La apuesta de Petro sigue siendo agudizar las contradicciones con el Congreso
- Óscar A. Chala
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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Con una frase en un sugestivo fondo tono rojo, iluminado por tenues bombillos sobre la estatua de Bolívar, que decía “Todo el poder pa’l pueblo”, acompañada de una hoz y un martillo (signos que el 4 de febrero pasado el gobierno despreció en su perorata contra los “sectarios” de izquierda en su primer Consejo de Ministros Televisado), Gustavo Petro hacía una de sus declaraciones más fuertes contra el Congreso en los últimos meses y llamaba de nuevo al pueblo a movilizarse por la defensa de su agenda de reformas.
La contestación de la gente fue amplia. Igual que el 1ro. de mayo pasado, las bases políticas y sociales del progresismo, compuestas en su mayoría por sindicatos, organizaciones sociales y colectivos locales, respondieron llenando el Paseo Bolívar de Barranquilla y clamando por medidas más radicales ante lo que consideran es un bloqueo político por parte de las instituciones frente al gobierno.
Indicando que, si algún sector político señalaba que había que sacar al presidente, llamaba a la revolución, Petro le entregó la legitimidad y las banderas a los movimientos sociales para que tomaran las “próximas decisiones”, luego de haberse hundido la Consulta Popular en el Senado y haber revivido una reforma laboral que se ha convertido en la apuesta del Congreso por evitar un escenario de estallido social, como el del 28 de abril de 2021.
No obstante, ¿esta vez le funcionará la estrategia al gobierno?
La estrategia del gobierno: canalizar la radicalización democrática y agudizar las contradicciones
Aunque la convocatoria de los cabildos abiertos en el resto del país en los días previos tuvo una asistencia moderada, Petro logró reunir más de 25 mil personas en el Paseo Bolívar de Barranquilla el pasado 20 de mayo, en una jornada que culminó su primer acto tras el hundimiento de la primera propuesta de Consulta Popular y el pulso que abrió el Senado con la discusión de la nueva reforma laboral.
Estos cabildos, a los cuales asistieron en su mayoría líderes sindicales, organizaciones campesinas, grupos indígenas y otros colectivos sociales ligadas a las bases sociales y políticas del progresismo en varias ciudades del país, llegaron casi todos a las mismas conclusiones. Por un lado, abrir las vías para ambientar una huelga general a futuro, con mecanismos de presión escalonados y escenarios de movilización en las próximas semanas. Por otro, respaldar las decisiones que tome el gobierno nacional frente a su disputa con el Congreso y la construcción de su agenda de reformas.
El respaldo hacia el gobierno sigue siendo, por lo menos, mayoritario entre sus bases sociales y políticas. Según la última encuesta de Cifras y Conceptos, publicada el 21 de mayo, el 57% de gente medida en este sondeo está de acuerdo con la Consulta Popular del gobierno, del cual el 47% cree que existe un bloqueo institucional y el 39% considera que estas reformas tienen apoyo popular. El 40% de los encuestados afirma no apoyarla.
Aunque este respaldo no se traduce en votos directos hacia la consulta (sólo sería votada totalmente por el 34% de los encuestados), sí indican que el mensaje del gobierno finalmente caló, y que, tal como lo preguntábamos desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad en semanas anteriores en este y este análisis, la duda frente al sostenimiento de la movilización social como respuesta ante la derrota se resolvió, debido a que el gobierno ha logrado mantener a sus bases en alerta durante 2 meses.
A falta de una estrategia clara, “todas las formas de lucha”
No obstante, y a pesar de la masividad y el apoyo de estas bases frente a la posibilidad de un escenario de movilización más contundente contra las medidas del Congreso, queda en el aire la sensación de que el gobierno no tiene claridad sobre la hoja de ruta que seguirá con la estrategia que ha planteado, y que en el aire también está los efectos de las decisiones que el Comité Nacional Para el Cambio (CNPC) tome en los próximos días.
Esto es importante, porque en su discurso, Petro le entregó la legitimidad y la decisión sobre las acciones del movimiento social a este Comité, que en su mayoría está compuesto por los grandes sindicatos del país (CUT, CTC, CGT), algunas organizaciones indígenas y campesinas del orden nacional y algunas de los colectivos organizados que hacen parte del proyecto político del Pacto Histórico, y que es el rezago que quedó del viejo Comité Nacional del Paro de 2021.
