Por: Nicolás León, Asistente de Investigación
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
El 28 de abril de 2021 marcó el inicio de una serie de manifestaciones masivas en protesta a las políticas económicas, sociales y de seguridad del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Aunque las manifestaciones se dieron a partir de diversas expresiones como bloqueos de carretera, movilizaciones en las calles, conciertos, actividades artísticas, confrontación con la Fuerza Pública, entre otras; lo que caracterizó las jornadas de protesta fue la respuesta represiva, violenta y desproporcionada del Estado en contra de los manifestantes.
El Paro Nacional fue el reflejo de las profundas divisiones políticas y sociales del país, así como de las desigualdades económicas y la violencia estructural que afecta a la población. Divisiones que se profundizaron por la incapacidad del Gobierno Nacional para dialogar de manera efectiva con sectores de la sociedad civil y responder a sus demandas, priorizando la fuerza del Estado como respuesta institucional y, consecuentemente, generando un escalamiento de la violencia entre manifestantes y cuerpos de seguridad.
Según la Fiscalía General de la Nación, hubo 29 casos de homicidios, de los que el 58,62% han sido esclarecidos. Asimismo, se reportaron 264 casos de civiles lesionados y 791 casos de agentes de la Policía lesionados. Un caso de desaparición forzada relacionado con la protesta. 113 hechos de violencias basadas en género, de los cuales 112 casos fueron cometidos por funcionarios de la Policía y/o ESMAD contra los y las manifestantes. También se registró la apertura de 280 procesos penales en contra de miembros de la “Primera Línea” con imputaciones como terrorismo, secuestro y tentativa de homicidios; y 231 procesos disciplinarios por hechos ocurridos en el paro, de los cuales apenas 11 han tenido resultado y 120 han sido cerrados por falta de responsabilidad.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como Temblores ONG, a través de la plataforma “GRITA”, registraron que “en el marco del Paro Nacional hubo 5.340 casos de violencia policial, 40 casos violencia homicida, 35 casos de violencia sexual, 103 casos de violencias oculares cometidos presuntamente por la Fuerza Pública y 0 fallos condenatorios al día de hoy”. De los casos de homicidio, el 32,5% evidencian algún tipo de avance en el proceso judicial, mientras que del resto de los casos no se tiene información del proceso sancionatorio.
Prevención, sanción y no repetición, ¿una deuda latente?
A dos años del inicio del estallido social, las preguntas y disputas sin resolver continúan latentes. Por un lado, los mecanismos de rendición de cuentas no han sido efectivos para brindar respuestas concluyentes sobre los hechos que acontecieron en el estallido del 2019; por otro, el proceso de reparación integral a las víctimas de violaciones a DD.HH. (sobre todo víctimas de fuerzas de seguridad del Estado) no han mostrado avance.
Así lo evidenció el Primer informe de seguimiento de recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en enero de 2023. Como lo señalamos en previas publicaciones, las recomendaciones de la CIDH giraban alrededor de cuatro ejes fundamentales: i) el derecho a la protesta, ii) el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, iii) la adopción de protocolos de prevención de violencias basadas en género, iv) en torno a la figura del traslado de protección y desaparición de personas. A estas se le suman otras recomendaciones relacionadas con el uso de facultades disciplinarias, la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la afectación de derechos a terceros y bienes públicos, el corte de rutas y las misiones médicas. Según la visita de la CIDH “de las 28 recomendaciones analizadas, 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 parcialmente cumplidas, y 3 han sido cumplidas de manera parcial sustantiva” (p. 25).
Es prudente señalar que las recomendaciones de la CIDH se emiten en el marco de la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos acontecidos, es decir, proponen una serie de mecanismos de verdad y justicia que subsanen el tejido social y prevengan futuras violaciones a los DD.HH.
El informe resalta la importancia de algunas medidas tomadas por fuerzas de seguridad del Estado en torno a la capacitación y profesionalización de sus agentes en temas como derechos humanos, enfoque étnico-racial y de género. En este sentido, el Plan Anual de Capacitación, así como otras actividades pedagógicas, han mostrado buenos resultados en pro de cumplir las recomendaciones de la CIDH (esta recomendación es una de las que muestra un avance “parcial sustantivo”). Del mismo modo, se reconoce la existencia de legislatura que protege el derecho a la protesta y limita el uso excesivo de la fuerza, sin embargo, no deja en claro si algunas de las acciones tomadas han sido empleadas como parte de las medidas de cumplimiento o son parte del funcionamiento habitual de la institución. Por esta razón, frente a las recomendaciones que tienen un avance “parcial”, se enfatiza que deben estar acompañadas de un conjunto de medidas adicionales que posibiliten su total implementación.
