Por: Laura Alejandra Fajardo Umbarila
Asistente de investigación. Línea de Gobernabilidad y Democracia
Las mujeres colombianas son uno de los grupos poblacionales más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Según datos oficiales recogidos por ONU Mujeres, cerca de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en medio del conflicto armado, mientras que 57.000 son víctimas del desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011 se registraron cerca de 2.700.000 mujeres víctimas de desplazamiento, cifra que representa cerca de 6% del total de la población colombiana y el 51% del total de las mujeres desplazadas en toda la historia del conflicto. De esta última cifra, aproximadamente el 15,8% denuncian haber sido víctimas de violencia sexual.
En el marco de las medidas de reparación, reivindicación y apertura democrática, el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP acordaron en el Acuerdo de Paz la creación de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz como un mecanismo apto para la inclusión participativa y representativa de las víctimas que se encuentran en los territorios del país más golpeados por la guerra. Según el Acuerdo, estas circunscripciones tienen por objetivo “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones”
Párrafo siguiente, el Acuerdo establece el interés de las partes por la promoción de la participación política de las mujeres, reconociendo la importancia que ellas tienen en la “prevención y solución de conflictos y la consolidación de la paz”, haciendo manifiesto su rechazo por la discriminación contra la mujer y reafirman “que el aporte de las mujeres como sujetos políticos en la vida pública es vital para el fortalecimiento de la democracia”
A raíz de esta búsqueda por la inclusión, el Acto Legislativo 02 de 2021, instrumento jurídico bajo el cual se instalan formalmente las Circunscripciones, establece que la conformación de las listas deberá ser paritaria, es decir, cumplir con los criterios de 50/50 para hombres y mujeres, de forma tal que, de las 403 candidaturas inscritas por estas circunscripciones, 202 son mujeres.
Sin embargo, esta apertura representativa para las mujeres ha suscitado algunas preguntas frente a qué tan efectiva puede ser dicha paridad en materia de representatividad de las mujeres víctimas, así como las condiciones estructurales que, en general, limitan la participación de las mujeres colombianas en los debates y decisiones públicas.
Las mujeres en la guerra: cifras, roles y condiciones
Los círculos académicos, las organizaciones sociales y la Corte Constitucional[1], coinciden en afirmar que las mujeres son uno de los grupos sociales más afectados por el conflicto armado en el país. La preexistencia de condiciones violentas contra ellas, propias de un país culturalmente machista y patriarcal (como la violencia intrafamiliar), se intensificaron en el marco de la guerra, y al tiempo, las dinámicas por el control de las poblaciones y los territorios insertaron en el reportorio de violencias contra las mujeres procesos como el desplazamiento forzado y la violencia sexual.
Según la CIDH, la violencia contra las mujeres fue usada como estrategia de guerra. Esta violencia se expresó en violencia física, sexual y psicológica y el desplazamiento forzado, y estuvo motivada por el control de las poblaciones y los territorios, la debilidad del bando enemigo y el aleccionamiento de quienes se relacionaban con el contrario (fuera real o supuesto) tuvo como consecuencia la intensificación de la atrocidad de los crímenes contra las mujeres.
Reflejo de este ensañamiento es la violencia sexual, reconocida por la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una práctica sistemática y generalizada usada para sembrar el terror en las comunidades, como una forma de tortura, castigo y control de los territorios.
Por la naturaleza del hecho violento, sus características culturales y sociales lo convierten en un delito del que poco se habla, se denuncia y se sanciona. Oxfam reconoce que “no es posible cuantificar, ni de manera aproximada, cuántas mujeres han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi cincuenta años del conflicto armado”. Además, los niveles de impunidad que revisten a la violencia sexual conducen a que sólo el 18% de las mujeres denuncien, y de estas denuncias, sólo dos de cada cien son probables que conduzcan a una sentencia, dejando un 98% de nivel de impunidad, cifras que sólo desalientan la denuncia y confirman la inseguridad jurídica para el tratamiento de estos delitos.
