Navegando por una delgada línea roja, el presidente Petro decretará la Consulta Popular

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

Lo que empezó como una declaración de Armando Benedetti luego del medio día, terminó con una confirmación del presidente Petro en la noche, en medio de una alocución presidencial que duró media hora en los canales nacionales públicos y privados. La Consulta Popular, contra todo pronóstico, será decretada, bajo el concepto de que el Senado cometió varias irregularidades en la votación de la misma, por lo que la votación que la terminó hundiendo no sería válida y el gobierno tendría vía libre para decretarla, con sus 12 preguntas originales.

En esa alocución el presidente aseveró, además, que estaba siendo víctima de una persecución de la llamada “Junta del Narcotráfico”, establecida presuntamente en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y que estaría buscando matarlo, luego de que el presidente denunciara la influencia del reconocido contrabandista alias “Papá Pitufo” en amplios escenarios del Estado y propusiera a Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía.

Con la apertura de un fuerte frente jurídico en su contra, el presidente se arriesga con una nueva movida que termina por romper las vías de negociación institucionales y avanzar por una vía excepcional que lo lleva al margen de la legalidad, profundiza en el antagonismo entre pueblo y Congreso que ha ido alimentando desde el pasado 1ro. de mayo con el acto de la Espada de Bolívar, y estaría ambientando la necesidad de un cambio institucional profundo de cara a 2026.

—Petro quitó el primer ladrillo del muro institucional y se asomó a ver qué había

Fuente: Presidencia de Colombia.

En los medios de comunicación y las redes sociales ya se venía ambientando que Gustavo Petro tomaría la decisión de decretar la Consulta Popular, apoyado en los criterios jurídicos de sus asesores. Dos expresidentes de la Corte Constitucional (Eduardo Montealegre y Luis Ernesto Vargas), junto con el abogado Yefferson Dueñas fueron los que terminaron por concretar el concepto jurídico con el que el gobierno aspira a enfrentar el aluvión de demandas cuando firme y emita el decreto.

No es para menos. Frente a las declaraciones ya el presidente del Senado, Efraín Cepeda, indicó que en el mismo momento en el que el gobierno firme el decreto, instaurarán acciones judiciales para evitar que el proceso surta efecto. Del mismo modo, ya varias organizaciones de la sociedad civil (como la Fundación para el Estado de Derecho), abogados y juristas han indicado que están preparando todo el andamiaje legal para evitar lo que consideran como la ruptura del orden constitucional en el país.

Aunque el gobierno ya había elegido desde al menos mediados de 2023 la vía de los decretos y las emergencias sociales y económicas, junto con el estado de conmoción interior en el Catatumbo, para implementar de manera parcial algunas de las premisas fundamentales de su paquete de reformas sociales, el que decida decretar la Consulta Popular con un concepto jurídico aún en debate le estaría llevando a romper uno de los límites que el sistema político le impone.

Específicamente, estaría consolidando en la práctica la ruptura con la sujeción al trámite legislativo representativo como única vía para refrendar transformaciones estructurales, en medio de la discusión que se ha abierto en el país sobre si la democracia representativa ha bastado para resolver las necesidades del país, y la emergencia de medidas en el marco de lo que permite el Congreso con los mecanismos de participación ciudadana para someter a discusión y votación iniciativas de manera mucho más directa.

Esta ruptura ha sido interpretada por los partidos políticos y los gremios económicos como una intentona de “golpe de Estado”, quienes han llamado a que el sistema de pesos y contrapesos reaccione y a las autoridades a que eviten de cualquier modo que la iniciativa del presidente tenga efecto.

Fuente: Cuenta de X de Ricardo Ospina.

Según La Silla Vacía, en caso dado de que el presidente decida lanzar el decreto, la pelota caería en la cancha de las autoridades electorales y de las autoridades judiciales a donde seguramente llegue el proceso.

Por un lado, el registrador nacional, Hernán Penagos, queda en el dilema de aceptar el decreto y comenzar el trámite administrativo para llamar a la votación; por el otro, tanto como si Penagos aceptara o se negara al decreto, las demandas que se interpondrán contra el recurso llegarán eventualmente a la Sección Quinta del Consejo de Estado —famosa porque, como contamos en esta historia, allí se han caído varias de las personerías jurídicas de algunos partidos aliados al gobierno, como también han sido inhabilitados varios excongresistas del Pacto Histórico—, donde la corte deberá tomar decisión y emitir jurisprudencia.

