Tres tesis alrededor de lo que pasó tras la “marcha del silencio”
- Óscar A. Chala
- hace 1 día
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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Mientras Sergio Fajardo caminaba y era entrevistado por toda la carrera séptima de Bogotá, a la altura del Centro, varias banderas ligadas al movimiento hispanista (cercano a las derechas tradicionalistas españolas) aparecieron de fondo en el vídeo que posteriormente algunos medios de comunicación difundieron en sus redes sociales.
Cruces de Borgoña, banderas del Reino de Jerusalén y una de las banderas de batalla del irredentismo ruso, con un rostro de Cristo pantocrátor al estilo iconográfico medieval de esa región del mundo, terminaron adornando el ambiente sincrético que la llamada “Marcha del Silencio” tuvo durante toda su jornada.
Y aunque era una marcha que, en principio, se planteó como un acto para enviarle fuerzas al Senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ni terminó en silencio, ni tampoco se ciñó a esta única consigna. Por el contrario, la manifestación estuvo cargada de diferentes declaraciones políticas de varios de los precandidatos independientes y opositores y de algunos de los principales protagonistas en el enfrentamiento que en las últimas semanas ha tenido el presidente Gustavo Petro con el establecimiento político, como Efraín Cepeda, presidente del Senado, que marchó en su natal Barranquilla.
Tras una movilización que terminó llenando las principales plazas públicas del país, 3 grandes tesis emergen para entender cómo y por qué esta “marcha del silencio” se convirtió en uno de los puntos fundacionales de un nuevo mito, con el que las derechas aspiran a disputar el control del poder político al Progresismo, y cómo la institucionalidad parece plantarse como el próximo escenario en el que se dará este enfrentamiento entre estos dos grandes bloques, con miras hacia 2026.
—La calle (el terreno de la movilización)
Según los conteos que hicieron los Puestos de Mando Unificado tanto en Bogotá como en Medellín, más de 120 mil personas salieron a marchar en las horas de la mañana y tarde del pasado domingo 15 de junio, tras más de una semana del atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el Centro Democrático. 70 mil llenaron la Plaza de Bolívar y 50 mil lo hicieron en Medellín, con afluentes manifestaciones también en ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Sin un liderazgo claro, tanto las principales figuras de la derecha opositora (tanto uribista como no uribista), como María Fernanda Cabal, Mauricio Cárdenas, David Luna; algunos políticos independientes, como Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán, acompañaron la manifestación, que estuvo llena de banderas de Colombia y camisetas blancas, el símbolo con el que estos sectores opositores se han identificado desde el Paro Nacional de 2021.
Estas manifestaciones sucedieron inmediatamente después de las marchas convocadas por las principales centrales obreras y el llamado Comité Nacional para el Cambio (CNPC) el pasado miércoles 11 de junio, en la que el presidente Petro firmó el decreto de la convocatoria a la Consulta Popular, y de una marcha previa que ya sectores de oposición habían realizado el domingo 8 de junio, un día después del atentado contra Uribe Turbay.
Tanto las cifras de movilización de esta jornada, como la modesta asistencia de manifestantes a los plantones convocados en las principales ciudades de Colombia el miércoles pasado, queda claro que, en la disputa por los escenarios de movilización en las calles, el gobierno de Gustavo Petro parece estar perdiendo el pulso, al menos en esta coyuntura específica.
Igual era complicado sostenerlo en el tiempo. Con el ataque a Miguel Uribe, la posibilidad de desgaste de la movilización popular constante que quería el gobierno —de la que hablábamos en este artículo— se agudizó y ahora mismo la balanza se inclinó, de nuevo, hacia las movilizaciones convocadas y capitalizadas por la oposición y los sectores independientes.
No es para menos. El ataque contra Miguel Uribe —como también lo reseñábamos en este análisis— terminó pateando el tablero y la coyuntura en la que hasta ahora el gobierno tenía la iniciativa frente al panorama de movilización, y planteó un nuevo escenario en el que el gobierno no ha tenido la respuesta más estratégica frente a la misma.
Luego de que algunas organizaciones de la sociedad civil recomendaran no decretar la Consulta, Petro decidió mantener el camino de agudizar las contradicciones para forzar escenarios de negociación con el Congreso, lo que ha generado esta respuesta en calle.
