Por: Germán Valencia. Columnista Pares. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
La tercera década del siglo veintiuno podría ser recordada por los colombianos como la época de grandes transformaciones institucionales. Los libros de historia económica, política, social y del derecho, que consultará las generaciones futuras, podrían contener el siguiente relato histórico de este decenio:
En la década de 2020 los colombianos vivieron un período especial. Iniciaron aquel momento con un encerramiento colectivo de casi un año, debido a la pandemia que los azotó. Al mismo tiempo, sufrieron un rebrote de violencia pública, en especial contra jóvenes y líderes sociales. Y finalmente, se les entregó una serie de informes sobre los horrores vividos durante el largo conflicto armado, por parte de la Comisión de la Verdad.
Estos hechos, junto a otros, sirvieron de detonante para que el país entrara en una ola de reformas sin precedentes. Entre ellas, la transformación de la Policía Nacional. Esta organización vivió un momento de crisis que sirvió para realizar una serie de cambios organizativos e institucionales necesarios por aquella época de posconflicto que se vivía.
Por aquel tiempo, a inicios de septiembre de 2020, un grupo de uniformados protagonizaron un brutal asesinato en un CAI de Bogotá de Javier Ordóñez, que se complementó, en dos días siguientes, con 13 ciudadanos más asesinados. Estas muertes provocaron el inicio de masivas protestas ciudadanas en todo el país; además de una sentida solicitud de reforma al organismo policial.
La reacción del Gobierno nacional, de la Dirección de la Policía, del Senado y de la ciudadanía fue aprovechar ese momento para hacer una transformación de la dependencia ministerial, de su estructura interna, del fuero legal, y, sobre todo, del modelo mental que tenía la Policía para ese momento.
La reforma a la Policía coincidió con la celebración de los treinta años de la Constitución de 1991. De allí que se retomara la naturaleza civil de ese cuerpo armado y se realizaron importantes transformaciones. Entre ellas, se pasó la Policía del Ministerio de Defensa al del Interior, separando de manera definitiva a esta organización de las Fuerzas Militares.
Los efectos de esa decisión fueron muy positivos. El cambio ministerial permitió quitar el fuero especial que tenía la Policía al pertenecer a la Fuerza Pública. A partir de ese momento, los delitos cometidos por la Policía comenzaron a ser juzgados por la justicia ordinaria.
Igualmente, a partir del inicio de esa década, la Policía asumió un trabajo coordinado con los mandatarios locales y regionales. Algo parecido a lo que se tenía antes de 1954, cuando la Policía dependía de las ordenes de las alcaldías y gobernaciones. Con ello, estas autoridades territoriales recuperan el control del orden público. Y se sometió la Policía a la obediencia civil y no militar.
Pero tal vez una de las mayores transformaciones de aquella década fue el cambio en el modelo mental de la Policía. Todo comenzó con el agradecimiento público de la ciudadanía a esa organización por el esfuerzo que había realizado entorno al conflicto armado interno, en especial en las guerras contra el narcotráfico y la lucha guerrillera. Al mismo tiempo que se les recordó la función social y convivencia ciudadana que tenían.
La ciudadanía quería darle un giro a la mentalidad guerrerista y de control público que tenía la Policía. Quería que ésta asumiera un papel de mediador entre la ciudadanía. La mentalidad para la guerra era inoperante en un escenario de pos-acuerdo. De allí que fue necesario una revisión de los programas de estudio de sus oficiales, y la centralidad de temas como los derechos humanos y resolución pacífica de conflictos en su capacitación periódica.
La ciudadanía le pidió a la Policía asumir de nuevo el reto de defender la convivencia ciudadana y la democracia. En este sentido se puede decir, que la participación de la ciudadanía en la reforma a la Policía tuvo éxito. Sirvió para darle una orientación ética, civilista, democrática, educativa y social. Se logró que la Policía se convirtiera en un actor de la protección de los ciudadanos y del libre ejercicio de sus derechos.
Fue un periodo de diez años (2020-2030) que le permitió al país ejecutar un proyecto de Modernización y Transformación Institucional de la Policía, con el que logró crear los planes policiales para el país, cambiar las metodologías de entrenamiento y formación, mejorar los gastos de los recursos públicos, estructurar la organización interna y precisar los protocolos de intervención.
En definitiva, fue una década de cambios institucionales que le permitió a la Policía afrontar el posconflicto y lograr un relacionamiento con la población civil en su funcionamiento interno. Fueron cambios necesarios para uno momento histórico de posconflicto, que permitieron consolidar la paz y fortalecer una organización grande y tradicional en el país, posibilitando cumplir el sueño de tener una Policía “más humana, más íntegra y más disciplinada”.
Que bueno sería que las próximas generaciones se encontraran con este relato histórico.
Comments