implícito de servicios (barreras administrativas), o al endeudamiento. Con la insuficiencia de la UPC también se ha limitado la capitalización de las IPS, que no reciben los recursos a tiempo.

2. Por otro lado, las EPS adeudan, según datos de la Contraloría General de la República, más de 25 billones de pesos a las IPS por servicios ya prestados. Esta deuda se clasifica, por un lado, en deuda corriente —que son las obligaciones que las EPS deben pagar en el corto plazo—, y la deuda vencida (o mora), que son las obligaciones con un plazo de pago superado, que terminan por generar intereses y penalidades.

Las EPS, al ser los "grandes compradores" de servicios, a menudo imponen plazos de pago extensos o condiciones desfavorables a las IPS, especialmente a las más pequeñas o a las ESE públicas, que tienen menor capacidad de negociación. Además de ello, las EPS estarían negando el pago por diferencias en la factura o no conformidad con los servicios, lo que estaría generando un volumen significativo de cuentas médicas presentadas por las IPS, lo que conlleva al retraso de pagos.

De hecho, el presidente, en su alocución, indicó que existiría un interés particular en el pago de anticipos a clínicas y gestores farmacéuticos "cercanos a los dueños de la empresa y a los políticos", lo que termina generando que otros proveedores se queden sin pago y se genere la deuda.

No obstante, la crisis en el modelo de salud también es una crisis política que supera el marco de la discusión técnica. En especial, porque manifiesta un síntoma más de la reconfiguración y la transición política que vive el país, y que está enmarcada en la consolidación de dos grandes bloques políticos en disputa por el modelo de democracia y de país para los próximos años: el progresismo con un modelo que defiende la justicia social como respuesta a la desigualdad, y unas nuevas derechas emergentes que, a través del discurso del libre mercado, la seguridad y el orden quieren mantener el modelo económico y social de los últimos 30 años.

Frente a esta crisis, la discusión se aterriza en cómo se puede transformar el modelo de aseguramiento, la intermediación financiera y el papel del Estado en la garantía del derecho a la salud, en la que el bloque progresista ha asumido que el modelo debe ir hacia un sistema público garantizado por el Estado, en el que el giro de los recursos sea directo y el enfoque esté centrado en la prevención y no en la cura, y en la que el bloque conservador aduce que los cambios que se deben introducir al sistema no deben transgredir la base de la Ley 100 de 1993, que es la existencia de las EPS como intermediarias y el modelo mixto, en el que los recursos públicos son administrados por entidades privadas.

—El gobierno profundiza en su lógica de privilegiar la lealtad ciega

Fuente: Portafolio

Posterior a la alocución, el presidente realizó su Consejo de Ministros semanal, en el que declaró de manera abierta estar molesto, de nuevo, con su gabinete e indicó que realizaría nuevos cambios, de cara al cierre de su gobierno que desde el próximo 7 de agosto entrará en su recta final.

Como lo señalamos en nuestro informe anterior, en el que rastreamos las redes de poder que conforman al gobierno de Gustavo Petro, y también en este artículo, el presidente parecería estar optando por fortalecer sus vínculos con nuevos funcionarios a partir de la lealtad política, como una estrategia para enfrentar la crisis de confianza que atraviesa al interior de su gabinete, y, al mismo tiempo, como un intento por sostener su proyecto político en un contexto en el que percibe que ciertos sectores institucionales del Estado lo amenazan con su abierta oposición.

No obstante, este descontento se ha convertido en un síntoma crónico que, de cierta manera, ha sido la misma ancla que también ha contribuido a la crisis en la ejecución que existe dentro de los ministerios, pero también habla de la frustración del presidente frente al cumplimiento de su programa de gobierno.

De hecho, las reacciones del presidente han girado en torno a señalar que sus objetivos máximos, como aumentar el gasto público para la inversión social o reducir la carga de subsidios a la gasolina y al gas natural, no se han terminado de cumplir, y ha exigido mayor determinación por parte de sus funcionarios para cumplir con esas metas máximas, por lo que uno puede rastrear que, eventualmente, la frustración del gobierno giraría sobre la imposibilidad de implementar grandes transformaciones en el país en corto tiempo.