Esta dispersión frente a la estrategia del gobierno se observa no sólo en la indecisión del mismo por tomar la decisión de llamar a escenarios y acciones de hecho, sino también en las diferentes propuestas que han surgido para romper el bloqueo parcial institucional que existe con el Congreso. Esto, en tanto el gobierno quiere evitar romper con la institucionalidad (aunque juega con estrategias al borde de la misma) y no quiere llegar a escenarios de no-retorno tanto con los grandes grupos políticos y económicos, como con otras ramas del poder público.
De hecho, este riesgo se hizo latente con las últimas declaraciones de César Gaviria, quien indicó en una extensa carta que el gobierno está tomando una deriva autoritaria a la que, en caso dado, había que responder con el desconocimiento del gobierno.
Por ahora, en la mayoría de los cabildos y de las cumbres sociales que se han organizado, se ha hablado tanto de una huelga general (concepto que toma relevancia por varios mensajes filtrados del ministro del Interior, Armando Benedetti, hacia el presidente, donde utiliza esta denominación), como de un escenario constituyente que lleve a la revocación del Congreso y a un cambio institucional mucho más profundo, propuesta que había caído en cierto olvido desde que el gobierno buscó un “Acuerdo Nacional” a la cabeza de Juan Fernando Cristo en mayo de 2024, pero que ahora mismo ha cobrado nueva relevancia y ha sido revivida por figuras como Clara López, senadora del Pacto Histórico.
Del mismo modo, por el lado del Pacto Histórico se han utilizado herramientas de presión jurídica para poder revertir los escenarios en los que el bloque de gobierno ha perdido en el legislativo. Tal fue el intento de María José Pizarro por revivir la votación de la Consulta con una proposición, que al final perdió en votación de plenaria de senado 68 a 31 luego de un extenso debate en el que el presidente de esa corporación, Efraín Cepeda, argumentaba que la votación ya había sido un asunto decidido y que no se podía retrotraer según la Ley 5ta. de 1992, que regula los trámites parlamentarios.
Por otro lado, el gobierno decidió presentar de nuevo una Consulta, esta vez ampliada a 16 preguntas (4 nuevas relacionadas con la reforma a la salud, que el gobierno considera podría hundirse pronto). Esta movida del gobierno ha generado controversia, en tanto no existe claridades jurídicas, especialmente sobre si el presidente tenía la facultad de volver a presentarla; si debía hacerlo él o el presidente designado en su ausencia —Petro estaba en su viaje a China y al Vaticano—; o si era posible repetir las mismas preguntas ya formuladas en la primera consulta, que fue hundida. A ello se suma la duda de si, con el trámite de la reforma laboral —revivida en el Senado— junto con el de la reforma a la salud, el objeto de la consulta pierde sentido, carece de razón de ser y no se justifica su presentación.
Lo que sí es posible observar en esta dispersión táctica son dos factores:
1. El gobierno trata de sobrevivir al llamado ‘cerco institucional’ del Congreso sin detonar una crisis mayor con el resto de la Institucionalidad y la opinión pública (Corte Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía, medios de comunicación, gremios económicos y grupos de interés). Por tanto, necesita mantener vivo el conflicto y los antagonismos, pero sin llegar a puntos de no retorno.
2. Al no cerrar ninguna vía (ni la institucional, ni la movilizadora, ni la constituyente), Petro estaría encarnando una figura que “sostiene todas las posibilidades” frente a un poder tradicional que aparece como “el gran muro que impide el cambio”. Esto le permite mantener el relato de un gobierno sitiado pero legítimo, que no se rinde, y que está dispuesto a acudir al pueblo si el sistema le cierra el paso.
Con esto, el gobierno busca agudizar las contradicciones con un sector de lo que él llama “la oligarquía” (y que personificó en su intervención del 20 de mayo en los senadores del Caribe y las casas políticas de la región, con especial énfasis en Efraín Cepeda) representada en el Congreso, sin precipitarse, manteniendo abiertas todas las opciones, al mismo tiempo que busca desgastar al bloque opositor. Esto puede tender a ser eficaz a corto plazo, pero también riesgoso si no logra consolidar suficiente fuerza que le permita capitalizar el desgaste en resultados políticos concretos (aprobación de las Consultas, elecciones de 2026 e incluso reelección del proyecto político del progresismo).
