Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Hace un mes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), junto con el Ministerio de Justicia, decretaron el estado de emergencia en los 138 centros penitenciarios del país. Esto luego de que las privadas y privados de la libertad de cárceles como La Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres, Cúcuta, La Picota, La Modelo, Cómbita, Palmira y Buen Pastor de Bogotá, decidieran organizarse en una jornada de protesta para solicitar medidas efectivas ante el riesgo de contagio y propagación del Covid-19.
Luego de esto, y tras una serie de exigencias por parte de los internos e internas, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos que no fueron atendidas a tiempo, se informó que el 07 de abril se había registrado la primera muerte a causa de Covid-19 en una persona que estuvo recluida en la Cárcel de Villavicencio hasta el 1 de abril. Poco después las denuncias de los internos se conocerían.
En ellas manifestaban que podrían ser más los contagiados en ese establecimiento, pero que las medidas no estaban siendo acogidas, incluso que ni siquiera tenían la posibilidad de hacer uso de tapabocas.
La situación era el inicio de todo lo que estaban señalando las organizaciones de derechos humanos, los internos y los familiares, pues como lo advertían, el sistema estructural carcelario no tendría la capacidad de atender una pandemia. Esto teniendo en cuenta la crisis que ha venido siendo avisada por la Corte Constitucional por lo menos desde 1998 a través de la Sentencia-T 153. Agregándosele a esto que la capacidad carcelaria es de 80.763 personas y al momento, según datos del INPEC, hay 120.667.
Por su parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 546 en el que se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas, la crisis carcelaria cada vez se hace más tangible, alertando las graves situaciones en las que puede terminar esto. Situaciones que hoy ya son visibles y es necesario nombrarlas.
Preguntas sin respuestas luego de la masacre
Por un lado, en la jornada de protesta el 21 de marzo fueron asesinadas en la cárcel La Modelo 23 personas privadas de la libertad y 83 fueron heridas de gravedad. Además, al 25 de marzo a través de Pares se informó que varias familias todavía no habían recibido los cuerpos de sus familiares, mientras que otros esperaban las respuestas por parte INPEC sobre el estado de salud y el paradero de las personas que habían resultado heridas, pero de las cuales ni siquiera se sabía en qué hospital estaban, o si habían sido trasladadas de nuevo a la cárcel.
Esas dudas son persistentes, aun cuando ha pasado más de un mes después de los hechos, en el que se ha estado evadiendo las investigaciones pertinentes bajo el argumento de la Fiscalía y de entidades estatales de que lo que hubo ese día fue un intento de fuga masivo.
Según lo informado por el Congreso de los Pueblos, luego de que la organización insistiera por respuestas para las y los familiares, se conoció que al 6 de abril no se tenía información de la evolución del estado de salud de cinco internos:
En ese sentido, el INPEC habría prohibido a los hospitales dar esta información. Se trataría de Joseph Esneider López; herido en la columna; Cesar Arturo Martínez, quien no estaba en la lista de heridos, pero tenía herida de bala en la pierna izquierda; Diego Armando Novoa; quien presentaba disparo en la parte derecha del estomago y estaba internado en la Clínica Colombia; Eduardo José Pulido; herido en el brazo derecho por una bala, quien fue atendido ocho días después de los hechos y el 02 de abril regresaría a La Modelo aún con el proyectil; Andrés Yesid Zapata, atendido 4 días después y a quien se le amputaron tres dedos.
Asimismo, se conoció que a esa fecha Luis David Rivera, quien presentaba fractura en un brazo no había sido atendido, mientras que se conoce que Pedro Wilmer Abreo y Juan Sebastián Prieto estaban heridos, pero sin determinarse cuál era la lesión.
A esto se agrega que desde el 21 de marzo y hasta el 04 de abril no se tenía ninguna información de Fredy Mauricio Cárdenas, Robinson Andrés Martínez, Marco Roberto Parra, Luis Hernando Rico y Carlos Alonso Tocancipa, de quienes se ha dicho que están vivos, pero no se ha tenido ningún tipo de comunicación, además de conocerse que no están en los patios donde estaban recluidos.
Un decreto sin rumbo y contagiados en alza
Por otra parte, es necesario señalar que a hoy hay cinco cárceles con registros de contagiados por Covid-19. Se trata de la cárcel de Leticia (un guardia con el virus), Guaduas (una persona privada de la libertad); La Picota (5 internos); Las Heliconias en Florencia (un privado de la libertad); y la cárcel de Villavicencio, donde se han registrado 109 casos, en los que hay 2 reclusos fallecidos y 31 funcionarios, incluyendo el chef de la prisión y el jefe de cocina, asimismo la jefe de enfermería y la auxiliar de enfermería, el único personal de salud que hay en dicho establecimiento.