Algunas cifras en el tema son recogidas en el Auto 098 de 2013, la Corte destaca que “entre los años 2001 y 2009 un total de 489.687 mujeres han sido víctimas de agresiones de tipo sexual […] en promedio 54.410 mujeres fueron víctimas directas de actos de violencia sexual cada año, lo cual equivale a que diariamente 149 mujeres fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual”
El desplazamiento forzado como hecho victimizante y fenómeno de transformación de roles sociales
Según cifras gubernamentales citadas por la CIDH, cerca de la mitad de las víctimas de desplazamiento en el país son mujeres, y cada cuatro de diez familias poseen actualmente una jefatura femenina, como consecuencia de este fenómeno. El desplazamiento en Colombia implicó una transformación en los roles asignados histórica y culturalmente a las mujeres, particularmente en el ámbito público y privado. En el ámbito privado, tras la muerte violenta de las figuras patriarcales y de liderazgo familiar, como el asesinato de padres, tíos, hermanos y abuelos, las mujeres se vieron obligadas a asumir los roles de sustento económico y liderazgo familiar. La ausencia de estas figuras al interior de las familias, obligaron a las mujeres colombianas víctimas de desplazamiento forzado a tomar las riendas del hogar y liderar, entre otras cosas, los desplazamientos internos hechos en medio de la huida de la violencia y, al mismo tiempo, la búsqueda por la sobrevivencia del núcleo familiar y comunitario, resumida en la urgencia vital de atender y resolver necesidades básicas como la comida y el techo.
Este traslado de roles en la vida privada empujó a su vez a un cambio en los roles de las mujeres en la vida pública y vida política. Por un lado, la urgencia de sostener la vida de su núcleo familiar sobreviviente llevó a muchas mujeres a buscar un empleo, disputarse un salario, rebuscarse en la calle y la informalidad, etc. salir de la esfera privada de su hogar al mundo de lo público, lugar que antes del desplazamiento, ocupaba el hombre, en su rol tradicional del responsable por el sostenimiento de las condiciones de vida materiales.
Por otra parte, las circunstancias del desplazamiento masivo y comunitario bajo las cuales se dieron los procesos de movilidad forzada en el país, llevaron a muchas mujeres a encabezar un ejercicio de resiliencia y resistencia, materializado en el liderazgo de la organización comunitaria y política por la defensa de los territorios, la búsqueda por la verdad y la reparación, la gestión de los procesos de restitución de tierras y la búsqueda de ayudas y respuestas estatales ante las condiciones del desplazamiento y la inseguridad territorial.
Sisma Mujer destaca esta cualidad al reconocer que:
“para las mujeres defensoras, el liderazgo se presenta como una opción vital que les ha permitido superar las experiencias difíciles de violencia y las ha transformado positivamente, dotándolas de la capacidad de resistir y pervivir. Han transitado por un proceso de resignificación de la propia trayectoria de vida, atravesada por la guerra y las violencias: un proceso de crecimiento personal y de construcción colectiva, muchas definido por ellas como empoderamiento” (p. 132)
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estas organizaciones y la apertura de posibilidades que pueden tener figuras de participación democrática como las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, el reciclaje de la violencia en las regiones colombianas, amenaza latentemente la permanencia de estas mujeres y sus procesos políticos en los territorios. La reconfiguración de los grupos armados amenaza contra la vida de las lideresas impide el libre desarrollo de iniciativas comunitarias y frena la apertura democrática y participativa en estas regiones.
¿Qué significa amenazar a una lideresa en Colombia?
El Auto 098 de 2013 emitido por la Corte Constitucional reconoce la particularidad del liderazgo social ejercido por mujeres, así como las condiciones específicas de violencia a las que se enfrentan las lideresas y defensoras de derechos humanos, pues no sólo exponen sus vidas y las de sus familias ante los hechos violentos propios de la guerra, sino que también son víctimas de las violencias basadas en género, y esta dualidad en las violencias configura un escenario de riesgo exponencial para quienes son lideresas en sus comunidades.
La Corte ratifica que las lideresas enfrentan un riesgo constante a ser víctimas de abusos y agresiones con marcada distinción de género, como la violencia sexual, la trata de personas con fines de esclavitud sexual y doméstica, las humillaciones públicas con contenido sexual, las marcas en el cuerpo con las que los actores violentos les imprimen mensajes denigrantes, etc. Además, los actores armados amenazan constantemente la vida de los miembros de los núcleos familiares de las lideresas: acechan con el reclutamiento de sus hijos, la violencia sexual contra sus hijas, la desaparición de las personas mayores y en general, personas que, en el marco de las labores del cuidado, son responsabilidad de estas mujeres.
Sin contar que la violencia contra las lideresas representa una fractura de los procesos comunitarios liderados por ellas, rompiendo con procesos previos de resiliencia y resistencia, fenómenos de activismo político que son leídos por los actores armados como una subversión al orden tradicional y el deber ser de las sociedades, en tanto las mujeres no están “hechas” para la vida pública y, como tal, su labor y vida deberían dedicarse exclusivamente a los roles designados, patriarcalmente, al interior del hogar.
