Territorios Minados: la otra cara de la guerra que se intensifica en Antioquia.

Por: Andres Paternostro- Enlace regional

En lo que va del año 2025, el municipio de Anorí ha sido escenario de hechos que han sembrado miedo y zozobra entre la población rural. El pasado 15 de febrero, un campesino de 64 años fue víctima de un artefacto explosivo cuando se dirigía a trabajar a un terreno en la vereda Tocamocho. Sin percatarse, pisó un artefacto que le causó la amputación de su pierna izquierda y graves heridas en su otra extremidad (Laverde, 2025).

Meses después, el 4 de junio, dos jóvenes de 15 y 17 años perdieron la vida tras activar un artefacto explosivo mientras realizaban labores de minería artesanal. Los adolescentes ingresaron a un bosque ubicado en la vereda Tocamocho, en el sector Alto del Zapatillo, en busca de un palo que necesitaban para su actividad. Allí, sin saberlo, pisaron un campo minado que les arrebató la vida (Muñoz Medina, 2025).

Las minas antipersonal (MAP), los artefactos explosivos improvisados (AEI) y las municiones sin explosionar (MUSE) están dejando una huella silenciosa pero devastadora en el departamento de Antioquia. La violencia que representan no solo persiste, sino que parece intensificarse en medio del reacomodo de actores armados y de las dinámicas del conflicto que ha está viviendo el departamento de Antioquia.

Una de las principales causas del reacomodamiento territorial de los grupos armados no estatales en el departamento de Antioquia es el proceso de expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, que en los últimos tres años ha aumentado su intención de controlar territorios donde históricamente han operado grupos guerrilleros. Esta avanzada territorial se consolidó tras la ruptura de los diálogos del Clan del Golfo con el Gobierno Nacional, motivada por la “…presunta participación del EGC en el Paro Minero que tuvo lugar en las subregiones del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño durante los meses de marzo y abril de 2022. Según el Gobierno, esta estructura armada ilegal habría orquestado y financiado actos de vandalismo ocurridos en el marco de dicha protesta” (Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, 2023).

La proliferación del uso de artefactos explosivos en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño es una problemática que ha generado preocupación en el gobierno departamental, local y las comunidades afectadas. No solo por las afectaciones causadas en las personas y comunidades, sino también por la poca capacidad que tiene las instituciones y comunidades para responder  y enfrentar esta problemática que no solo responde a factores del conflicto armado sino también a efectos geopolíticos como: el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la disminución de la cooperación Europea, las cuales apoyaban con recursos técnicos y económicos las labores del desminado en varios territorios del departamento.

Cifras y subregistros

Antioquia continúa siendo el departamento con mayor número de víctimas por artefactos explosivos en Colombia. Según datos de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), entre 1990 y mayo de 2025 se han registrado 2.677 personas afectadas en este territorio, lo que equivale aproximadamente al 21,3 % del total nacional, que asciende a 12.585 víctimas (Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA, 2025). Dentro del departamento, el municipio más afectado por este flagelo es Tarazá, ubicado en la subregión del Bajo Cauca, con 278 personas víctimas de artefactos explosivos. Esta cifra no solo lo posiciona como el más golpeado de Antioquia, sino que además lo ubica como el cuarto municipio con mayor número de víctimas en todo el país (Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA, 2025).

En los dos últimos años los informes “Balance Humanitarios 2024” y “Retos Humanitarios 2025” del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertan sobre un preocupante aumento en el número de víctimas en Antioquia: de 48 casos en 2023 a 91 en 2024, lo que representa un incremento del 89,6 %. Esta tendencia ha encendido las alarmas en el departamento, especialmente en zonas rurales y de alta presencia de actores armados, donde la población civil se enfrenta a crecientes riesgos por la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explosionar (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2025; Comité Internacional de la Cruz Roja, 2024).

No obstante, estas cifras contrastan notablemente con los registros oficiales de la AICMA, que reportan solo 47 personas afectadas por MAP/MUSE en 2023 y 25 en 2024. Esta disparidad pone en evidencia una problemática estructural en la gestión del riesgo por artefactos explosivos en Colombia: el subregistro y la fragmentación de la información.

Este desfase estadístico puede deberse a múltiples factores. Por un lado, muchas víctimas no logran ser reportadas formalmente debido al miedo, la falta de acceso a canales institucionales o la desconfianza en las autoridades. Por otro, las metodologías de registro pueden diferir entre entidades: mientras la AICMA se basa en reportes oficialmente verificados, el CICR obtiene información directa del terreno a través de sus acciones humanitarias. A ello se suma la débil articulación entre las entidades encargadas del monitoreo y la atención a las víctimas, lo cual dificulta una comprensión integral del fenómeno.

