Por: Redacción Pares
Foto tomada de: El Universal
Trabajar en una cárcel es difícil, pero en Colombia puede ser un trabajo donde se pierda la vida. Durante los últimos dos años el nivel de violencia en las amenazas y acciones contra funcionarios del INPEC ha crecido de manera exponencial. Desde el 2023 se dieron las primeras voces de alarma. En ese momento el ministerio de justicia declaró la emergencia carcelaria. En apenas dos meses ya se llevaban registradas cinco atentados y 10 amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Buena parte de la extorsión en este país se realiza desde las cárceles. Algunos líderes de estas bandas criminales, como el Negro Ober de los Rastrojos Costeños, han grabado amenazas a comerciantes en Soledad Atlántico advirtiéndoles que si no cumplen con sus exigencias los matarán.
En la Tramacúa, en Valledupar, está alias Pipe, el temible cabecilla de la Banda la Inmaculada en Tuluá. En marzo del 2024 apareció un pasquín en donde se afirmaba lo siguiente: “Estamos dirigiéndonos a ustedes dragoneantes del Inpec, cuadros de mando, director de Palogordo, director regional, presidentes de sindicatos. Les damos 24 horas para que se haga el traslado de nuestro hermano que se encuentra recluido. De lo contrario iniciaremos un plan pistola hasta que se haga el traslado” Después se comprobó que no sólo pedían el traslado de alias Pipe sino también de otro de los duros de la organización encerrados en esa cárcel, se trata de Andrés Hernández Salazar, alias “Care gallo” quien ha sembrado el terror en el Quindío.
Las amenazas se deben al aumento de intensidad en los operativos contra La Oficina de Tuluá donde están presos sus cabecillas. En la cárcel de Girón, donde están presos los cabecillas de la Inmaculada hay temor. En un programa de Alerta Santanderes el dragoneante Sánchez Banderas se desahogó y habló claramente sobre la angustia que les da el abandono y la desprotección estatal en la que viven: “Lo que nos preocupa es que se hagan efectivas estas amenazas porque lo que quieren es presionar el traslado de esta persona privada de la libertad, dan 24 horas, es decir hasta el día de hoy, o si no somos su objetivo tanto los presidentes del Sindicato, directivos, cuadros de mando, entonces es bastante preocupante, porque esta es la prueba reina al igual que otras oportunidades, que efectivamente no tenemos garantías para ejercer nuestra profesión estamos abandonados, no tenemos acompañamiento de parte de la Policía Nacional ni el Ejército”.
El ministro de Justicia Nestor Osuna ha implementado algunas medidas como seguros de vida a funcionarios del INPEC y recursos económicos adicionales para fortalecer la seguridad en las principales cárceles del país. Estos recursos se destinarán a la adquisición de tecnologías más modernas y efectivas, como inhibidores y sistemas de seguridad contemporáneos. Pero estos por ahora están lejos de ser suficientes. El dragoneante Johan Pardo, líder del Sindicato de la OSP, ha salido de manera valiente a varios medios de comunicación como Cable Noticias a expresar sus preocupaciones. Para él estas medidas están lejos de ofrecerles unas garantías: “La declaración de emergencia carcelaria no ha correspondido frente a las expectativas que generó. Se espera más medidas reales e inmediatas por ejemplo frente al seguro de vida, prima de riesgo y la pensión de alto riesgo de los trabajadores del inpec, temas sobre los cuales seguimos esperando medidas”.
La violencia contra funcionarios del INPEC llegó a la cárcel modelo de Bogotá. En la noche del pasado jueves 9 de mayo del 2024 se realizaron tres disparos en la parte externa del establecimiento carcelario que impactaron en la pared. También se dejaron tres aterradores panfletos amenazando al director de la cárcel y a su familia: “De parte de Pedro Pluma del patio cuarto para el director, que si vuelve a meter requisa para el patio le mato a la familia. Para que vean que yo si tengo poder y si me trasladan le mato a la familia”.
Hasta el momento no se tiene conocimiento de quien es Pedro Pluma. En próximas entregas ahondaremos en detalles. Lo cierto es que los funcionarios del INPEC temen por sus vidas en varias cárceles del país. Se necesita una intervención frontal y directa del gobierno nacional.