Por María Victoria Ramírez
“Nuestras emociones decían que la minoría blanca es un enemigo, que nunca debemos hablarles, pero nuestro cerebro decía si no hablas con ellos, nuestro país arderá. Y durante muchos años más nuestro país se llenará de sangre. Teníamos que reconciliar ese conflicto. Lograr hablar con los ‘enemigos’ fue el resultado de la dominación del cerebro sobre las emociones.” Nelson Mandela
Santiago de Cali, una ciudad que el 17 de abril de 2021 cerró sus puertas por cuenta del COVID, puesto que los contagios y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo han aumentado ostensiblemente, también una ciudad que le apuesta a la reincorporación y a la reconciliación.
Desde el mes pasado, estoy vinculada con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, en cabeza del Dr. Danis Antonio Rentería Chalá y de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz a cargo de la Dra. Natalí González Arce, para desarrollar y formular el Plan de Reincorporación del Distrito de Cali, con dos ingredientes, primero, el enfoque de género y, segundo, el enfoque diferencial. Mediante un proyecto que tendrá un horizonte de tiempo hasta el fin de la presente administración (diciembre de 2023), que, según el Banco de Proyectos, tiene un presupuesto en el primer año de 400 millones y alrededor de 300 millones en los dos años subsiguientes, y tiene el reto de ser un plan que incluya a todos los reincorporados, que en Cali son alrededor de 240 personas, de tener en cuenta que éstos vienen de distintos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) cuya mayoría se ha desplazado por razones de seguridad.
La elaboración de un plan adecuado y eficaz, que garantice la reincorporación integral de los excombatientes, implica que tengan acceso a vivienda, educación, empleo a participación política y comunitaria a construir ciudad. Esto requiere que se consulten las necesidades, que se tengan en cuenta las particularidades, que se destinen los recursos humanos y financieros para logarlo.
Para ello, estamos en el esfuerzo de articulación de distintas instancias:
a) Con las organizaciones y/o voceros de los reincorporados
b) Con otros proyectos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
c) Con otras secretarías al interior de la Alcaldía Distrital de Cali
d) Con otras entidades estatales (ARN, SENA, etc), y organismos oficiales internacionales (Misión de Verificación de Naciones Unidas)
e) Con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales
De acuerdo con Horacio Castro, miembro de la dirección local y departamental del Partido Comunes, enlace territorial del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), componente FARC y Responsable de reincorporación en el Valle, en ese departamento no se contó con un ETCR por oposición de los ingenios azucareros. Y dado que, en la implementación de los acuerdos no se pensó en la reincorporación urbana, eso ha generado grandes dificultades, y lo que están viviendo hoy dista mucho de lo que se acordó. Según cifras de la ARN, en el departamento hay 500 personas reincorporadas, de ellas 240 están en Cali. Pero advierte que la población reincorporada es muy fluctuante y se desplazan con frecuencia. Inicialmente se asumió que todos los reincorporados pasarían en bloque a constituir el partido y que la reincorporación sería colectiva, la realidad es otra. La reincorporación es mayoritariamente individual y urbana.
En el Valle hay siete formas organizativas de los reincorporados, cuatro de ellas en Cali. Estas son: Corporación Departamental para la reincorporación de los Comunes Valle del Cauca (COMUNVALLE), las Manuelitas, Ciudad Paz, COOPAGROVALLE, tres cooperativas legalmente constituidas en Dagua, Buenaventura y en Tuluá. Próximamente un grupo vendrá de El Diamante, Meta y se ubicarán en Sevilla y otro grupo de Monte Redondo, Cauca a un sitio no determinado aún.
Los reincorporados han reportado incidentes de seguridad en el departamento del Valle, uno de ellos fue noticia: el 13 de julio de 2020 una banda de delincuentes conformada entre 10 y 12 asaltantes, redujo a un grupo de reincorporados de “La Granja La Vaca Lola” en jurisdicción de Cali, les robó todo, dinero, computadores, teléfonos celulares, entre otros objetos. El tema de seguridad es delicado a nivel nacional. Como miembros de dirección local del partido fueron objeto de amenaza colectiva de Las Águilas Negras, y desde entonces se solicitó en octubre de 2019 un esquema de seguridad individual para Horacio Castro y a raíz del asalto, un esquema de seguridad colectivo que aún no ha sido asignado. La UNP se comprometió a implementar un esquema de emergencia que aún no se ha materializado. En síntesis, no hay esquema de seguridad ni individual ni colectiva para proteger el Espacio de Reincorporación.
Los proyectos productivos colectivos tanto de “ComunValle” como de Ciudad Paz, tienen necesidades en materia de apoyo técnico en materia de canales de comercialización para sus productos y de apoyo en la formulación de nuevas iniciativas que fortalezcan lo ya existente y les garantice la sostenibilidad.
El hecho de que la mayoría de la reincorporación se esté realizando individualmente, algunos por decisión personal, lo cual es legítimo, otros por desencanto frente a las formas asociativas u organizativas ligadas al Partido Comunes, otras por haber sido víctimas del desplazamiento por condiciones de seguridad en los antiguos ETCR en los que se ubicaron inicialmente, es en mi opinión desafortunado, puesto que va directo al corazón de la reincorporación política.
En estas tres semanas en las que he estado al frente del Desarrollo del Plan de Reincorporación de Cali, he podido reunirme con diversas personas e instituciones para que esta tarea sea hecha de manera participativa y sobre la base de las necesidades y la realidad de la población reincorporada.
Hay que rescatar, en medio del desencanto que los reincorporados manifiestan frente a la lentitud del Estado para viabilizar la reincorporación en materia de proyectos productivos, en materia de vivienda, de educación y seguridad, que todos aquellos con los que he conversado siguen convencidos de que la paz es el camino.
El compromiso del Estado colombiano tiene que honrarse. Es imprescindible que quienes dieron el paso a la vida civil, sean acogidos por la sociedad en reconocimiento por su decisión. Ellos confiaron, pese al clima, resistencia y estigmatización al que son expuestos.
En el marco de la reunión ordinaria de Mesa Territorial de Reincorporación del Valle, fuimos informados de la destinación de 500 millones de pesos para apoyo a proyectos productivos de los reincorporados del Valle. Yo he lanzado una propuesta que los proyectos que sean postulados, ojalá estén relacionados con energías renovables y eficiencia energética, por ser este tema estratégico. Sin demeritar los proyectos que hasta ahora han sido apoyados desde la ARN, es importante que los reincorporados incursionen en actividades económicas que tengan gran proyección.
Hoy más que nunca, cuando la pandemia nos pone frente a retos enormes como la reactivación económica, sumado al hecho de que macroproyectos energéticos como Hidroituango, que no entró en operación en el tiempo indicado, abastecer de energía eléctrica al país de forma sostenible, pasa porque se formen profesionales, técnicos y personal en general con conocimiento y capacidad para diseñas, ejecutar y poner en marcha proyectos relacionados con energías renovables y redes inteligentes que los gestionen, y procesos de eficiencia energética.
¿Por qué no pensar que los otros hombres y mujeres que participaron del conflicto armado, y hoy se mantienen en la paz, se conviertan en militantes y gestores de la transición energética que requiere Colombia?