Esta situación sigue alertando, incluso cuando hace diez (10) días se expidió el Decreto 546, el cual propendería por bajar los niveles de hacinamiento los cuales rondan el 55% y son un factor que potencian las posibilidades de contagio y la precarización en la atención médica.
Sin embargo, sigue habiendo muchas dudas respecto al documento, que, aunque incluye prioridades por personas mayores a 60 años, madres gestantes, internos con enfermedades que representen mayor vulnerabilidad, privados de la libertad con movilidad reducida, condenados a penas de hasta cinco años y quienes hayan cumplido el 40% de la condena, también plantea alrededor de 70 excepciones que podría implicar que esta medida excluya a la mayoría de privadas y privados de la libertad.
A esto se le agrega que a pesar de que los traslados estaban prohibidos desde decretado el estado de emergencia, estos se siguen haciendo y son los que causaron que la pandemia llegara a la cárcel de Guaduas, La Picota y Las Heliconias (Florencia).
Ante todo lo anterior, Pares habló con Gloria Silva, abogada penalista, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, una organización protectora de los derechos humanos, con trabajo con las y los privados de la libertad. Además, quienes han hecho seguimiento a la situación carcelaria, sobre todo durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
Pares: Con el panorama actual; un virus que ya se propagó en las cárceles y medidas sanitarias que se siguen reclamando, pero con un decreto de por medio, ¿cómo han visto la gestión del Gobierno ante esta situación?
Gloria Silva: Lo primero que tenemos que señalar es que han sido lamentables y tardías las decisiones estatales frente a la pandemia y su contención en el sistema penitenciario y carcelario. Desde antes de que esto sucediera distintas organizaciones y colectivos de derechos humanos, familiares y de privadas y privados de la libertad, se solicitó al Gobierno tomar medidas eficaces porque se evidenciaba que no se habían implementado protocolos serios de contención.
Las cárceles estaban y están en situaciones sanitarias bastantes complejas y la guardia penitenciaria y el personal contratista del INPEC ingresaba a los establecimientos sin ni siquiera un tapabocas. Entonces era predecible que de ingresar el virus se iba a generar un genocidio.
Por eso, se empezó a insistir al Gobierno Nacional que se adoptaran medidas de excarcelación extraordinarias para deshacinar las prisiones, de tal manera que se pudiera favorecer la población sustrayéndola de ese ambiente de peligro y riesgo especial, y que la gente que quedaba adentro realmente pudiera tener condiciones para el aislamiento que se plantea como medida de protección.
Esto no fue implementado a tiempo, a pesar de las denuncias que se venían haciendo y ocurre lo que terminó pasando en la Cárcel de Villavicencio con los internos contagiados que se trasladaron a otras tres cárceles del país. Además, sorprende que el INPEC también emitió una circular en la que prohibía los traslados como medida de prevención y aun así realizaron varios traslados y entre estos, personal de la cárcel de Villavicencio que particularmente fueron llevados a Las Heliconias y a La Picota.
Adicionalmente, según denuncias que nos hacen las y los privados de la libertad, así no lo reconozca el INPEC, las personas que tuvieron este contacto con los internos de Villavicencio que luego dieron positivo para el Covid-19 no han sido aisladas tampoco, sino que fueron llevadas a los patios y eso empieza a generar mayor angustia dentro de la población carcelaria. Eso ha llevado a que, además de pedirle al Gobierno que se instale una mesa para replantear el Decreto, se tomen medidas serias para evitar la propagación del virus en estos establecimientos.
Pares: ¿El Decreto tal y como está planteado puede generar medidas que en efecto favorezcan a la población carcelaria?
G.S: Ese Decreto no va a generar el impacto que se está previendo de deshacinar de manera extraordinaria y rápida las cárceles como medida de protección. Esto porque tiene una lista excesiva de excepciones, incluso, exclusiones que son más rigurosas que las que establece la ley ordinaria.
Por ejemplo, en las excepciones se encuentran todos los delitos que la mayor población carcelaria tiene. Por ejemplo, los hurtos, los cuales están muy relacionados con el sistema desigual en el que estamos y en el que no se garantizan los mínimos de vida digna. Además, hay delitos relacionados con el narcotráfico, en los que un buen porcentaje son mujeres que posiblemente estaban en los eslabones más bajos de toda la cadena de producción y comercialización de drogas.
