Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Es claro que para el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es imposible avanzar en el proceso de paz sin que se vincule a la sociedad. Así quedó expresado tanto en el Acuerdo de Quito –firmado en 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos–, como en los acuerdos firmados hasta el momento en el gobierno de Gustavo Petro: el de México –el 10 de marzo de 2023– y el de Cuba –el 09 de junio del mismo año–.
En todos ellos, las partes establecieron lo prioritario que es la participación de la sociedad para avanzar en el proceso de paz. Ponen en el centro de la discusión a “la voz de las comunidades, pueblos y territorios urbanos y rurales” (Acuerdo No. 9). Llaman a vincularse a los que cuidan el campo, a los pueblos afrocolombianos e indígenas, a las mujeres y los jóvenes y a la población LGTBIQ+.
El Primer Acuerdo de Cuba –o Acuerdo No. 9– establece una secuencia de tareas que deberá realizar la sociedad colombiana, acompañada, por supuesto, de los integrantes de la Mesa de Diálogos de Paz. Tareas que deben seguir un orden estricto y secuencial, para poder avanzar en el desarrollo del contenido de la Agenda de Negociación establecida en México. Y cuyos puntos iniciales son: 1. La participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz y 3. Transformaciones para la paz.
Para avanzar en la ejecución de los puntos de la Agenda, se le ha planteado a la sociedad tres tareas: la primera es el alistamiento para la participación –llamado ‘fase de diseño’–. Que consiste en proponer las metodologías y los escenarios que le permitan a la sociedad participar de manera “activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz” (Acuerdo No. 9). Diseño que es necesario para que se pueda asumir con responsabilidad las otras dos tareas.
La segunda labor es realizar un diagnóstico de los problemas del país –la cual se realizará en la ‘fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz’–. Tarea que, lo más seguro, comenzará en el próximo año, en 2024. El objetivo de esta segunda etapa será definir los problemas sociales, políticos y económicos que deben abordarse necesariamente para construir una propuesta de cambio. Esta será una fase de diagnóstico de los problemas del país.
Finalmente la tercera es “construir una agenda sobre la democracia y transformaciones” que le permita al país y sus regiones la “superación de conflicto político, social, económico y armado”. Allí se buscará formular los cambios necesarios para la construcción de la paz estable y duradera. Una especie de hoja de ruta para que el Estado implemente los cambios necesarios para dar respuesta a las causas del conflicto armado y social.
Actualmente, el proceso de paz se encuentra en la fase primera de alistamiento de la participación, que durará seis meses –hasta el 09 de diciembre de 2023–. Esta comenzó desde el mismo momento en que se suscribió el Primer Acuerdo de Cuba –el 09 de junio–, cuando se dio a conocer el tema sobre la participación de la sociedad y en él la creación de un Comité Nacional de Participación (CNP), de las tres fases o etapas de esta participación y de la tarea de construir un Plan Nacional de Participación.
Dado que esta fase se encuentra en proceso, quiero en esta columna referirme a la primera de las tres tareas que tiene la sociedad civil en esta etapa de participación. Y sugerir un camino para su abordaje.
Como dije, el Primer Acuerdo de Cuba estableció que se creará en el país para este proceso de paz un Comité Nacional de Participación (CNP), el cual estará integrado por 30 procesos sociales, comunitarios e institucionales; quienes, junto a la Mesa de Diálogos de Paz, tendrán la tarea de “dinamizar la convocatoria, la participación y la construcción de propuestas con un sentido transformador para construir una visión compartida de paz que dé soporte y referencia a este acuerdo” (Ver: Bitácora 26: diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN).
En este Comité participan ocho integrantes de la delegación de paz –cuatro del Gobierno y cuatro del ELN–. Y dado que los lineamientos de esta organización es integrar al mayor número de actores de la sociedad, se ha establecido que lo integrarán los pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones. Y para ello la Mesa de Diálogos de Paz convocó 81 actores; los mismos que fueron identificados, nombrados e invitados a unas reuniones que comenzarán a más tardar el 25 de julio.
La tarea de este CNP, durante la fase de alistamiento, será identificar, discutir y señalar los mecanismos que podrán usarse para participar la sociedad civil. Y le deberá entregar a la Mesa de Diálogos de Paz “un plan conceptual, operativo y logístico para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el diseño de la participación” (Acuerdo No. 9). Elementos que servirán a la Mesa para elaborar, a partir de diciembre de 2023, el Plan Nacional de Participación.
Para realizar esta tarea, la propuesta es que los representantes de la sociedad, reunidos en el CNP, recurran, tanto a la experiencia internacional como la nacional, para analizar las valiosas experiencias. Las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) mostraron que en el país hay muchas opciones de involucrar a la sociedad, desde consultarla en comisiones, en talleres o en coloquios, hasta llevarla directamente a la mesa de diálogo.
Una mirada atrás nos muestra a una sociedad que estuvo en los Foros Consultivos Oficiales, que se generaron alrededor de los puntos del Acuerdo Final. También, a las víctimas y comunidades étnicas y de género que fueron a La Habana. Incluso, una sociedad que participó e incidió desde los diversos espacios colectivos a las que se les convocó en el país, donde realizaron audiencias públicas o en mesas de trabajo permanente (Ver: Participación de la sociedad civil en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC -ep- (2012-2016)).
Todas está variedad de mecanismos de participación han sido muy bien valorados tanto por la sociedad como por la comunidad internacional y académica. Espacios y dispositivos que sin duda deberán retomar los que muy pronto se reúnan en la Mesa Nacional de Participación. Y con los cuales se podrá “promover y desarrollar los espacios de diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación; sistematizar las diferentes propuestas de los procesos sociales convocados; y aportar a la construcción del Acuerdo Nacional” (Acuerdo No. 9).
En síntesis, la primera tarea de la sociedad será ponerse de acuerdo sobre el cómo le gustaría participar e incidir en las decisiones que se tomen en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN. Deberá suministrarle los materiales para que se pueda construir un Plan Nacional de Participación. Estamos en una dinámica de participación tipo cascada, donde el segundo paso y los posteriores dependen del buen desempeño del primero.
Afortunadamente, la experiencia reciente nacional e internacional sobre participación de la sociedad nos ha dejado muchas lecciones. Lo que debemos hacer es incorporar estas experiencias y enriquecerlas con la imaginación creativa de una cultura política donde la participación y el diálogo ha estado presente en las últimas décadas. De esta manera estaremos listos para avanzar en el cumplimiento de las otras dos tareas: la del diagnóstico y la de las propuestas.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.