Por: Hugo Acero Velásquez.
El Gobierno Nacional, a pesar de las buenas intenciones, se ha quedado corto en la solución de los problemas de violencia y delincuencia por los que atraviesa el país en la actualidad. A continuación, se exponen una serie de propuestas que intentan enderezar el camino.
Para comenzar, es necesario reconocer que hoy los problemas violencia y delincuencia están más asociados a la seguridad ciudadana que al conflicto armado, situación de “guerra interna” que predominó hasta la desmovilización de las FARC y que persiste en la visión de algunos funcionarios, instituciones y fuerzas políticas. Esta nueva realidad, supone que la concentración de esfuerzos y recursos de las instituciones del Estado nacional y territorial se deben orientar hacia la seguridad de los ciudadanos.
Por otro lado, más que los problemas de violencia y delincuencia, que son ampliamente conocidos por las instituciones de seguridad y justicia y por centros de pensamiento especializados en estos temas, el gran problema es de gestión y coordinación entre las instituciones que tienen la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Prueba de lo anterior es la Política de Seguridad y Defensa del actual gobierno que desconoce a los alcaldes y gobernadores, quienes son responsables de estos temas a nivel local. Por otro lado, hasta ahora el país no cuenta con una política nacional de seguridad y convivencia y las intervenciones en los territorios donde hay graves problemas de violencia y delincuencia son variadas y no se coordinan, como es el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), las de Construcción de Legalidad (ZCL), las de Legalidad Emprendimiento y Equidad (ZLEE) y las recientes Zonas Futuro (ZF) presentadas por el Consejero de Seguridad Sergio Guarín.
Hoy en Colombia, existen varias instituciones del orden nacional que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que desde luego debe incluir el tema de justicia; instituciones que desde su ámbito de responsabilidad cumplen con sus funciones, pero que no coordinan con las demás instituciones de seguridad y justicia como se debiera, para solucionar los problemas de violencia y delincuencia de manera integral. No existe una cabeza administrativa que lidere y coordine las distintas instituciones.
De manera gráfica, si un alcalde o gobernador quiere coordinar algunos temas especiales en materia de seguridad ciudadana con el Gobierno Nacional debe pedir varias citas en Bogotá, una con el Ministro de Defensa o con el director de la Policía Nacional para pedir más policías, una más con el Ministro del Interior si quiere algunos recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON-, o con el Presidente o la Vicepresidente para que le ordene a todas las anteriores instituciones trabajar con el Alcalde.
También debe pedir una cita con el Fiscal General de la Nación para que esta institución asigne más fiscales y se fortalezca la investigación criminal en su municipio. Ahora, si el tema tiene que ver con la justicia, debe reunirse con el Ministro de Justicia y del Derecho para tratar los temas cárceles, de resolución pacífica de conflictos y de justicia cercana al ciudadano. Si el problema es de justicia juvenil debe ir al ICBF que coordina el Sistema de Responsabilidad penal de Adolescentes -SRPA- y es con los jueces, hay que ir al Consejo Superior de la Judicatura o reunirse con el Consejo Seccional.
Es decir, si los alcaldes y gobernadores quieren contar con apoyo de las instituciones nacionales de seguridad y justicia, anteriormente mencionadas, deben permanecer un buen tiempo en Bogotá cumpliendo las citas o consiguiéndolas con el apoyo de algún congresista, funcionario o amigo cercano a estos funcionarios. No todos los mandatarios locales tienen “palanca” que les ayude en esta tarea.
Esta situación, no solo afecta la gestión territorial y local de la seguridad ciudadana, sino que a nivel nacional no existe coordinación adecuada entre estas instituciones, como tampoco una cabeza que las gobierne o coordine de manera adecuada y permanente, situación que se hace manifiesta en las diferencias y discusiones públicas entre distintos funcionarios de seguridad y justicia del orden nacional.
Esta falta de cabeza y de directrices claras de coordinación, también ha contribuido para que el país hoy no tenga planes públicos nacionales, en materia de seguridad y convivencia y de política criminal. Es decir, no hay cabeza, ni hojas de ruta para enfrentar de mejor manera la criminalidad y la violencia nacional y local.
Frente a esta situación, a nivel nacional, es urgente que el Presidente defina quién o qué institución debe liderar este tema, cómo se van a coordinar las instituciones de seguridad y justicia, inclusive las de desarrollo social si se tienen en cuenta los distintos programas de intervenciones interinstitucional en los territorios donde se concentran los principales hechos de violencia, delincuencia.
Igualmente, debe definir cómo se va a coordinar con los alcaldes y gobernadores que serán elegidos el 27 de octubre y comenzarán a ejercer a partir del 1 de enero de 2010. A su vez los nuevos alcaldes y gobernadores deberán asumir las responsabilidades constitucionales y legales que tienen en materia de seguridad.
Además de contar con buenos diagnósticos sobre los problemas de violencia y delincuencia a nivel nacional y local, es importante contar con una arquitectura institucional que coordinen todas las instituciones de seguridad y justicia, bajo el liderazgo del Presidente o quien él designe.