Tabla 1 Número de Víctimas por MAP/MUSE  en Antioquia, Clasificadas por Subregión (2022 - 31 de mayo de 2025)

Subregión	Municipios	Total de víctimas
Bajo Cauca	Cáceres (17), Caucasia (2), El Bagre (7), Tarazá (10), Zaragoza (5)	41
Nordeste	Amalfi (4), Anorí (7), Guadalupe (2), Remedios (2), Segovia (18)	33
Norte	Briceño (9), San Andrés de Cuerquia (1), Valdivia (13), Ituango (4)	27
Urabá	Apartadó (7), Carepa (2), Chigorodó (1), Mutatá (2), Turbo (4), Vigía del Fuerte (1)	17
Oriente	Argelia (1), San Carlos (2), San Rafael (1), Sonsón (5)	9
Occidente	Dabeiba (1), Santa Fe de Antioquia (1)	2
Magdalena Medio	Yondó (2)	2
Suroeste	Nariño (1)	1

Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Base de datos de víctimas por MAP y MUSE de 1990 a fecha de corte de la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

El análisis de estos datos por subregiones refleja que la mayor concentración de víctimas por artefactos explosivos en Antioquia entre el año 2022 y 2025 se encuentra en la subregión del Bajo Cauca, con un total de 41 registros, seguido del Nordeste con 33 y el Norte con 23. Estas tres subregiones concentran más del 70 % del total de víctimas registradas en estos últimos años, lo que refleja la persistencia del conflicto armado en estas zonas estratégicas para los tres principales grupos armados organizados que tienen presencia en el departamento -Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)- y se disputan el control territorial, la minería ilegal y las rutas del narcotráfico.

La reconfiguración del conflicto: ¿más grupos, más minas?

Uno de los factores que incide en la proliferación de artefactos explosivos en los territorios es la presencia de grupos armados organizados (GAO) y los procesos de reconfiguración del conflicto armado asociados a disputas por el control territorial. La magnitud de la contaminación con minas antipersonal (MAP), munición sin explosionar (MUSE) u otros artefactos explosivos depende, en gran medida, del tipo de presencia que ejerzan estos grupos en cada zona.

En territorios donde un solo grupo armado ha logrado consolidar un control territorial permanente, es decir, donde ejerce autoridad de facto, regula la movilidad, impone normas, cobra extorsiones, administra justicia y controla tanto economías legales como ilegales, la contaminación suele ser menor. En estos escenarios, la organización no requiere utilizar artefactos explosivos como herramienta de defensa, ya que no enfrenta disputas con otros actores armados y la presencia del Estado —especialmente de la fuerza pública— suele ser limitada. Tampoco necesita emplear minas u otros artefactos para imponer control social, pues ya cuenta con estructuras de gobernanza criminal consolidadas que regulan el comportamiento comunitario sin necesidad de violencia explosiva.

Por el contrario, los territorios que se encuentran en disputa armada, es decir, donde dos o más GAO buscan controlar el mismo espacio, tienden a registrar altos niveles de contaminación con artefactos explosivos. En estos contextos, los grupos recurren a las minas, trampas explosivas y otros mecanismos para:

·       Contener el avance de estructuras armadas rivales.

·       Limitar las operaciones de las fuerzas militares del Estado.

·       Restringir la movilidad de la población como mecanismo de control social.

Estas prácticas generan un entorno de alta vulnerabilidad para las comunidades, marcado por enfrentamientos, desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas constantes.

Comprender estas diferencias en los tipos de presencia armada es clave para explicar por qué algunos territorios están fuertemente contaminados con artefactos explosivos, mientras que otros no. En las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, esta dinámica es particularmente evidente. Durante los últimos tres años, varias zonas han transitado entre el tener una presencia consolidada y estable —históricamente asociada a guerrillas como el ELN o las extintas FARC-EP— a convertirse en escenarios de disputa violenta debido al proceso de expansión del Clan del Golfo. Este grupo ha intentado ocupar territorios controlados anteriormente por insurgencias, hoy disputados por disidencias como el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), en el caso de Antioquia con presencia de los frentes 36, 4 y 18.

Esta recomposición del mapa armado ha intensificado el uso de artefactos explosivos como arma de guerra, dejando profundas afectaciones humanitarias en las comunidades. Según el Mapa de estructuras armadas ilegales en Antioquia (2024) de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), en 121 de los 125 municipios del departamento hay presencia de al menos un grupo armado no estatal (GANE), y en 29 municipios hay presencia de dos o más estructuras armadas. La mayoría de estos se concentran en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, donde la disputa territorial se traduce en una creciente contaminación con artefactos explosivos y en graves riesgos para la población civil.

Elaborado por: Línea de Paz, Seguridad y DDHH, Fundación Paz & Reconciliación (2024) Fuente: Infovisibles, registro en prensa, monitoreo de acciones armadas.