Aunque ya se puede prever que, en caso dado, el concepto del Consejo de Estado será desfavorable, luego de que en la tarde del 3 de junio indicara en un auto que la votación del Congreso fue legítima, y que por ende el proceso de la consulta se había terminado allí.

De todos modos, el cálculo de Armando Benedetti, ministro del Interior, es que eventualmente la decisión del Consejo de Estado pueda ser apelada en la Corte Constitucional, que es tribunal de cierre, y donde el gobierno tiene varios magistrados cercanos nombrados en los últimos meses.

Aun cuando las altas cortes decidan en contra del decreto, el gobierno tiene ahora mismo un argumento muy fuerte para aseverar que las instituciones (cooptadas, en su discurso) impiden el avance de una agenda social reformista, y de agudizar las contradicciones con la institucionalidad.

Esto se manifiesta en la posición de la mayoría de los sindicatos y las organizaciones sociales reunidas en el Comando Nacional Unitario de la Asamblea por las Reformas sociales y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CNPC) que, en un comunicado, indicaron no apoyar la reforma laboral, resucitada el pasado 14 de mayo tras el hundimiento de la Consulta Popular en Senado, a la que consideran una “contrarreforma al servicio de los grandes gremios económicos”, como consta en su último comunicado.

Fuente: Cuenta de X de FECODE.

Del mismo modo, quiere medirle el termómetro político al escenario preelectoral, con la posibilidad de ver qué tanto apoyo conserva hacia las elecciones de 2026, según también lo señaló El Espectador.

—¿Sobrevivirá la revivida reforma laboral de Angélica Lozano?

Fuente: Diego Cuevas, El País América Colombia.

El principal efecto que tiene el anuncio del Presidente de decretar la Consulta Popular pega en el Senado de la República, específicamente en su plenaria, donde esta semana debe presentarse, según los tiempos del Congreso, la ponencia que llegará a esa corporación y que abrirá el debate la próxima semana sobre la revivida reforma laboral.

El golpe impacta en los miedos de que esta iniciativa termine hundiéndose, luego de que hubiera logrado una amplia mayoría y consenso en la Comisión Cuarta del Senado, donde Angélica Lozano logró, con algunos cambios, mover el proyecto. No obstante —y a pesar de que la reforma finalmente fue votada casi de forma unánime en la mayoría de su articulado, siendo problemático solo los artículos referidos al inicio de la jornada nocturna y los recargos dominicales, que ganaron por una mayoría apretada—, el consenso ha sido frágil.

Ya al cierre del debate el pasado martes 27 de mayo, el bloque de oposición de derechas declaró, a través del senador Carlos Meisel (Centro Democrático) y de Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) habían indicado que dudarían de acompañar la iniciativa, luego de sentir que la Comisión los había traicionado al haber aprobado dos proposiciones de Lozano, en las que se rompía el acuerdo sobre mantener las exenciones y excepciones a MyPIMES y pequeñas empresas tanto de la reducción de la jornada nocturna, como de los recargos dominicales y festivos.

De hecho, ya el lunes 2 de junio, Carlos Meisel había indicado que existían dificultades para que su partido apoyara el proyecto en la plenaria de la próxima semana si no había un regreso al acuerdo anterior, donde se aplicaba un régimen gradual y escalonado donde las MyPIMES estuvieran exentas de aplicar la jornada nocturna desde las 7:00 pm. Es posible que el Centro Democrático presente una proposición reviviendo este artículo, pero sin muchos apoyos de los partidos independientes, es posible que al final decidan darle su voto negativo.

El problema deviene cuando, junto con este escenario donde el bloque de oposición (que suma ahora mismo más de la veintena de votos en Plenaria de Senado) puede retirarse del apoyo a la reforma, la bancada del Pacto Histórico decida, por su lado, evitar su apoyo a la iniciativa o retirarlo, luego de que el gobierno indicara que el proyecto de ley encabezado por Lozano desnaturaliza, en su mayoría, la esencia progresista de su proyecto original.