Dentro de estas recomendaciones con avances “parciales” destacan:
Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales.
Acciones preventivas al acompañamiento o intervención policial en escenarios de protesta.
Reforzamiento y reestructuración de proceso de formación, entrenamiento y capacitación de personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
El fortalecimiento institucional y adopción de medidas para atención a casos de violencias basadas en género.
El cumplimiento del debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas.
Comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas.
Por su parte, las recomendaciones con avance “pendiente por cumplimiento” están compuestas por recomendaciones cuya respuesta del gobierno no está estrictamente relacionada con los propósitos estipulados o cuando el avance que se muestra es nulo. Las recomendaciones con este nivel de cumplimiento que se destacan son:
Uso de medios no letales para control de orden público: protocolo estricto que prevenga y sancione su uso en grave afectación de la integridad y salud.
Implementar, de manera inmediata, mecanismo para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares.
Sistematizar datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil.
Reparación integral de víctimas, especialmente aquellos casos en la que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes.
Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones interpuestas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas.
Liberar en forma inmediata a quienes hayan sido detenidos en forma arbitraria o injustificada y aún se encuentren privadas de la libertad.
Bajo este panorama, si bien se reconocen algunos avances, la preocupación con respecto a las garantías del derecho a la protesta sigue estando presente. De esta manera, se evidencia que han continuado acciones que se inclinan hacia al desconocimiento de las recomendaciones: particularmente en lo relacionado con la ley 2197 de 2022 (fortalecimiento de la seguridad ciudadana) que, según la CIDH, podría ser aplicada para reprimir los actos de protesta y desincentivar la participación ciudadana (ver página 22). De esta forma, las acciones emprendidas no solo podrían ser calificadas de insuficientes, sino que también estarían generando escenarios de tensión que podrían profundizar en la ruptura de la relación entre una parte de la ciudadanía y las instituciones de orden público del Estado.
Aun así, es necesario resaltar que el escenario planteado por la CIDH se da a partir de la visita hecha a Colombia en abril de 2022, es decir, en la parte final del gobierno de Duque. Por esta razón, aunque hay resultados preocupantes, no son del todo sorprendentes considerando que obedecen a las políticas de un gobierno que no se caracterizó por su voluntad de paz, estigmatizó la protesta social y se caracterizó por priorizar la salida coercitiva en escenarios de movilización social. Del mismo modo, no propició escenarios de diálogo que apaciguaran las tensiones entre grupos de la sociedad civil, y entre sociedad civil e instituciones de seguridad.
Gobierno Petro, ¿la agenda de los jóvenes?
La posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia despertó atisbos de esperanza en un grupo de sectores sociales históricamente excluidos. Desde la campaña presidencial, el ahora presidente lideró la agenda del cambio que hacía énfasis en la justicia social, la Paz Total, el mejoramiento de las condiciones económicas y la reforma a la Policía. Esta agenda social, aunque ambiciosa, estaba especialmente dirigida a ese sector de la sociedad más afectado por las violaciones a DD.HH. en el marco de las protestas (jóvenes entre 17 y 26 años, de barrios empobrecidos y periféricos, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Ver página 8), en este sentido, recogía gran parte de las demandas de los manifestantes del Paro Nacional.
El desafío del actual gobierno se ubica al mismo nivel de las expectativas que generó, es decir, en liderar y movilizar la agenda social y de cambio que posicionó. A grandes rasgos se traduce en materializar las exigencias y darle representación a esos jóvenes que impulsaron esa agenda. En lo inmediato, esto se traduciría en darle cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH que plantean acciones concretas que amplían las garantías de reparación y no repetición; estas acciones, además, abren la puerta para la promoción de políticas sociales, económicas y de seguridad que puedan representar las demandas y recomponer el quiebre del tejido social en el mediano y largo plazo.
A casi nueve meses de posesionarse el Gobierno Nacional, no ha promovido la agenda de la forma en la que se podía esperar. Más grave aún, considerando que hay temas que por la gravedad y urgencia en la que acontecen no dan espera, como es el caso de la continuidad de hechos de violencia y brutalidad policial en contra de civiles y manifestantes y la situación de los capturados en razón del Paro Nacional.
