El atentado a Miguel Uribe agravó la crisis política en Colombia y acentuó la polarización

Por: Oscar A. Chala Padilla, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

El país se estremeció el pasado fin de semana con las imágenes y vídeos que circularon sobre el atentado que sufrió el precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que hicieron rememorar parte de los tiempos más oscuros de la historia de Colombia.

Este ataque, que ha sido rechazado por todos los sectores políticos, los gremios económicos y la mayor parte de la sociedad colombiana, ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema político colombiano ante el uso de la violencia como herramienta de competencia a nivel electoral, y la posibilidad de que el regreso a ciclos políticos marcados por el uso de la misma como forma de dirimir el disenso y las contradicciones políticas (como lo señala Francisco Gutiérrez Sanín) se esté manifestando en la coyuntura, y ponga en riesgo los consensos y pactos institucionales que desde la Constitución de 1991 se construyeron para garantizar la participación política en democracia.

Ante ese riesgo, el gobierno de Gustavo Petro ha buscado reaccionar convocando a los partidos y a los actores políticos para garantizar que el ejercicio electoral a 2026 sea seguro para la mayoría de los candidatos. No obstante, la crispación política ha venido creciendo en las últimas horas, y todos los sectores políticos se han acusado mutuamente de la responsabilidad del hecho. ¿Qué se rompió con el ataque a Miguel Uribe? Trataremos de resolver esta pregunta desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad.

Lo que se rompió con el atentado a Miguel Uribe Turbay

Fuente: BBC Mundo.

Aunque en la mayoría de los informes que se han realizado desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad haciendo seguimiento a la violencia político-electoral tanto en los comicios de 2022 como de 2023 se ha establecido que este fenómeno se ha mantenido constante, la novedad frente a las formas de expresión de la violencia política es que se da contra un precandidato a la presidencia en plena campaña, a un año de las elecciones legislativas y presidenciales, y en medio de un ambiente bastante polarizado políticamente en el país.

No es para menos. El último atentado contra la vida de un candidato a la presidencia fue el 26 de abril de 1990, con el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, de la Alianza Democrática - M-19, por parte de un sicario en un avión que le llevaría a Barranquilla, y el último hecho victimizante fue cuando la guerrilla de las FARC secuestró a Ingrid Betancourt en febrero de 2002, previo a las elecciones de ese año. Recientemente, en marzo de 2018, la caravana que llevaba al entonces candidato Gustavo Petro fue atacada con un objeto contundente en Cúcuta, en la que el hoy presidente salió ileso.

No obstante, las cifras de violencia político-electoral en Colombia se han mantenido altas en los últimos años. Frente a procesos electorales nacionales, la Línea de Democracia y Gobernabilidad señaló al cierre de su especial de informes en 2022, 222 víctimas de 179 hechos victimizantes a lo largo del año electoral (13 de marzo de 2021 – 13 de mayo de 2022). De estos hechos, 29 fueron asesinatos, 68% de los hechos victimizantes no tuvieron una autoría clara o su autoría es desconocida, y se ciñó en su mayoría sobre funcionarios públicos locales (alcaldes, concejales) y candidatos a la Cámara de Representantes.

Es el mismo panorama si observamos las elecciones a nivel local y regional, donde la Línea encontró en su informe de cierre, para el 25 de octubre de 2023, que hubo 325 víctimas únicas en más de 262 hechos victimizantes asociados durante el año electoral (29 de octubre de 2022 – 25 de octubre de 2023), de los cuales hubo 51 atentados y 37 asesinatos, y que se concentró en candidatos y precandidatos a cargos de elección popular. De estos hechos, más del 75% fueron ejecutados por agentes desconocidos, y solo el 25% fue realizado por algún grupo armado en particular.

Conociendo este panorama previo, y sabiendo de antemano que el escenario electoral en Colombia es particularmente violento a nivel territorial, ¿qué terminó por romperse con el atentado contra Miguel Uribe Turbay?