En parte, la idea de generar una movilización sin ningún matiz político más allá de apoyar al precandidato —quien sigue en estado crítico— logró aglomerar a diferentes sectores políticos que de alguna u otra forma están conformando un bloque opositor muchísimo más amplio, entre quienes cuestionan algunos apartados de la gestión del gobierno y quienes abiertamente están en contra del mismo, pero tampoco se puede señalar que esta manifestación de fuerza en calle ha consolidado un frente unido antiprogresista.
De hecho, al igual que en varias de las manifestaciones que la oposición ha convocado a lo largo de los últimos 3 años, la falta de un discurso unificador y de un liderazgo claro han llevado a que los diferentes grupos políticos que convergen en ella no hayan podido capitalizar esa fuerza de manera mucho más contundente. En parte, porque quienes han confluido allí tienen también fuertes diferencias entre su propio discurso político (especialmente entre grupos independientes y los sectores más radicales de derecha) y porque siguen manteniendo un discurso reactivo al del presidente.
El presidente Petro, al igual que algunos de sus funcionarios, intentaron capitalizar la jornada con la declaración de que esta era la manifestación de que la democracia no estaba en riesgo y que todos los sectores políticos podían salir a manifestarse con garantías.
Sin embargo, la jornada, que en teoría era ‘apolítica’, terminó siendo una manifestación abiertamente opositora al gobierno. Del mismo modo, también fue una marcha a la que, en su mayoría, asistieron pocas personas que componen las bases sociales y políticas del Progresismo, por lo que también tuvo un componente de clase, donde las clases medias y altas hicieron mayor presencia.
—La construcción del nuevo mito de la derecha (la disputa simbólica)
No obstante, si hay un sector político que capitalizó bastante esta jornada de movilización fueron los sectores de derecha, tanto moderada como radical, porque con el atentado a Miguel Uribe Turbay han podido consolidar el elemento faltante para construir su narrativa y consolidar su mito, con el que esperan contravenir eventualmente al Progresismo en las próximas elecciones de 2026 y hacia el futuro.
Estos bloques opositores necesitaban con urgencia la construcción de ese mito. Tal como lo señalamos en nuestro especial analizando la fragmentación de los partidos políticos, tanto la derecha uribista como la derecha moderada no-uribista tienen un problema para emerger con un nuevo discurso político en un momento en el que Álvaro Uribe está saliendo de la escena política y las premisas del programa político uribista se están quedando rezagadas frente a las nuevas reconfiguraciones y necesidades sociales y políticas que la transición posterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 trajo consigo.
¿En qué se basa este nuevo mito? En un reencauche del discurso de orden, seguridad y estabilidad económica, pero ajustado a la idea de un nuevo riesgo, mucho más interno. Si en 2002 el riesgo era externo al Estado y se personificaba en los grupos guerrilleros que disputaban el monopolio de la fuerza y la posibilidad de que agudizaran el conflicto tras el fracaso de los diálogos de El Caguán, este nuevo riesgo hacia 2026 es interno, y se personifica en Gustavo Petro y su gobierno, de tal manera que ven en su agenda legislativa y en sus intentos por promover un modelo democrático mucho más deliberativo y plebiscitario un peligro que puede destruir la estabilidad política (democracia); económica (modelo de libre mercado) e institucional (intervención interna y externa en el aparato del Estado).
En cierto modo, la construcción de este nuevo mito desde la derecha parte de contrarrestar las peticiones más radicales de la agenda de demanda sociales que emergió desde 2019 a través de la urgencia por volver a un modelo de estabilidad política, económica y social en el que se puedan gestionar estas demandas, sin perder su identidad en las agendas de orden, seguridad y confianza del sector privado.
Del mismo modo, este mito no es solo una narrativa de victimización a partir de un hecho de violencia político-electoral, sino la construcción de una nueva plataforma con capacidad de cohesión, que les permite a estos sectores proyectar un nuevo liderazgo, reconstruir su identidad y disputar la legitimidad democrática en el terreno simbólico. Tal como en 2018, los proyectos de derecha temen una transformación institucional profunda que los aleje de los escenarios del poder político.