Este trabajo liderado y coordinado, además de potenciar los esfuerzos institucionales individuales, ahorra recursos y los resultados son mejores, como lo pueden certificar las ciudades capitales que desde hace algunos años cuentan con institucionalidad, tienen políticas públicas integrales y trabajan en equipo con las instituciones de seguridad y justicia.
Qué hacer frente a la criminalidad cada vez más organizada
En materia de seguridad ciudadana se está ante una delincuencia cada vez más organizada, en algunos casos empresas criminales constituidas desde hace muchos años y que tienen varias líneas de acción, como es el caso de algunos grupos que se dedican al narcotráfico para la exportación, al microtráfico, que es la distribución al menudeo en municipios y ciudades del país, al robo, recepción, transporte y comercialización nacional e internacional de bienes hurtados, como celulares, vehículos, motos y autopartes, a la minería ilegal, a los préstamos “gota a gota”, entre otras actividades ilegales.
Frente a esta situación, es necesario que las autoridades nacionales y locales fortalezcan el trabajo en cinco campos: uno, de inteligencia e investigación criminal, dos, concentración de esfuerzos policiales en zonas de alta incidencia de violencia y delincuencia, tres, fortalecer la participación ciudadana en materia de seguridad y convivencia y cuatro, intentar solucionar el grave problema carcelario y penitenciario. Estas propuestas complementarían los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, tanto el nacional, como los de los entes territoriales.
Inteligencia e investigación criminal en contra de empresas criminales
Hay que fortalecer el trabajo interagencial de las instituciones de inteligencia e investigación criminal de la Policía, la Fiscalía y contar con la participación del Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-, para no solamente enfrentar y desarticular las organizaciones criminales, sino para identificar y expropiarles los bienes y recursos mal habidos de quienes hacen parte de estos grupos y sus familiares. Expropiar “sus bienes” es lo que más les duele a los criminales.
En este campo, es importante mirar la experiencia que en los últimos dos años ha adquirido Medellín con la formulación y aplicación de su Política Criminal Territorial, que se ha orientado hacia la identificación de las estructuras criminales que existen en la ciudad, así como a cada uno de los miembros que la componen para desarticularlas. Esta política prioriza los fenómenos delincuenciales de mayor impacto, unifica criterios de intervención de todas las instituciones de seguridad y justicia sobre un objetivo común y establece una única línea de seguimiento y evaluación.
Hoy la ciudad cuenta con el Inventario Criminal Unificado que identifica las distintas estructuras criminales y sus miembros. Este inventario se elaboró con base en la información compartida de la Policía y la Fiscalía y fue complementado con un diagnóstico participativo que se hizo a los principales líderes de las comunas y corregimientos de la ciudad, con el objetivo de actualizar la calificación de las principales problemáticas de seguridad y convivencia en los barrios y comunas.
De esta manera, se identificaron las organizaciones delincuenciales que tienen presencia en cada uno de los territorios, se determinaron los delitos y modalidades ejecutadas, así como su relación con otras organizaciones delincuenciales que operan en el Área Metropolitana, en Antioquia e inclusive en el país.
Con base en esta información y en un trabajo interagencial se diseñó y puso en funcionamiento el Modelo de Intervención del Crimen Organizado. Una estrategia orientada no solo a capturar los cabecillas de las organizaciones criminales que operan en la ciudad y en la región, que se reponen fácilmente, sino a acabar estas estructuras criminales con la captura de cabecillas, mandos medios e inclusive bajos Dentro de esta Política se fortalecieron y/o crearon grupos especiales por delito, como es el caso de:
La Creación del Direccionamiento Integral Operativo para la Reducción del Delito (DIORE), un centro de análisis multidisciplinario que integra diferentes especialidades del servicio de policía y sirve de apoyo para distintos procesos de operativos y de investigación criminal, como el proyecto de Disuasión Focalizada de la DIJIN para la reducción del homicidio, al Modelo de Cuadrantes (MNVCC) a través de análisis de los turnos de vigilancia y la frecuencia delincuencial y la investigación criminal con análisis de redes sobre estructuras criminales.
La estrategia Fuerzas Articuladas Contra el Crimen Organizado (FACON) de la Fiscalía General de la Nación, la cual se materializa en la Resolución 2110 de 2017, con las diferentes acciones que tiene la Policía Nacional, apoyando su integración bajo la estrategia CEFCO (Centro de Fusión contra el Crimen Organizado), el cual se materializó en la directiva 044 de 2018, documento mediante el cual por primera vez se distribuye la Policía Judicial por estructura de Grupos de Delincuencia Organizada -GDO- y los Grupos de Delincuencia Común Organizada -GDCO-, logrando resultados importante que apuntan a la desarticulación de estos grupos.
Desde la creación de estos grupos, en Medellín se ha logrado la detención y privación de la libertad de más de 150 lideres, más de 350 mandos medios y cerca de 3000 de base de los diez (10) Grupos de delincuencia Organizada -GDO- y de los más de ochenta (80) Grupos de Delincuencia Común Organizada -GDCO que operan en la ciudad y en los municipios circunvecinos, como es el caso de Bello donde por décadas han operado varios organizaciones criminales como Los Pachelly, Los Triana, Los Mesa, Niquia, entre otros.