En palabras de Sisma Mujer, recuperadas por la Corte en el Auto mencionado: “las mujeres defensoras de derechos humanos son atacadas por lo que son y por lo que hacen”. La violencia contra las lideresas sociales constituye no sólo un hecho aislado en el marco del conflicto armado, sino que configura la expresión de odio hacia las mujeres y la reproducción de los estereotipos de género.
Las mujeres en el Acuerdo: ¿son las Circunscripciones una opción de inclusión política?
La mención por la participación política de las mujeres en la composición de las Circunscripciones puede ser un avance en términos del reconocimiento de la importancia del papel político de las lideresas y una identificación de las condiciones particulares de violencia en el marco del ejercicio comunitario y de liderazgo.
Sin embargo, la escalada de la violencia por la que atraviesa el país conduce al incremento del riesgo que enfrentan las lideresas sociales en su ejercicio político y de empoderamiento como víctimas. Además de encarar los retos que, en general, todas las mujeres enfrentan al momento de hacer el ejercicio político, las mujeres víctimas se estrellan con las condiciones particulares en cada territorio: las disputas de actores armados por el control territorial y sus recursos, los dominios paraestatales en las zonas rurales, la pobreza y falta de recursos en las zonas más apartadas, etc.
· Según las investigaciones hechas por Pares en materia de violencia política- electoral, se identifica que, hasta el 13 de febrero, de las 163 víctimas registradas 36 son mujeres, siendo Bogotá (7) y Antioquia (5) los departamentos que más hechos victimizantes registran, regiones que coinciden con las circunscripciones, revelando los riesgos que corren las mujeres candidatas en su ejercicio político. En total, han sido asesinadas 2 líderes en Cauca y La Guajira, mientras que otras 34 han sido amenazadas.
· Las cifras de desplazamiento forzado en Colombia revelan un alarmante aumento de este fenómeno en los últimos años. Según CODHES, para el 2021 se registraron 167 desplazamientos masivos, lo que representa un aumento del 65.3% con respecto al 2020. Mientras tanto, ese mismo año se contaron 82. 846 víctimas, que significa un incremento de 169.3% con relación a las cifras del 2020. Los departamentos que más desplazamientos contabilizan son Nariño (32.026 víctimas), Antioquia (10.698 víctimas), Chocó (9.857 víctimas) y Cauca (8.418 víctimas), departamentos que en su mayoría hacen parte de las Circunscripciones de paz, particularmente por ser regiones golpeadas por el conflicto armado.
A su vez, la Agencia de la ONU para Asuntos Humanitarios reportó que más de 70.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2021, lo que representa un aumento del 200% en comparación con las cifras de 2020.
Este aumento del fenómeno resulta preocupante considerando las consecuencias que este hecho victimizante tiene para las mujeres víctimas del conflicto armado y los complejos procesos en la transformación de los roles sociales, el reciclaje de los ciclos de violencia y la revictimización por la que atraviesan estas mujeres.
· Aunque en los últimos años se haya dado un incremento de mujeres en política colombiana, el país sigue siendo uno de los más rezagados en materia de acceso y participación política para este sector en la región iberoamericana. Según el Informe de Baronesas electorales, algunas de las mujeres que han logrado conquistar espacios políticos y electorales en el país no necesariamente representan de forma efectiva a las mujeres víctimas, teniendo en cuenta que el origen de su capital político (herencias de clanes, paramilitarismo, etc.) dista mucho de los intereses, necesidades y banderas que las mujeres víctimas del conflicto, lideresas sociales y candidatas por citrep puedan tener.
Estas dificultades que se configuran como barreras estructurales revelan, una vez más, por qué mecanismos como la paridad, si bien son importantes, no son suficientes para asegurar la efectiva participación, representación y presencia política de las mujeres víctimas y lideresas sociales y comunitarias. Prometer la participación política y electoral pasa, necesariamente, por asegurar la protección de la vida y la no repetición de los ciclos de violencia por los que la población colombiana y, especialmente las mujeres, han tenido que vivir.
[1] Trabajos como los de Meertens, D. “La dimensión de género en el desplazamiento interno: resúestas institucionales en el caso colombiano”; Gandulfo, 2006. “Roles de Género y Desplazamiento Interno en Colombia; Barros y Rojas, s.f. “El rol de la mujer en el Conflicto Armado Colombiano”; organizaciones sociales como Oxfam (2009) La Violencia Sexual en Colombia. Un arma de guerra; y la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008.