La tensión sigue siendo entre la espontaneidad y la dirección de un estallido social artificial
Uno de los grandes problemas que tuvo el estallido social de 2021 fue la incapacidad del llamado “Comité Nacional del Paro” por aglomerar todas las demandas locales, regionales y nacionales que emergieron con el tiempo. Mientras en el escenario de negociación y diálogo nacional este Comité tomó la vocería, las decisiones a nivel local seguían siendo tomadas por las asambleas que se conformaron de manera espontánea y que, en última, solo respondían a los llamados del Comité a movilizarse en las fechas que éste determinaba.
Esto es importante, porque el grado de articulación que puede tener el intento del gobierno por movilizar a sus bases dependerá de la capacidad de coordinación entre los órganos nacionales y los cabildos populares, que en últimas son los intentos del gobierno por construir organismos de base autónomos con capacidad de responder a la coyuntura.
También es importante porque la conformación de cabildos y la organización de estos demostrará si el gobierno está intentando simular la iniciativa popular con la finalidad de buscar legitimidad para mantener viva su estrategia de confrontación con el Congreso, o si en realidad el gobierno está canalizando nuevos escenarios de presión desde abajo, a partir del hundimiento de las reformas.
El otro punto de disputa dentro de estos cabildos es el grado de legitimidad que tendrá el Comité Nacional Por el Cambio (CNPC) frente a los cabildos, especialmente frente a los intentos de las bases políticas y sociales del mismo por organizarse en espacios asamblearios, que al final quedaron dormidos tras la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, La Paz y la Unidad, celebrada el 15 de septiembre de 2024.
Aunque la Asamblea representa a todas las organizaciones con más de 98 delegados, queda en veremos si los cabildos, como en el paro de 2021, responderán desde su autonomía a los llamados a la movilización, o si estarán cooptadas bajo el paraguas de las grandes organizaciones que se aglomeran a su alrededor.
Además de ello, también será una novedad en este escenario los límites que el gobierno puso a los repertorios de acción de las movilizaciones, al indicar en su alocución 3 inamovibles: 1) No se atacan propiedades de las clases medias; 2) No se atacan a los policías y a la fuerza pública; 3). No se bloquean las necesidades mínimas de la gente.
A modo de cierre:
La primera prueba que tendrá el gobierno y sus bases políticas y sociales será el 28 y 29 de mayo próximos, tras la convocatoria a un paro nacional de 2 días hecha por Fabio Arias, presidente de la CUT. Para ese momento, varios cabildos locales y regionales han planificado jornadas de trabajo el fin de semana, lo que implica que existe un compromiso para sostener la movilización, pero todo estará dicho la próxima semana, especialmente por la capacidad de convocatoria que tengan este paro, si se equipara a las últimas jornadas del gobierno, y si no da signos de desgaste en el debate público.
También dependerá del resultado de la discusión sobre la reforma laboral, que ahora mismo preside Angélica Lozano, y que va contra el tiempo. Precisamente, Lozano señaló que esperaba presentar la ponencia positiva de la misma el día jueves 22 de mayo, luego de haberse tomado el miércoles como una jornada extenuante de trabajo con los congresistas de la Comisión Cuarta de Senado, y luego de haber abierto la discusión con la mesa tripartita de discusión del salario mínimo el martes (que sienta al gobierno, a los sindicatos y a los gremios económicos), y de haber tenido su audiencia pública el lunes pasado.
Esto es importante, porque la estrategia del sector independiente y de la oposición es desactivar potencialmente las movilizaciones con una reforma laboral concertada, pero que no toque los grandes puntos de la propuesta del gobierno, más allá de proponer la gradualidad de los mismos y su implementación hasta 2027. Por ahora, los gremios sectorizados de restaurantes, vigilancia y comerciantes, junto con camioneros y otros, han señalado que esperan tener prebendas y excepciones en el nuevo articulado, mientras que los grandes gremios estarían dispuestos a aceptar la propuesta del gobierno con gradualidad a implementar la reforma de manera fragmentada durante varios años.
Sin embargo, la respuesta de las bases del gobierno a esta laboral ha sido, en su mayoría, de rechazo y desconfianza.