Esa es la lamentable realidad del Decreto, la cual que no va a impactar la situación en las prisiones, donde se está empezando a desarrollar una masacre.
Pares: Uno de los reclamos que se daban antes del virus era que los jueces no estaban dando abasto con la cantidad de casos que debía resolver el sistema judicial ¿Esto como afecta que las medidas que tomó el Gobierno para la excarcelación sean reamente tomadas con prontitud como se plantea en el documento?
G.S: En el Decreto no hay otras medidas administrativas que son necesarias, como el fortalecimiento de la judicatura para poder atender la avalancha de casos que vendrán, que a pesar de que son pocos los que se podrán acoger a la medida, sí habrá una cantidad importante de solicitudes que van a llegar a los jueces de ejecución de penas o de garantías, principalmente.
Tampoco se han fortalecido las oficinas jurídicas de los establecimientos de reclusión, eso ha sido denunciado, conocido, y además es que es un hecho notorio que en el departamento jurídico de estos establecimientos hay también un exceso de trabajo que no está completado; no están completadas las hojas de vida de las y los internos, no están actualizadas las redenciones de pena, no hay suficiente personal y se supone que son ellos los que primeros deben tramitar y remitir toda la documentación a los jueces para que puedan conceder las excarcelaciones.
A eso se le suma que el personal médico tiene que certificar las condiciones de salud de la población especialmente vulnerable, y también ese personal médico está alcanzado, no es suficiente, no tienen tampoco las condiciones de bioseguridad para atender a la población reclusa. En ninguno de estos escenarios el Gobierno adoptó medidas, ni en este Decreto, ni en ningún otro.
Adicionalmente, las y los privados de la libertad no pueden ni siquiera recurrir a las decisiones de los jueces, entonces eso sigue alimentando la vulneración de garantías que son complejas en estos procedimientos, que no serán ni eficaces, ni rápidos como se anuncian por parte del Gobierno.
Pares: Como mencionaba e este tiempo se han realizado una serie de traslados que han propagado el virus y han acentuado las posibilidades de contagio. ¿Hay alguna entidad que esté haciendo veeduría para que esto cese y que además haga seguimiento a los traslados que ya se hicieron?
G.S: Lamentablemente nadie, porque todo este aislamiento social ha generado también un espacio de mayor segregación de las prisiones, y creemos que no ha habido suficiente atención y coordinación por parte de los órganos de control.
Además, las organizaciones de derechos humanos que hacemos trabajo en las cárceles tampoco podemos ingresar para hacer algún tipo de veeduría. Esto ha sido todo un encuentro de factores muy graves y negativos de la necesidad que existe de velar por los derechos de la población reclusa en estos momentos.
Pares: Con la situación que se ha registrado; por un lado, exigencias para tomar medidas sanitarias efectivas, y por otra parte, registros de varios contagios, ¿se han tomado ahora sí medidas de protección para las y los internos?
G.S: No, lamentablemente no es así. Hemos sabido que en algunos establecimientos como Bellavista en Medellín y La Picota se han tomado algunas medidas, pero que han sido más por iniciativa de los funcionarios de INPEC o por organizaciones de derechos humanos, y no porque haya sido financiada del Gobierno.
Uno de los puntos más importantes es que el personal médico no ha sido fortalecido, el hacinamiento es el mismo. Por mucha gente que salga con el Decreto no superará el 3.3% de la población carcelaria, lo que no haría ni cosquillas a la situación general, teniendo en cuenta que en algunos establecimientos el hacinamiento llega casi a 200%
Pares: ¿Qué ha pasado con las huelgas de hambre y los otros tipos de protesta que adelantan las y los internos desde distintas cárceles del país?
G.S: Esas huelgas de hambre han sido desarrolladas por varios días, donde también ha habido otro tipo de potestas pacificas al interior de los establecimientos, por ejemplo, no dejarse encerrar, dormir por fuera de las celdas, plantones por fuera de los establecimientos como el de ayer en La Picota, cacerolazos o portazos en las cárceles, en general estas demostraciones de inconformidad con una carga simbólica se están dando todos los días al no haber ninguna respuesta.
El día este viernes 24 de abril, las familias convocaron a una audiencia pública donde quieren expresar todas estas situaciones, porque ha todos se ha escuchado; se ha escuchado a la Fiscalía, al director del INPEC, académicos, pero a los que no han sido a las y los familiares y a la población reclusa, por eso urge esta iniciativa para convocar al Gobierno y a tras instituciones para mirar alternativas frente a todo esto