Estas actividades generan rentas mensuales por miles de millones de pesos, lo que convierte su control en un objetivo estratégico de alto valor para los actores armados. Esto explica por qué estas subregiones concentran el mayor número de personas afectadas por artefactos explosivos año tras año. EMunicipios como Valdivia, Tarazá y Cáceres —según el informe de monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)— conforman uno de los 15 enclaves productivos del país. Este enclave, ubicado en las subregiones del Norte y el Bajo Cauca, registra aproximadamente 5.908 hectáreas de coca sembradas (2023, pág. 45).

El control de estas rentas ilegales es uno de los principales motores de la reconfiguración de las dinámicas territoriales del conflicto armado. Como evidencia de ello, se ha identificado una alianza temporal entre el ELN y el EMBF para resistir la expansión del Clan del Golfo sobre territorios de alta importancia económica como Tarazá, El Bagre, Cáceres, Remedios, Segovia, Valdivia, Ituango y Anorí. Estos municipios, además de su riqueza en recursos, tienen ubicaciones estratégicas que conectan el interior del departamento con salidas hacia el mar Caribe o hacia otros departamentos como Bolívar y Córdoba.

Estos procesos también se han visto influenciados por políticas nacionales recientes, particularmente por la implementación de la estrategia de “Paz Total” impulsada por el Gobierno nacional. Aunque bien intencionada, esta iniciativa ha generado vacíos de poder en algunos territorios, lo que ha derivado en reacomodos violentos y disputas entre estructuras armadas como el ELN, las disidencias del EMBF y el Clan del Golfo.

Artefactos explosivos como herramientas de control: no solo defensa, también miedo.

A nivel comunitario, la presencia de artefactos explosivos genera múltiples afectaciones que son vividas de manera colectiva. Estas van desde impactos psicológicos —como la ansiedad, el miedo permanente y el estrés— hasta hechos victimizantes como el confinamiento, las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y la muerte. Se trata de afectaciones profundas que trastocan la vida cotidiana de comunidades obligadas a habitar territorios altamente contaminados por minas antipersonal (MAP), munición sin explosionar (MUSE) y otros artefactos explosivos improvisados (AEI).

Para muchas comunidades que han convivido históricamente con estos dispositivos, la presencia de artefactos explosivos ha significado la necesidad de modificar sus dinámicas de vida, prácticas culturales y formas de relacionarse con el territorio. Un ejemplo claro es la zona sur del municipio de El Bagre, específicamente en el corregimiento de Puerto López y sus veredas, donde, según testimonios de sus pobladores, los grupos armados no estatales vienen instalando minas desde inicios de los años 2000. Aunque esta práctica no es nueva, en los últimos meses se ha intensificado, generando muertes tanto de personas como de animales, y confinamientos prolongados de comunidades enteras. En al menos cinco veredas, los habitantes han permanecido encerrados hasta por cuatro días consecutivos, sin poder movilizarse. (Lider social , 2025)

En este corregimiento, actualmente disputado por el Clan del Golfo (EGC), el ELN y el EMBF, la contaminación por artefactos explosivos ha obligado a la población a restringir el acceso a ciertos sectores del territorio como mecanismo de autoprotección. Sin embargo, la preocupación más reciente de estas comunidades radica en el uso de nuevos artefactos explosivos, instalados en caminos veredales de tránsito obligatorio. La última víctima fue un adulto mayor, fallecido en junio de 2025, quien activó una mina en un área que no había sido identificada previamente como zona de riesgo. Este hecho ha encendido las alarmas, pues evidencia que la instalación de artefactos se está dando en sectores estratégicos para el desplazamiento rural, elevando el riesgo para toda la población (Lider social , 2025).

Ante esta situación, la Administración Municipal de El Bagre ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, en especial a la Consejería Comisionada de Paz (CCP), para que se prioricen de manera inmediata las acciones de desminado militar en esta zona del Bajo Cauca. La Alcaldía argumenta que esta modalidad permite una intervención más ágil frente a la urgencia humanitaria, en comparación con los procedimientos del desminado humanitario, que suelen requerir más tiempo para su implementación.

La situación no es distinta en el Norte de Antioquia. En el municipio de Valdivia, las comunidades de La Llana, La Coposa y Raudal viven en constante estado de zozobra debido al aumento en el uso de estos artefactos. Según reportes locales, se han registrado muertes recientes por activación de MAP, incluso en caminos donde los explosivos son observables a simple vista. Una de las víctimas fue un joven de 28 años que, según testigos, fue forzado a recoger los cuerpos de varias personas fallecidas durante un combate entre dos estructuras armadas a comienzos de 2025, activando una mina en el proceso (Lider Social , 2025).