Con la información previa existente, es claro que el consenso frente al rechazo del uso de la violencia como herramienta de competencia electoral se acaba de quebrar a nivel nacional, haciendo posible que los fenómenos que se habían rastreado a nivel territorial y local se expandan como estrategia a nivel nacional, en respuesta a dos grandes fenómenos que han alimentado la polarización política.

a). Por un lado, una reconfiguración política del panorama ideológico del país, que se abrió con el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 y se ha agravado con la consolidación de un nuevo eje político entre una derecha uribista que se opuso totalmente al acuerdo de paz y que está buscando reencontrarse en un escenario post-uribista, y un bloque político ligado al post-conflicto, la paz y la urgencia por resolver demandas sociales (Santos en un primer momento; Petro posteriormente).

b). Por otro, la creciente desigualdad en el país, que ha llevado a que la división entre subalternidades (obreros, campesinos, estudiantes, jóvenes, mujeres, entre otros) y élites se haya agravado en los últimos años. Esta desigualdad ha estallado en dos grandes paros nacionales (2019 y 2021) en el que quedó de manifiesto que tanto el bloque de las élites nacionales como el bloque subalterno están fracturados, no tienen el mismo mensaje, perspectiva y soluciones para resolver aquella desigualdad. Esto, agravado por la violencia con la que el Estado respondió ante ambos paros, junto con las confrontaciones en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Medellín, donde grupos ciudadanos se confrontaron con manifestantes.

Ambas situaciones han llevado a una mayor radicalización discursiva y al aumento de un descontento entre un sector social que ha comprendido que las soluciones a sus problemas pueden no estar pasando por los mecanismos institucionales, frente a un amplio grupo de gremios económicos, partidos y burocracias que se han cerrado a escuchar las demandas sociales o buscan tramitarlas de manera gradual y lenta.

En parte, estos dos fenómenos explican al final el devenir del gobierno de Gustavo Petro que, como contamos en este, este y este artículo, buscó la salida de la Consulta Popular y ha radicalizado su discurso como respuesta al bloqueo político que los partidos políticos independientes y opositores han ejercido desde mediados de 2023 en el Congreso para el trámite de su agenda de reformas.

Del mismo modo, este atentado marca una ruptura simbólica en la narrativa que había delimitado la violencia política a lo local y territorial. Su irrupción en el centro del poder político nacional, dirigida contra un precandidato presidencial de alta visibilidad, indica que la violencia ha dejado de ser un fenómeno marginal o periférico para insertarse en el corazón mismo del debate democrático nacional en Colombia.

Además, este atentado se estaría enmarcando en un contexto donde el sistema político colombiano enfrenta una crisis de representación, y donde la democracia representativa liberal como idea estaría siendo confrontada por ejercicios de democracia mucho más directa a partir de lo plebiscitario, frente a la potencial incapacidad del modelo por resolver los dos factores de polarización enunciados anteriormente.

A esto hay que agregarle el potencial agotamiento de las vías institucionales para tramitar por canales efectivos la contradicción, el antagonismo y la mediación pacífica. El atentado ha llevado a que muchas voces desde todos los bloques políticos busquen argumentos para la negación del contradictor político, ya fuese a partir de culpar al gobierno del ataque y señalarlo responsable de manera directa o indirecta, o señalar que el ataque fue un autoatentado o un ataque de falsa bandera.

El camino al desescalamiento está lleno de buenas intenciones, ¿bastará?

Fuente: El Espectador.

Como respuesta a la efervescencia que ha llenado las redes sociales en las últimas horas entre sectores políticos buscando responsabilidades, omisiones y culpables, la mayoría de los partidos políticos en el país han hecho un llamado a la calma y a la no-violencia. En las horas de la tarde del domingo, todos los partidos que componen al Congreso firmaron un documento rechazando el ataque a Miguel Uribe, y pidiendo que en las próximas horas la ciudadanía realice un ejercicio de reflexión donde se valore que estos actos socavan y ponen en riesgo la democracia y la participación política en el país.

Fuente: X/Twitter.