Esta experiencia de trabajo conjunto, que optimiza y fortalece el accionar de las instituciones de seguridad y justicia involucradas frente a las estructuras criminales, debe replicarse a nivel nacional, así como en muchos municipios y departamentos donde hoy los delincuentes parecen imponer sus condiciones, mientras las instituciones del Estado siguen trabajando cada una por su lado.
Menos policías: concentración de esfuerzos de seguridad, justicia e intervención social en sitios de alta violencia y delincuencia
A pesar de la necesidad y solicitudes de incremento del pie de fuerza de la policía en casi todos los municipios y departamentos del país, esto no es posible, antes bien el número policías en el país va a seguir disminuyendo. A la fecha se registra una disminución de doce mil (12.000) policías que se han pensionado y en los próximos años puede llegar a superar los treinta mil (30.000), cifra que es imposible reponerla porque no se tiene la capacidad de seleccionar y capacitar igual número de policiales en tan corto tiempo.
Frente a esta situación, además de aplicar las propuestas anteriores, hay que racionalizar los servicios de policía y distribuirlos de acuerdo con los problemas de violencia y delincuencia, como lo propuse en el artículo anterior. A manera de ejemplo, como lo muestra el siguiente cuadro, no se entiende la distribución de los policías en las Áreas Metropolitanas.
Frente a esta situación, hay optimizar y concentrar los esfuerzos de los pocos policías que se tienen en los territorios donde se concentran los hechos de violencia y delincuencia, como bien lo expuso el Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el General Jorge Luis Vargas, en entrevista que le concedió a El tiempo el pasado 14 de septiembre.
Esta estrategia se sustenta en:
Concentración de esfuerzos policiales y de la Fiscalía en los territorios, barrios, días y horarios donde se presentan la mayor cantidad de hurtos y otros delitos.
Cambio de la rutina de los policías en los territorios intervenidos, especialmente en los días y horarios que se presentan los delitos. Suele suceder que algunos delitos se incrementan los fines de semana y es cuando hay menos policías y la operatividad de la fiscalía y jueces disminuye.
De esta estrategia, para tener un mayor impacto y garantizar la sostenibilidad de los resultados, deben hacer parte activa los alcaldes, los gobernadores y las comunidades de los territorios que se van a intervenir.
Fortalecer el capital social
En materia de cualquier política pública, la participación de los ciudadanos es fundamental y en particular en temas de convivencia y seguridad ciudadana, en la medida en que los ciudadanos no solo pueden apoyar a las autoridades en sus labores de seguridad y justicia, sino que pueden constituirse en veedores para que las funciones que desempeñan las autoridades se ejecuten en el marco del Estado de Derecho, no haya corrupción y se exijan resultados públicos y periódicos.
En este aspecto, hoy están en segundo plano buenas experiencias como los Frentes Locales de Seguridad y las Escuelas de Seguridad y la policía está cada vez más alejada de los ciudadanos, como lo demuestran los resultados de la encuesta Gallup Poll donde la policía tuvo una opinión favorable por encima del 70% hasta 2010 y hoy está por debajo del 50%.
Intentar solucionar el problema carcelario y penitenciario
Pareciera que los distintos gobiernos no han tenido la voluntad política para realizar acciones de fondo para asumir y tratar de solucionar el grave problema de desgobierno que tiene las cárceles y penitenciarias colombianas y este campo se pueden realizar distintas acciones que avancen en la solución del grave problema que afecta la seguridad ciudadana, en la medida en que hoy este sistema es su “Talón de Aquiles “ porque ya no hay donde encarcelar más delincuentes y solo reproduce más violencia y delincuencia.
En este caso, el Estado, en cabeza del Presidente, puede:
-Realizar una reforma profunda reformado el INPEC y la USPEC, trasladando estas funciones al Ministerio de Defensa en cabeza de un viceministerio, haciendo parte de un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa, como lo propuso un estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública de 2017.
Si la reforma no es tan profunda, que las nuevas cárceles y penitenciarias sean administradas y controladas por personal distinto al INPEC, personal formado y entrenado para estas tareas y que no sean sindicalizados. Esto demostrará, en poco tiempo, que es posible unas cárceles que cumplan con las funciones de sanción y resocialización y unos buenos ejemplos marcarán el camino para solucionar los problemas actuales.
Tramitar una ley que no permita que el cuerpo armado y servicio público esencial del INPEC, como sucede con las Fuerzas Armadas, tenga sindicatos.
Tener una guardia penitenciaria y carcelaria de excelencia.
Pensar en cárceles de mediana y baja seguridad, donde los municipios puedan invertir para sancionar a los infractores de delitos menores, pero no bajo los costos corruptos de funcionarios y constructores que tienen los precios más alto por metro cuadrado de construcción, alimentos y demás servicios que garantizan los derechos de los internos y que hoy se manejan desde la USPEC.
Pensar en cárceles de fin de semana.
Pensar, diseñar y ejecutar medidas alternativas a la privación de la libertad.
En este grave problema, no se ven soluciones a la vista.