Los enfrentamientos y el uso indiscriminado de artefactos explosivos han generado no solo confinamientos, sino también desplazamientos masivos. Más de 76 personas han sido afectadas en La Llana y La Coposa, obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse hacia la cabecera municipal en busca de protección. Algunas familias han retornado, mientras otras han optado por autoalbergarse en municipios vecinos, según información de la Alcaldía Municipal. (Mi Oriente , 2025)

A estas situaciones se suma un hecho reciente que agrava aún más el panorama: el saboteo a las acciones de desminado humanitario en Antioquia. El 2 de julio de 2025, la organización internacional The HALO Trust, reconocida por su labor de desminado en Colombia, fue amenazada por el Frente 36 de las disidencias de las FARC mientras operaba en los municipios de Campamento, Angostura y Anorí. El grupo armado declaró a la organización como “objetivo militar” y le ordenó abandonar el territorio en un plazo de 12 horas, bajo señalamientos infundados de colaborar con agencias de inteligencia extranjera. Este hecho obligó a suspender las operaciones y evacuar al personal humanitario, interrumpiendo un trabajo vital para la protección de la población civil. Lo ocurrido constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y pone en evidencia los riesgos que enfrentan las organizaciones que intentan reducir el impacto de la guerra sobre las comunidades. Además, deja claro que en territorios como los del Norte de Antioquia, donde la disputa armada está activa, el desminado no solo enfrenta dificultades logísticas, sino también amenazas directas por parte de los actores armados ilegales (Tamayo Escalante, 2025).

Indiscutiblemente, estas afectaciones están dejando una marca profunda en la memoria colectiva de las comunidades. Vivir bajo el miedo constante, la incertidumbre y la imposibilidad de habitar libremente el territorio deteriora gravemente el tejido social y genera procesos de desarraigo. Las comunidades no solo enfrentan el riesgo físico de los artefactos explosivos, sino también una erosión emocional, cultural y relacional que fragmenta la vida en comunidad.

Por todo esto, se hace urgente y necesario que las acciones de desminado humanitario en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia no se detengan ni se posterguen. Estos territorios, profundamente golpeados por la violencia y la disputa armada, requieren respuestas integrales y sostenidas que garanticen no solo la seguridad física, sino también la posibilidad de reconstruir la vida comunitaria con dignidad y en paz.

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Bibliografía

Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA. (30 de Junio de 2025). Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Obtenido de Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP y MUSE: https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2024). Balances Humanitarios 2024-Colombia. Obtenido de https://www.icrc.org/es/document/colombia-balance-humanitario-2024

Comité Internacional de la Curz Roja. (2025). Retos Humanitarios 2025-Colombia. Obtenido de https://www.icrc.org/es/publicacion/retos-humanitarios-2025-colombia

Laverde, M. (17 de Febrero de 2025). ¡Lamentable! Un campesino pisó una mina antipersonal mientras hacía labores de campo en zona rural de Anorí. Obtenido de H13N: https://www.h13n.com/lamentable-un-campesino-piso-una-mina-antipersonal-mientras-hacia-labores-de-campo-en-zona-rural-de-anori/307896/

Lider social , C. (22 de Julio de 2025). Entrevista artefactos explosivos. (I. PARES, Entrevistador)

Lider Social , C. (15 de Julio de 2025). Entrevista artefactos explosivos. (I. PARES, Entrevistador)

Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. (15 de Septiembre de 2023). El Clan del Golfo intenta expandirse en Antioquia. Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación: https://www.pares.com.co/post/el-clan-del-golfo-intenta-expandirse-en-antioquia

Mi Oriente . (14 de Mayo de 2025). Cerca de 76 desplazados en Valdivia por combates entre ilegales y uso de explosivos. Obtenido de Mi Oriente : https://mioriente.com/antioquia/76-desplazados-valdivia-combates.html

Ministerio de Minas y Energía de Colombia & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (Junio de 2022). Colombia: Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2023. Obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf

Muñoz Medina, L. (4 de Junio de 2025). Dos menores de edad fallecieron luego de ingresar a un campo minado en zona rural de Antioquia. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2025/06/05/dos-menores-de-edad-fallecieron-luego-de-ingresar-a-un-campo-minado-en-zona-rural-de-antioquia/

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). (Septiembre de 2023). Colombia. Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilicitos 2022. Obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): https://biesimci.org/fileadmin/2023/documentos/informe_de_monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2022.pdf

Tamayo Escalante, N. (07 de Julio de 2025). Misión internacional de desminado fue violentada en Antioquia: ¿qué se sabe de la intimidación? La ONG se pronunció. El Tiempo, págs. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/lo-que-se-sabe-de-intimidacion-de-las-disidencias-de-las-farc-a-mision-internacional-de-desminado-en-antioquia-3468680.