Tierra para las que la trabajan: la deuda histórica con las mujeres rurales

Por: Natalia Reina- Investigadora nacional

En Colombia, tener tierra sigue siendo un privilegio; y para las mujeres rurales, una lucha desigual y permanente. Aunque el gobierno Petro ha adjudicado un considerable número de hectáreas a mujeres, en contraste con el gobierno Duque; las cifras revelan que ellas siguen recibiendo apenas una fracción de lo que acceden los hombres. Mientras tanto, la reforma agraria con enfoque de género aún tiene largo trecho por recorrer.

Los movimientos campesinos y de mujeres fueron dos de los grandes nichos electorales que respaldaron en las urnas a Gustavo Petro y Francia Márquez. La promesa por fortalecer el campo y la justicia social ha sido una constante durante lo corrido del gobierno, tanto así que incluso, el Plan Nacional de Desarrollo, en el numeral 6 del subpunto 1, define las disposiciones para la “Tenencia en las zonas rural, urbana y suburbana formalizada, adjudicada y regularizada”.

No es novedad que la tierra haya sido uno de los principales temas de disputa en la historia de Colombia, y con ello, las comunidades rurales han tenido múltiples reveses para el acceso y formalización de la misma. Sin embargo, el escenario para las mujeres rurales ha dejado en evidencia la desigualdad histórica a la que se han enfrentado. Según el DANE,  en la mayoría de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de 3 hectáreas o más,  las decisiones son tomadas solo por hombres; el tamaño de los predios de los cuales son propietarias las mujeres, suele ser menor a los de la población masculina, limitando su capacidad productiva.

A lo anterior se suma la desigualdad de género en el acceso a financiación de proyectos productivos, en las cargas del trabajo del cuidado no remunerado y en los bajos índices de escolarización en el campo.  Pese a ello, las mujeres rurales no han parado de alimentar al país, asumiendo roles de liderazgo en sus comunidades, abanderando luchas por la defensa del territorio y la vida; así como la preservación de la memoria y la construcción de paz.

El Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016, dejó consignado en el punto 1 la “Reforma Rural Integral”, que pretendía la transformación estructural del campo y promover la igualdad. Los esfuerzos de la derecha política por “hacer trizas el acuerdo”, tuvieron repercusiones evidentes en su proceso de implementación. El escenario de las mujeres rurales da cuenta de ello.

Según datos entregados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a Pares, durante los primeros dos años del gobierno Duque (2018-2019), se adjudicaron 21.597,2 hectáreas a mujeres; mientras tanto, para el mismo lapso del gobierno Petro (2022-2023), la adjudicación fue de 67.719,8. De hecho, tan solo en los dos primeros años del “Gobierno del Cambio” se han entregado más hectáreas de tierra a mujeres, que la cantidad adjudicada a esta población en el cuatrienio del gobierno Duque (2018-2021), correspondiente a 52.169,3. Tan solo en el 2023 se entregó la mayor cantidad de hectáreas a mujeres en lo corrido de los últimos ocho años.

Ahora bien, al revisar las cifras de adjudicación de hectáreas, se evidencia que el género masculino ha sido ampliamente beneficiado por los dos gobiernos. Desde el año 2016 hasta 2024, las mujeres han recibido 129.203,6 hectáreas, en comparación con las 236.750,9 entregadas a hombres, es decir, durante el mismo lapso, a las mujeres se les ha adjudicado casi la mitad del total a los hombres. Lo anterior expone que, a pesar de los avances del gobierno Petro por dignificar la vida de las mujeres rurales y fortalecer la tenencia de tierras para ellas, aún persiste una brecha profunda y que urge reducir; especialmente si se tiene en cuenta que el 48,2% de la población rural está representada por mujeres.