—La disputa por los proyectos políticos se está dando en el marco de las instituciones y el Estado (el escenario estructural)
La emergencia de este nuevo mito para la derecha (y la manifestación de su construcción con la “marcha del silencio”) termina por cerrar el reflujo que había iniciado la semana anterior con el ataque a Uribe Turbay, y equipara la correlación de fuerzas con el Progresismo, que conserva su mito bajo la idea de la traición de los aparatos del Estado por implementar la agenda reformista del gobierno, la necesidad de consolidar nuevas estructuras en democracia que permitan mayor participación directa de la sociedad en la toma de decisiones, y la defensa de un programa político centrado en la solución a los problemas de desigualdad social en el país, frente a una serie de élites políticas y económicas que se niegan a ese cambio y generan los bloqueos que han impedido la negociación y el diálogo.
Esto significa que hay dos grandes bloques políticos ahora mismo en disputa, que han puesto en discusión dos modelos de país y dos modelos de democracia, que se están tornando irreconciliables. Como consecuencia de lo anterior, la institucionalidad ya no tiene la capacidad de contener y canalizar las tensiones en el marco de aquella disputa, porque es el mismo escenario donde ambos bloques están chocando, por lo que esta crisis política no es meramente coyuntural, sino estructural: afecta los cimientos del sistema representativo y la capacidad de las instituciones para procesar el conflicto político.
En parte, por esta razón es que las negociaciones en el marco de resolver esta crisis política van a tender a la fragilidad y, en general, no va a ser tan fácil llegar a un escenario de desescalamiento a nivel político, así como tampoco habrá muchas ventanas de negociación entre estos bloques, en tanto el choque entre estos dos grandes bloques tiende a favorecer escenarios de polarización, donde la presencia de figuras más carismáticas con narrativas mucho más radicales tiende a cerrar espacios e invisibilidad a los discursos más moderados.
Es por ello que los llamados sectores de “centro” (tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, así como los partidos tradicionales atrapalotodo) también están en un momento crítico existencial, en tanto la radicalización política en el país puede llevar a que pierdan base electoral, conforme estos dos bloques tiendan a hegemonizar la conversación pública, reduciendo el margen de maniobra de discursos considerados intermedios o matizados.
Lo anterior ya se puede observar tanto con la fallida escisión del Partido Alianza Verde (que ya trabajamos en este artículo), como con las fracturas dentro del Partido Liberal y el Partido de la U, en la que los sectores que se han roto han tendido casi siempre hacia alguno de los dos polos, por lo que la independencia política de estos partidos se irá potencialmente decantando.
—A modo de cierre
Lo que suceda esta semana que inicia será fundamental para saber qué curso toma la crisis política en el país. La discusión sobre la revivida reforma laboral (a la que le faltan solo 12 artículos para ser aprobada en Senado y llegar a conciliación entre ambas cámaras) determinará si la narrativa de consenso en la que se ha plantado el llamado “centro” y los partidos independientes funciona y les permite construir también una narrativa con la cual sobrevivir al choque entre el Progresismo y la oposición de derechas.
Del mismo modo, la votación que realice el Senado sobre la segunda Consulta Popular presentada por el gobierno y el resultado de la reforma laboral también incidirán sobre la decisión de retirar o mantener el decreto de convocatoria a la primera Consulta Popular por parte del presidente Petro.
En esa misma vía va la decisión que tomará el registrador nacional, Hernán Penagos, de reconocer el decreto de la Consulta o, bajo el argumento de excepción de inconstitucionalidad, abstenerse de tomar una decisión y dejar en manos de las Altas Cortes el destino de la Consulta Popular.
Al mismo tiempo, este lunes 16 de junio, el gobierno volverá a medirse en las calles, luego de la “Marcha del Silencio” con una nueva jornada de movilización por las reformas sociales y la Consulta Popular. Sin embargo, el hecho más importante se dará en la Curia Arzobispal, en la que el presidente Petro, junto con el presidente del Senado y las principales cabezas de las Altas Cortes y los entes de control están llamados a una reunión con el cardenal primado de Colombia, José Luis Rueda, para tratar de abrir los canales de negociación y de diálogo y frenar el choque interno y la fragmentación que vive ahora mismo el Estado.
¿Funcionará? Luego de la 1:00 pm habrá de salir humo blanco, aunque el ambiente denota desconfianza y falta de reconocimiento entre los mismos actores en disputa.
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