Tres años después: un buen Acuerdo en malas manos

Por: Diego Alejandro Restrepo, Coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto, Pares


En medio de la gran movilización social que resuena a lo largo del país y que ha puesto en evidencia la estrategia represiva y la poca creatividad de este Gobierno, se cumplen tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep. El Acuerdo es un proyecto ambicioso que propone una serie de articulaciones sociales y transformaciones institucionales con el propósito de construir de manera participativa el desarrollo con enfoque territorial, realizar una apertura democrática que incluya sectores tradicionalmente excluidos del poder político, alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, la reparación de las víctimas de la guerra que se prolongó por más de medio siglo y el proceso de reincorporación a la vida civil de excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc-ep.


A su vez, creó un robusto Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición-SVJRNR, centrado en las víctimas del conflicto armado interno y sobre la base de tres instituciones: la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, UBPD.


Así las cosas, tres años después de este hito histórico y a casi año y medio de la presidencia de Iván Duque, el panorama de violencia e implementación del Acuerdo en el país es, por decir lo menos, una bomba de tiempo. En lugar de construir esfuerzos para implementar lo pactado, este Gobierno ha concentrado sus fuerzas en deslegitimar el proceso y el Acuerdo. Desde antes de ganar la presidencia, el Centro Democrático orquestó un plan de sabotaje legislativo en el Congreso que impidió la puesta en marcha de curules especiales para los territorios más afectados por la guerra, la reforma política que buscaba fortalecer la representación y democratizar el aparato institucional y también dilató los procesos normativos para la puesta en marcha de la implementación del Acuer