Por: Redacción Pares
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CAJAR presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP el informe “Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia”, el cual constituye un esfuerzo de las víctimas de la región Caribe para aportar al esclarecimiento histórico de las muertes de sus familiares y dignificar su memoria.
En el informe, según información publicada por el CAJAR, se documentan 164 casos con cerca de 300 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por integrantes del Ejército Nacional en el periodo 2003 – 2008 en el Caribe colombiano, e incluyen los casos documentados en el informe presentado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP -SRVR, el pasado 7 de marzo, cometidos bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez en el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.
Según el informe, las víctimas de estas muertes fueron tanto indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, como campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad como habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción, por lo que se advierte un ejercicio de exterminio selectivo.
El Informe entregado a la JEP analiza patrones evidenciados frente al perfil de las víctimas, el papel de los reclutadores en las ejecuciones extrajudiciales, la relación entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares y los mecanismos de encubrimiento y de impunidad empleados por agentes y entidades del Estado.
Sobre el contexto nacional en que ocurrieron estos crímenes, un informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU y la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation -FOR, se documentaron los casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre los años 2000-2010.
De estas, 5.326 personas fueron víctimas de esta modalidad de crimen de Estado durante la Administración de Álvaro Uribe Vélez, lo que implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno, cerca de dos personas cada día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública.