La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Antioquia

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

La cuota de administración por vivir en Antioquia está subiendo en el 2025. Desde enero, mediante la Ordenanza Departamental 50, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón Cardona, estableció un costo adicional a los habitantes de este territorio. La norma le permitió crear una Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Aunque el impuesto no es nuevo en Colombia —pues la vienen implementando los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Sucre, y próximamente en Santander— la Gobernación de Antioquia lo presenta como una gran innovación social. Un impuesto con el que el gobernador intenta seguir manteniéndose a la vanguardia en el manejo de lo público, atacando y cuestionando las propuestas del Gobierno nacional.

Ahora coloca en la opinión pública la tesis de que son las gobernaciones y no el Estado central a quien le corresponde invertir en los policías y soldados del país. Busca con el nuevo impuesto defender la idea de que son los gobernadores y dirigentes de los niveles descentralizados los que deben garantizar la seguridad de los colombianos, como si el Estado central fuera incapaz.

El mandatario regional no quiso desaprovechar el poder mayoritario que tiene entre los miembros de la Asamblea Departamental para que le aprobaran en diciembre de 2024, sin mucha discusión y crítica, un nuevo tributo para los antioqueños que viven en los estratos  4, 5 y 6, y para los sectores industrial, comercial y oficial.

Además, está recurriendo al sentimiento de solidaridad que tienen los “paisanos” con la Fuerza Pública para que paguen cumplidamente en el primer trimestre de 2025. Pues, según insiste, estamos en un contexto donde se ha incrementado la violencia contra “nuestros soldados y policías” y se requiere un dinero adicional para financiar los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura, con más cámaras de seguridad e infraestructura para el patrullaje, el monitoreo y la movilidad estratégica.

Con este nuevo impuesto, el gobernador de Antioquia está dejando claro que su apuesta, como administrador de lo público, es la seguridad. Una idea con la que ha sido coherente desde hace más de una década atrás, cuando ha ocupado cargos públicos: durante la administración del gobernador Luis Alfredo Ramos, cuando fue secretario de Gobierno entre 2008 y 2012. También como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019, se comportó de esta misma manera.

Y ahora lo hace nuevamente como gobernador del departamento de Antioquia y miembro del partido Centro Democrático.  Una apuesta que le ha servido para ponerla de bandera de su programa de gobierno —la seguridad para la región— y que lo acerca cada vez más con la ideología de los miembros de su partido. Lo que asegura el apoyo popular, en un departamento donde cuenta con mucho respaldo el uribismo.

El gobernador ha sido claro que este “apoyo a la Fuerza Pública” es obligatorio. Y que de no ser pagado, en los plazos estipulados por la Secretaría de Hacienda, comenzarán a imponerse las sanciones a partir del 15 de junio: primero con un interés de mora, equivalente a la tasa de usura determinada por la Superintendencia Financiera con una moralidad de crédito de consumo menos dos puntos; y luego con  cobro coactivo de embargos de activos y de productos financieros.

El gobernador Andrés Julián Rendón no quiso en esta ocasión acudir a la libre y espontánea solidaridad de los antioqueños y antioqueñas para recoger el billón de pesos que recogerá con el impuesto, tal como lo quiso hacer con la “vaca” para las vías del departamento, sino que recurrió al poder que le ofrece la Constitución —de producir normas— para recoger el dinero de forma obligada, incluso, amenazando con los cobros coactivos.

Como ocurre siempre con las propuestas del gobernador, los críticos han sido pocos. En un inicio, algunos diputados —una vez radicado el Proyecto de Ordenanza número 27, el 28 de junio de 2024— hablaron de lo desafortunado de la propuesta, pues le faltaba comunicación y socialización; además, se estaba en un momento difícil para los consumidores de energía y para las empresas, todos ellos muy golpeados por la situación, que pone en riesgo la inversión.

Y luego, paradójicamente, la principal crítica vino del mismo político que tanto lo apoyó en su elección como gobernador. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no le aceptó a Julián Rendón que se pusiera en la factura de los servicios que presta las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el valor adicional. Para Gutiérrez, quien es el presidente de la compañía y está al frente de la Junta Directiva, la tasa puede ser leída por los consumidores como un incremento en el precio del servicio, lo que haría que se redujera el consumo de energía.

Además, el gobernador y los asambleístas no pueden subvertir las atribuciones constitucionales que se le han dado a las comisiones de regulación para poner tributos en el pago de servicios públicos domiciliarios. Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la que está encargada de cambiar fórmulas tarifarias y establecer cobros adicionales, impactando planificadamente la economía.

Sin embargo, la Asamblea Departamental y la Gobernación de Antioquia hicieron caso omiso y buscaron saltarse la norma. La Ordenanza Departamental 50 mantuvo la idea inicial de calcular el impuesto de acuerdo al consumo mensual de energía en kilovatios hora (kWh) —consumo mensual de energía (kWh) x Tarifa x Unidad de Valor Tributario (UVT)—; pero el cobro lo hace sin usar la factura de servicios públicos, lo envía a los hogares por medio del correo.

Está estratagema, le está permitiendo a la Gobernación una asignación proporcional al uso real de los servicios, afectando a las empresas de servicios públicos y a los consumidores de energía, pero recogiendo de manera obligatoria los impuestos. Es decir, la gobernación está obligando de forma unilateral a los consumidores de energía a que se solidaricen de manera obligada y mensual con la Fuerza Pública.

Lo hace con una tasa poco socializada e impuesta de manera unilateral. Medidas a las que hay que ponerle mucho cuidado desde la ciudadanía y pedirle al Estado que las controle. De lo contrario estaríamos aceptando la idea de que como el dinero es regional, también el control de la Fuerza Pública y del sistema carcelario debería serlo, lo cual traería consecuencias nefastas para el país. Finalmente, esperemos que está tasa no haya llegado para quedarse.

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.