Del mismo modo, el gobierno nacional, tras la alocución de 40 minutos que el presidente de la República realizó ante el acontecimiento, ha llamado a una reunión extraordinaria este lunes a las 5:00 pm con todos los partidos políticos para analizar la situación de seguridad de cara a las elecciones de 2026. En horas previas también se reunirá la Comisión de Garantías Electorales, con la misma finalidad.

Este llamamiento ha venido acompañado con el refuerzo en la seguridad de cada precandidato, ordenado por el presidente el sábado en la noche, y con las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quienes están encargados tanto de encabezar estos esfuerzos como de hacer seguimiento a las investigaciones que la Fiscalía, la Policía y el Departamento de Inteligencia ya comenzaron.

Sin embargo, ante los llamados de los partidos, de sus voceros y de todo el país político para calmar las aguas y evitar mayores confrontaciones, la realidad es otra, y los ánimos se han caldeado durante varios momentos tanto en la concentración de personas que se han reunido alrededor de la entrada a urgencias de la Fundación Santa Fe (clínica donde se encuentra convaleciente Miguel Uribe), como en las declaraciones de los precandidatos que han asistido al centro médico.

Por un lado, en varias ocasiones, la gente reunida ha vociferado cánticos en contra del gobierno Petro, al que siguen acusando de ser el principal responsable del ataque. La tensión se percibió al máximo en la madrugada del domingo, cuando varios funcionarios del gobierno llegaron al centro asistencial para conocer pormenores del estado del precandidato uribista, así como en la mañana y tarde, cuando una periodista de RTVC fue amedrentada por varios de los manifestantes. La agresión fue tal, que periodistas de otros medios debieron intervenir para evitar que los ataques transgredieran los insultos y agravios.

Por otro lado, las declaraciones de varios precandidatos en la sala de espera principal del Hospital Universitario han versado sobre el mismo argumento, que ha sido señalar al gobierno Petro de ser responsable del ataque y de exigir al mismo gobierno garantías de participación política y en el ejercicio de la oposición.

Victoria “Vicky” Dávila; Francisco Barbosa; Jhonatan Ferney Pulido “JP” Hernández; y figuras políticas como Fabio Valencia Cossio y Daniel Briceño, han declarado que el ambiente de crispación política que inunda hoy al país es culpa de los llamados del gobierno a la acción política directa, a la “guerra a muerte” y a desconocer las instituciones, y le han exigido al presidente que tome una postura conciliadora y abierta.

Del mismo modo, la respuesta desde los sectores más radicales del progresismo no ha ayudado a bajar las aguas, y ha enrarecido mucho más el ambiente, especialmente en redes sociales, donde la confrontación entre bloques políticos se ha mantenido al rojo vivo en las últimas horas.

Lo cierto es que el atentado ha dejado al descubierto un deterioro profundo en los pactos mínimos de convivencia democrática. El hecho de que actores políticos recurran a la deslegitimación total del adversario, incluso antes de que existan conclusiones judiciales claras, evidencia que el lenguaje de la confrontación ha desplazado al del disenso legítimo.

Igualmente, los ataques han escalado hasta el punto en el que Angie Rodríguez, directora del DAPRE, ha salido a denunciar que ella, Armando Benedetti y algunos funcionarios del gobierno, entre ellos el mismo presidente, han sido amenazados.

A modo de cierre:

En este contexto de creciente polarización, con un lenguaje político cada vez más incendiario y una institucionalidad tensionada al límite, el atentado contra Miguel Uribe Turbay no solo debe ser leído como un hecho aislado de violencia electoral, sino como un síntoma de una fractura más profunda en los consensos que sostienen el sistema político colombiano.

La deslegitimación del contradictor, la instrumentalización del miedo y el cierre de los canales de mediación política estarían augurando un escenario cada vez más hostil para la deliberación pública y la participación electoral libre.

Si las medidas tomadas por el gobierno nacional y las que tomen los actores políticos en los próximos días no restablecen las mínimas condiciones de confianza, diálogo y garantías mutuas entre los actores del sistema, lo que hoy parece una coyuntura podría convertirse en un punto de no retorno para la democracia colombiana.