En parte, la falencia en las cifras de ejecución respondería a este afán del gobierno por tratar de cumplir con una agenda ambiciosa sin tener en cuenta los problemas que siempre ha acarreado la burocracia administrativa colombiana en términos de la lentitud en la ejecución de programas y proyectos, así como también de los límites para la implementación de los mismos.

Ese afán también ha aparecido en la pugna entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional frente a los decretos de emergencia económica y social tanto en La Guajira, como el Estado de Excepción regional en el Catatumbo, donde varias de estas directrices han sido derrumbadas por la corte por vicios en su trámite, así como falencias técnicas internas, en la que la jurisprudencia ha señalado que se han extralimitado en sus funciones y misionalidad.

Esto, en tanto el gobierno ha intentado usar esta figura para realizar algunos experimentos territoriales frente a algunos aspectos de su agenda de reformas, especialmente frente a la implementación del nuevo modelo de salud.

—Corolario: el presidente Petro vuelve a referirse de manera desobligante en términos raciales y de género

Fuente: Semana.com

Sin embargo, lo que quedó impreso en la opinión pública frente a la alocución presidencial y el Consejo de Ministros fue la dispersión discursiva que el presidente tuvo a lo largo de la noche, que se manifestó en dos momentos.

Primero, en la alocución presidencial, Gustavo Petro tuvo varios lapsus donde se refirió, entre otras cosas, al choque de trenes que tiene con los grandes medios de comunicación, a quienes acusó de tergiversar la información de la Contraloría para generar una narrativa favorable a las EPS, además de haber “expropiado” la señal y el espectro electromagnético, que debería ser público.

Así mismo, hizo varias referencias al pensamiento dialéctico como base fundamental del pensamiento filosófico para evitar el engaño mediático y como herramienta de acción, así como equiparó la situación actual del país con la colonización española y llamo a una segunda independencia; mencionó la posibilidad de trasladar la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena, en honor a San Basilio de Palenque como el primer territorio libre de América; relató cómo algunos médicos uribistas lo han insultado y una situación en Pereira donde una pareja se molestó por falta de atención; y hasta narró la peculiar situación de los hipopótamos en Doradal, conectándola con la adoración a Pablo Escobar y proponiendo su traslado a la India.

Por otro lado, estas dispersiones se acompasaron luego con las declaraciones en el Consejo de Ministros, donde fue mucho más directo en sus críticas. Al referirse a las tensiones internas en el Ministerio de la Igualdad, el presidente Petro mencionó: "A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales de Paris. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París (...) con el libro de Marx subrayado".

Sus declaraciones sobre las mujeres tampoco pasaron desapercibidas. Frente a los conflictos internos en su gabinete, señaló: “"Por eso los mayores problemas de este gobierno es la pelea de vendetta a muerte, porque se tiran a las personas, más en las mujeres. Oiga, oiga, nosotros tenemos que demostrar que el poder debe ser de las mujeres, pero — sé que ya me van a levantar a palo mañana—, pero (sic) aquí sabemos cómo es. Yo me pasé el 80% de mi tiempo en la alcaldía —no tanto en la presidencia— atendiendo los conflictos entre las mujeres internos (sic), no de afuera, sino aquí. Eso es terrible, yo me canso".

Estas declaraciones, junto con la dispersión, han generado especial ruido en los movimientos sociales cercanos al gobierno, quienes han señalado que el presidente, con este discurso, estaría privilegiando una narrativa conservadora y subordinada, en la que las comunidades afro y las mujeres seguirían sufriendo de violencias vedadas, incluso dentro de un gobierno alternativo que dice defenderles y representarles, al mismo tiempo que demostraría el interés del gobierno por fragmentar los discursos de estos movimientos para hacer más fácil su integración al proyecto del Pacto Histórico.