Por: Luis Eduardo Celis
El gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha liderado la construcción del Plan Nacional de Desarrollo bajo el apersonamiento de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento de la gestión pública, allí quedan consignadas las prioridades de un gobierno y marca su derrotero de actuación.
En el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, sancionado el pasado viernes 19 de mayo en una comunidad indígena en Puerto Inírida en el Departamento de Guainía, se tiene como prioridad avanzar en un ordenamiento democrático del territorio donde están las raíces de muchos de nuestros más graves problemas como sociedad.
Como lo dice Jorge Iván González cuando se refiere a este Plan, titulado Colombia potencia mundial de la vida, somos seres espaciales y temporales, lo cual puede ser una obviedad, pero en la sociedad colombiana está la dimensión de que tenemos un pésimo uso de nuestro territorio y que en ese pésimo uso están las explicaciones a grandes problemas por superar.
Una concentración extrema de la propiedad rural en la que menos del tres por ciento de los propietarios tienen el control de un tercio del territorio en uso para dinámicas económicas, en este caso para un mal uso –porque las 40 millones de hectáreas en pastos tienen la economía mas ineficiente del mundo, como lo es la ganadería colombiana–, es quizás el tema más extremo y complejo que tiene que afrontar un ordenamiento democrático del territorio y en el que está una de las raíces de nuestras largas violencias por superar.
En las cincuenta y cinco millones hectáreas hoy en actividad económica y pésimamente utilizadas, hay que volver a lograr un crecimiento de la agricultura para recuperar la soberanía y seguridad alimentaria perdida en las últimas tres décadas. Hoy importamos más de veinte millones de toneladas de alimentos al año, que en buena medida se pueden producir en Colombia y que podrían exportarse aprovechando el potencial de que somos parte de un pequeño grupo de países que aún pueden hacer crecer su producción agrícola, en un mundo que siempre tendrá como prioridad los alimentos –o que lo digan los chinos que han comprado enormes extensiones de tierras en África y América Latina, conocedores de la importancia de garantizar alimentos para su población que sigue creciendo, para colocar solo un ejemplo–.
Colombia debe lograr en las próximas dos décadas pasar de las seis millones de hectáreas que hoy producen alimentos a veinte millones de hectáreas en producción de una amplia variedad de productos que nuestra bendecida naturaleza nos posibilita producir. Y con esta enorme operación de reordenamiento territorial lo vamos a lograr: dejar atrás el narcotráfico, alimentar bien y a bajos precios al conjunto de nuestra población – de la que hoy un tercio pasa hambre, lo cual es una vergüenza– y exportar alimentos para fortalecer nuestra economía.
Si tenemos un campo próspero, con oportunidades para el mundo campesino, afro e indígena, vamos a dejar atrás las violencias organizadas que se sustentan en territorios donde el Estado social de derecho no existe y podremos construir ese Estado, lo cual implica promover derechos para las comunidades que hoy están al vaivén de los actores armados que se imponen sobre territorios donde se hace narcotráfico, minería sin adecuadas regulaciones y depredación ambiental. Todo esto debe ser superado construyendo economías legales e instituciones que garanticen derechos, enormes tareas que no hemos logrado en toda nuestra vida republicana.
Un Plan Nacional de Desarrollo que coloca al centro el ordenamiento territorial es un instrumento de acción que apunta a un tema central de la sociedad colombiana, enorme tarea, que implica muchas acciones para proteger los derechos de las comunidades y fortalecer la gestión pública local y regional. En esto último tendremos un derrotero de acción en los próximos meses con la Misión sobre Descentralización que coordina el maestro Darío Indalecio Restrepo y cuyo informe debe darnos una ruta de actuación para fortalecer el desempeño de alcaldías y gobernaciones, informe que llega en un momento en el que tendremos recambios en la gobernabilidad local y regional, sin duda una gran oportunidad para avanzar en tareas pendientes para lograr desempeños virtuosos en el estado local, donde se vive y se deben solucionar las múltiples necesidades de la ciudadanía.
Cuando se habla de proteger a la Amazonía o de hacer una transición energética, se habla de los territorios, su uso y potencialidades, todo ello y mucho más quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que guiará la acción de gobierno en estos años, enormes tareas por desarrollar pero, sin duda, tareas muy importantes que han sido postergadas por quienes no quieren territorios pacíficos, prósperos y con un real Estado social y de derecho en ejercicio.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.