La estrategia del bloque de gobierno ha sido presentar una ponencia alternativa de la reforma laboral —la misma que presentó Aída Avella el 26 de mayo, a las vísperas del inicio del debate y que, en esencia, es el mismo texto aprobado en Cámara de Representantes— con la que esperan darle batalla al proyecto de Lozano. Sin embargo, esta ponencia, al igual que en Comisión Cuarta, no tiene los apoyos suficientes para ser aprobada, especialmente con los más recientes choques entre el gobierno y el Congreso, que ahora mismo tienen las relaciones rotas entre el presidente y el Senado.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, indicó que, eventualmente, si no se aprueba la ponencia mayoritaria, se lanzarían con la Consulta Popular como último escenario para que los puntos de la reforma laboral fueran votados por el pueblo. El tema radica en que, si el apoyo irrestricto a la Consulta llevará a que se abstengan de votar y, sin el apoyo mayoritario de la bancada de gobierno, el proyecto de Lozano se caiga.

Por ahora, el mayor riesgo que corre la reforma laboral es que ambos bloques, tanto el opositor como el oficialista, terminen evitando votar el proyecto, lo que lo llega a su virtual hundimiento. Dependerá, por ahora, en la negociación sobre la construcción de la ponencia que llega a Senado, junto con la alta cantidad de proposiciones que hubo en Comisión Cuarta que fueron enviadas como constancias para ser discutidas en la plenaria del Senado, si Lozano logra que su proyecto se salve.

—¿Todos los caminos conducen hacia una nueva constituyente?

Fuente: Wikimedia Commons.

Según algunos asesores en el Congreso que hablaron con la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) de manera anónima, está claro que la apuesta de algunos de los congresistas del Pacto Histórico es comenzar a reactivar la idea de una nueva asamblea constituyente como el gran escenario ambientador de la próxima campaña electoral hacia 2026.

Esto es coherente con lo que dijo en su momento Clara López a la periodista Cecilia Orozco Tascón en uno de los vídeopodcasts de Revista Raya, emitido el pasado domingo 18 de mayo. En aquella emisión, López indicó que la movilización popular podía llevar hacia una potencial asamblea nacional constituyente, en un escenario político donde la profunda polarización existente complejiza y termina bloqueando cualquier intento de generar los cambios sociales demandados desde 2019 y 2021. Además, indicó a Orozco que cualquier negativa de tramitar la Consulta Popular terminaría de manera inevitable en nuevas reflexiones sobre la urgencia de cambiar la institucionalidad del país.

Del mismo modo, las declaraciones del presidente en el Consejo de Ministros del 3 de junio iban en la misma dirección. Petro declaró: “(...) el pueblo tiene que tomar en sus manos el destino de Colombia si llegasen a pasar estas cosas —que espero no pasen (...) no es una amenaza—. Simplemente, cualquier ser humano que tenga tres dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. No pasa sino una sola cosa: las instituciones se van, y no es una amenaza. Es lo que ya sucedió en el pasado, en Colombia, varias veces. Entonces, aquí estamos ante unas reformas sociales que garantizan acabar la pobreza extrema, llevar felicidad a los pobres (...)”.

Lo que sí es verdad es que no es la primera vez que el gobierno decide tomar el camino de una potencial Asamblea Nacional Constituyente tanto para movilizar a sus bases políticas, pero también para presionar al Congreso a nuevos escenarios de negociación política en el marco del bloqueo del trámite de sus reformas.

Ya el pasado 14 de marzo de 2024, en un evento en la Plaza de la Resistencia en Siloé, Cali, el presidente propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente si las instituciones colombianas no aprobaban las reformas sociales impulsadas por su gobierno. Petro argumentó en ese momento que, si un gobierno elegido popularmente no podía aplicar la Constitución porque las instituciones lo rodean para impedirlo, entonces Colombia debería ir a una Asamblea Nacional Constituyente.

Aunque luego moderó su mensaje frente a la posibilidad de una Constituyente bajo la idea del “poder constituyente” —que analizamos en este artículo hace casi un año largo ya—, sí parece que la tendencia fuera a que volviera a retomar esta idea, aún no como un proceso inmediato de convocatoria a un proceso de tal magnitud, pero sí como una forma de habilitar ese horizonte simbólico en el debate público, más en el escenario preelectoral y con la posibilidad de que la Consulta Popular se caiga en la Sección Quinta del Consejo de Estado.