Con respecto a la primera, se ha evidenciado la necesidad de empezar un proceso de cambios profundos en instituciones como la Policía Nacional y el ESMAD. En ese sentido, el Gobierno ha tomado medidas como el cambio de toda la cúpula militar, priorizando funcionarios que no tuvieran investigaciones relacionadas con el uso excesivo de la fuerza. También se han propuesto cambios en el ESMAD que pasaría a llamarse Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Por su parte, desde el Congreso de la República se tiene para la agenda legislativa del segundo semestre del año la discusión sobre la ley estatutaria de movilización social (que obedece a una de las recomendaciones de la CIDH), como también sobre el proyecto de Reforma a la Policía. Así, aunque se evidencian atisbos de cambio, el ritmo ha sido lento y cortado. A algunos sectores les ha parecido un despropósito haber sacado a más de 30 generales de las FF.MM. sin tener en cuenta las lógicas de la línea de mando; adicionalmente la propuesta de transformación del ESMAD se ha constituido en aspectos sobre todo cosméticos o de forma, que estructurales o de fondo.
Mientras tanto, los procesos sancionatorios en la Justicia Penal Militar parecen frenados y, aún peor, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos “viven entre la impunidad, revictimización y ausencia de justicia”, como es el caso de los jóvenes de la comuna 20 de Cali en donde, según la CIDH, se han presentado casos de tortura, intimidación e intentos de desaparición forzada.
Por parte de la situación de los capturados el panorama es todavía más preocupante. Se han denunciado diversas modalidades de presuntas violaciones al debido proceso, como capturas ilegales por personal civil de la policía o policías sin identificación, traslado a centros de detención no permitidos o sometidas a largos recorridos antes de llevarlas a centros de detención autorizados, impedimento de la comunicación con familiares, conocidos o abogados, entre otras. Además, según información recibida por la CIDH, se ha informado que muchas de las personas detenidas han debido firmar actas donde niegan irregularidades en su captura como condición para recuperar su libertad. En este sentido, la CIDH advierte sobre la posible existencia de montajes judiciales con el fin de mostrar responsables y avances en las investigaciones.
Del mismo modo, la CIDH hace una advertencia sobre el manejo de datos por parte de la Fiscalía General de la Nación, declarando que la forma en la que se han sistematizado no permite hacerle un seguimiento a las investigaciones y procesos de manera individual, y tampoco es claro en cuanto a la forma en la que se clasifica la información. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, de las 228 judicializaciones en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia.
Como respuesta a la problemática, el Decreto 2272 de 2022 creó la figura de “voceros de paz”, la cual, según el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, se utilizaría para que “personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de salir de su reclusión porque tienen delitos menores, porque fueron capturados en medio de la protesta”. Propuesta que, además de despertar indignación y polémica, se ha caracterizado por su carácter ambiguo.
Conclusiones.
El gobierno Duque se caracterizó por un manejo represivo y violento de la protesta social. Esto limitó considerablemente las oportunidades de diálogo social y abrió la brecha entre diversos sectores de la sociedad, y entre la sociedad civil y las instituciones del Estado (especialmente las instituciones de seguridad). Bajo este panorama, el gobierno Duque no tuvo una voluntad de reparar el ya resquebrajado tejido social, sino que, hasta el final de su gobierno, optó por políticas que cohibían y limitaban las manifestaciones públicas.
La poca voluntad de paz del gobierno no permitió que se dieran mayores avances en lo respectivo a la rendición de cuentas de los hechos ocurridos en el estallido social y la reparación a las víctimas de violaciones a los DD.HH., sobre todo las víctimas de los agentes de seguridad del Estado. Los resultados del informe de la CIDH son dicientes en la medida en que muestran el escaso cumplimiento de las recomendaciones.
Más grave aún, en este escenario que coquetea con la impunidad, la falta de justicia y la revictimización, las intimidaciones, amenazas y presuntas violaciones a los DD.HH. no han dejado de acontecer. Prueba de ello son las denuncias de las organizaciones sociales de la Comuna 20 de Cali o la privación de la libertad de más de 130 manifestantes sin que se haya emitido una sola sentencia condenatoria. Mientras tanto, los oficiales y demás agentes de seguridad del Estado ejercen con tranquilidad, apenas y se preocupan por la apertura de una investigación disciplinaria caracterizada por su lentitud.
Recomponer el tejido social y devolver la confianza a las instituciones de seguridad del Estado es el desafío del actual gobierno. Más aún, cuando fue elegido con una agenda del cambio que apuntaba precisamente a los sectores que más vulneraciones a los DD.HH. sufrieron en el marco del Estallido Social. Del mismo modo, el gobierno no solo se ha declarado defensor de la manifestación social, también ha sido uno de sus principales promotores desde que se posesionó, lo que debería verse reflejado en un mayor nivel de compromiso para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.
Un primer paso que demuestre voluntad de Cambio y recomponga el camino es cumplir a cabalidad las recomendaciones de la CIDH (la mayoría acciones concretas). Se requieren respuestas y acciones efectivas que no solo garanticen, sino que legitimen la protesta como parte fundamental de nuestra democracia y nos permita construir un país en el que protestar no nos cueste la vida, ni la libertad.