Por: Daniela Garzón (investigadora nacional) y Nataly Triana (asistente de investigación) Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares
El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió temporalmente al recién elegido y cuestionado alcalde de Tarazá, Dawinson Gómez Tamayo, debido a que, por ser el hijo del alcalde fallecido, Miguel Ángel Gómez García, estaría inhabilitado. A pesar de las advertencias realizadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), una vez más esta situación deja en un limbo a un municipio en el que se vive una auténtica guerra entre ‘Los Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’. Esta condición de incertidumbre en la que queda Tarazá ha sido patrocinada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La cantada suspensión del recién elegido alcalde de Tarazá, Dawinson Gómez Tamayo, se dio hace unos días por cuenta de las medidas cautelares que el Tribunal Administrativo de Antioquia tomó debido a una demanda que decidió aceptar y que pretende anular la elección en cuestión. El Tribunal estudiará si Gómez Tamayo está inhabilitado por ser hijo del anterior alcalde, Miguel Ángel Gómez García, quien había sido elegido en 2019 bajo el aval del liberalismo y que, en septiembre del 2020, murió de covid-19.
Las cuestionadas elecciones atípicas, sobre las que Pares alertó, se llevaron a cabo el 25 de julio pasado. Ese día se enfrentaron Gómez Tamayo, bajo el aval del Partido Liberal, y Héctor Leonidas Giraldo, con el apoyo del conservatismo y de Cambio Radical. Gómez Tamayo ganó con 4.644 votos, el 49% del total. Apenas el 36% de las personas habilitadas participaron en los comicios.
Hojas de vida ejemplares
Ambos candidatos están rodeados de cuestionamientos. Por un lado, Gómez Tamayo, de acuerdo con Pares, tiene dos procesos privados en curso: uno en el Juzgado Promiscuo Municipal de Caucasia y otro en el Juzgado Municipal de Medellín. Mientras que Giraldo, según el investigador Sergio Mesa, tiene dos investigaciones disciplinarias en la Procuraduría Provincial de Yarumal, un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República y una investigación en la Unidad Nacional de Protección.
Además, Giraldo tiene cuatro procesos penales abiertos: uno por contratos sin el lleno de requisitos legales, otro por peculado por apropiación, otro por acceso carnal abusivo en menor de 14 años y el último por concierto para delinquir. Una historia de vida ejemplar. Para las elecciones de 2012-2015 contó con el apoyo de Mauricio Tobón, miembro del clan del exgobernador Luis Pérez y que hoy es respaldado por el representante a la Cámara Germán Blanco, apoyado por el temido ‘Clan Suárez Mira’.
Mauricio Tobón apareció en el escándalo denunciado por Pares sobre lo que habría sido un presunto mecanismo sofisticado de corrupción en el que estarían involucrados: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la empresa Valor+ y la Gobernación de Antioquia.
Por su parte, Gómez Tamayo carga, aparte de sus problemas, con las herencias de su padre: su caudal electoral y otra lista de cuestionamientos. Según Pares, Gómez García estuvo privado de su libertad entre 2009 y 2019 a causa de dos procesos penales: uno por peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; y el otro por presuntos nexos con paramilitares.
Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reveló que Miguel Ángel Gómez García, siendo alcalde de Tarazá en 2001, se benefició de la organización paramilitar. Es necesario mencionar que Gómez García fue alcalde de Tarazá antes de 2019 en dos ocasiones: entre 2001 y 2003, y entre 2008 y 2011.
Además de estos cuestionamientos de su padre, vale la pena señalar que Gómez Tamayo tiene relaciones con el cuestionado senador liberal Julián Bedoya, quien habría obtenido su título de abogado irregularmente, y que se hizo presente en la campaña de Dawinson, a través de María Eugenia Lopera, en nombre de la organización de Bedoya: Renovación Liberal.
La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de aceptar la demanda de nulidad interpuesta por Hugo Hernán Vega, se dio después de que, durante el periodo preelectoral, se intentara insistentemente revocar la candidatura de Gómez Tamayo por el parentesco de primer grado que tiene con el fallecido Miguel Ángel Gómez.
Te anulo, no te anulo
El pasado 10 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la suspensión provisional del acto administrativo E-26 ALC del 25 de julio del 2021, en el cual se declaraba a Dawinson Gómez como alcalde electo de Tarazá. Esta decisión fue tomada tras admitir la demanda por nulidad electoral interpuesta por Hugo Hernán Vega Parra, abogado y exfuncionario de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Gómez Tamayo aparentemente se encontraba inhabilitado para la contienda electoral debido a su parentesco con Miguel Ángel Gómez porque, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 617 del 2000:
“No podrá ser elegido ni designado alcalde quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.
El problema jurídico reside en determinar si la muerte de Gómez padre acaba con el parentesco y, por consiguiente, con la inhabilidad de Gómez hijo. Según el concepto que retoma el demandante del Consejo de Estado, el parentesco no se extingue con la muerte y no se habían cumplido los doce meses anteriores a la elección que deben pasar para que un familiar inscriba una candidatura. La Resolución No 2456 DE 2021 expone que solamente se cumplieron diez meses y trece días desde el deceso de Gómez García hasta el día de las elecciones.
Como la suspensión es temporal y hace falta que el Tribunal decida de fondo sobre si, en efecto, anula la elección de Gómez Tamayo, el gobernador (e) Luis Fernando Suárez tendrá que designar otro alcalde interino en Tarazá.
La responsabilidad de este desorden jurídico recae en el CNE, que el 16 de julio de 2021, en primera instancia, había revocado la candidatura de Gómez Tamayo porque, a su juicio, la inhabilidad sí existía. Sin embargo, el propio CNE, tres días antes de la elección, declaró nulidad sobre su propia decisión porque consideró que hubo “violación del derecho a la contradicción” (Resolución No. 2456 del 22 de julio de 2021). Esto se fundamentó en lo que presentó tanto la defensa de Gómez Tamayo como el Partido Liberal. Finalmente, la revocatoria de la candidatura quedó sin efectos y Gómez Tamayo pudo presentarse el 25 de julio en las urnas.
Si se anula la elección de Gómez Tamayo, el Acto Legislativo 02 de 2002 establece que se debería llamar de nuevo a elecciones porque faltan más de 18 meses para que se termine el periodo constitucional del alcalde, lo que implica que Tarazá podría estar viviendo una segunda elección atípica en la que, se presume, podría participar nuevamente Héctor Leonidas Giraldo.
Una nueva elección, en un municipio que tiene la cuarta tasa de homicidios más alta de Antioquia (221.47 muertos por cada 100.000 habitantes: una cifra nueve veces mayor que la tasa nacional) y cuyo territorio es disputado entre ‘Los Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’, es un desgaste inconveniente. La parálisis administrativa solo favorece la corrupción y la violencia.
En suma, los 26.964 habitantes de Tarazá quedan de nuevo a la deriva mientras se resuelven los problemas jurídicos de la elección de su alcalde. Mientras tanto, deben enfrentar la ola invernal y el sufrimiento por la violencia a la que se ven sometidos por el enfrentamiento entre grupos armados.