Tabla 1: Hectáreas adjudicadas por la Dirección de Acceso a Tierras, según género entre 2016-2024

Año	Femenino	Masculino
2018	6014,2	13893,5
2019	15583,0	28223,9
2020	9607,3	16679,6
2021	20964,8	41708,0
2022	23152,4	45265,9
2023	44567,4	69887,8
2024	1875,9	3173,6

Elaborado por Pares. Fuente: ANT

Cabe mencionar que, en el último año, la adjudicación ha tenido una reducción considerable en contraste con las vigencias previas alcanzadas por el gobierno Petro. Para el caso de las mujeres, en 2023, la cantidad de hectáreas adjudicadas fue de 44.567,4, y en 2024 pasó a 1.875,9, es decir que tuvo una disminución de casi el 95%. Esto, expone la necesidad de garantizar acciones sostenidas y progresivas, acompañadas de programas de acceso a crédito que contribuyan a la financiación de proyectos productivos.

Lo anterior es relevante en tanto que la tenencia de la tierra por sí misma no garantiza la seguridad alimentaria, ni la independencia económica de las mujeres rurales. Se requiere capital suficiente para trabajar la tierra y generar solvencia económica para ellas y sus familias. Esto, mediante la transformación y la agroindustrialización del campo, y no solo la mera adjudicación y formalización.

A propósito de la formalización, el inicio del gobierno Petro logró resultados importantes en materia de titulación para mujeres; no obstante, los últimos dos años ha presentado dificultades: en 2022 se entregaron 8.411 títulos a mujeres, pero en 2024 disminuyeron a 264, es decir, una reducción de casi 96%.

En marzo de 2025, el director de la ANT anunció el Programa Especial de Adjudicación de Tierras para Mujeres Rurales, con el propósito de “agilizar” la equidad de género en la Reforma Agraria, al establecer los criterios y el procedimiento para la selección de beneficiarias de adjudicación de predios rurales.

El programa incluye Líneas Especiales de Crédito con tasa preferencial para la población beneficiada, así como “insumos técnicos de diagnóstico y priorización que permitan identificar las medidas necesarias para corregir la inequitativa distribución de derechos de propiedad”.  La efectividad de dicho programa radica -entre otras cosas- en la articulación de las entidades competentes como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para materializar estrategias y no limitarse a la mera elaboración de diagnósticos y diseños de acciones.

Ahora bien, el gobierno Petro ha realizado múltiples esfuerzos para agilizar el acceso a la tenencia de la tierra, y por consiguiente avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, ejemplo de ello, fueron los constantes llamados de Petro al Congreso de la República para viabilizar la jurisdicción agraria. Dicho proyecto de ley pretendía el acceso a la justicia a los campesinos y a las comunidades rurales; a través de la promoción de instituciones y mecanismos de justicia ágiles y de fácil acceso para las poblaciones rurales.

Pese a que en junio de 2024 el Congreso aprobó la ley estatutaria que estructuraba la jurisdicción; la ley ordinaria de la misma no corrió con la misma suerte, pues debía ser discutida y avalada por la plenaria del Senado y Cámara antes del 20 de junio de 2025, hecho que no sucedió.

La aprobación de la ley ordinaria era clave en tanto que definiría el componente operativo, es decir, las competencias, principios y procedimientos para materializar la jurisdicción en los territorios rurales. Sin ella, la jurisdicción agraria no tiene dientes y la esperanza de la población rural en Colombia con alternativas de justicia rápidas y eficientes, una vez más está lejos de hacerse real. Al mismo tiempo, las probabilidades de que este proyecto de ley sea presentado y aprobado en la última legislatura, son prácticamente nulas, pues como es sabido, los congresistas priorizaran la carrera electoral de 2026.

Por lo pronto, la posibilidad más palpable para las mujeres rurales, encaminada a fortalecer sus derechos sobre la tierra y dignificar su calidad de vida, está depositada en el Programa Especial de Adjudicación de Tierras para Mujeres Rurales de la ANT. En resumen, el último año del gobierno Petro es decisivo: o consolida los avances, o deja pasar la oportunidad histórica de saldar una de las deudas más profundas con las mujeres rurales.

Para finalizar, la decisión del Congreso de dejar hundir la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, demuestra –una vez más- que las estructuras de poder siguen dando la espalda al campo y a las mujeres que lo sostienen. La tierra, sin garantías de productividad, educación, autonomía y justicia, sigue siendo un derecho a medio camino.