Paro Nacional 2021: ¿En qué quedó?

Por: Laura Vanesa Prieto

Investigadora Nacional

Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana



A un año del estallido social y en el marco de las movilizaciones programadas este 28 de abril, desde PARES presentamos un balance del Paro Nacional del 2021 alrededor de 4 ejes temáticos.


1. Violaciones a los Derechos Humanos


De acuerdo con diversas organizaciones de Derechos Humanos, incluidas la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas - ONU; durante el desarrollo del Paro Nacional se registraron casos de violaciones a los DD.HH., por parte de agentes estatales que, por medio de un uso desproporcionado de la fuerza cometieron y una fuerte estigmatización, cometieron homicidios, violencias basadas en género, abusos sexuales y desapariciones contra quienes se manifestaron en el país.


Según el monitoreo de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se registraron 80 homicidios en el marco de las movilizaciones, de los cuales 44 se habrían cometido presuntamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD, 10 por parte de civiles armados y 25 sin identificar. Las ciudades en las que se reportaron dichos hechos violentos son: Cali con 45, Bogotá con 7, Yumbo con 6, Tuluá con 5, Balboa (Cauca) con 2, La Virginia (Risaralda) 2, Madrid 2, Pereira 2, Belalcázar (Caldas) 1, Candelaria (Valle) 1, Cartago (Valle) 1, Ibagué 1, Medellín 1, Popayán 1, Teruel 1, Villagarzón (Putumayo) 1 (ver mapa).



Elaboración propia.


Frente a esto, hasta noviembre de 2021, la Fiscalía General de la Nación habría levantado investigaciones contra 180 integrantes de la Policía Nacional; sin embargo, tan sólo 3 han sido imputados y 2 irán a juicio por el homicidio de 6 personas en la ciudad de Cali y 1 en Ibagué. Los demás procesos continúan en trámite.


De acuerdo con el informe Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia presentado por la ONU, entre el 28 de abril y el 31 de julio la oficina en el país del Alto Comisionado recibió información de 63 muertos en el contexto de las protestas, de las cuales pudo verificar 46 (44 civiles y dos policías), lo que indica que existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Fuerza Pública.


De estos casos se resalta el de Santiago Murillo en Ibagué, quien murió luego de que el mayor Jorge Mario Molano disparará en su contra sin justificación y desconociendo los protocolos de proporcionalidad; y el de Miguel Ángel Pinto Molina en el sector de Puerto Resistencia en Cali, quien falleció al recibir un impacto de bala en su abdomen, luego de que se presentarán disturbios en esa zona.


Frente la violencia sexual ejercida durante el estallido social, la oficina del Alto comisionado recibió 60 denuncias por abusos sexuales, 48 contra mujeres y 12 contra hombres, estas, presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional; de los que verificó 16. Hasta el 10 de diciembre de 2021, la oficina validó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habría sido cometidos por miembros de la Policía, contra cinco mujeres y una niña de 15 años en Medellín (Antioquia); una mujer en Bello (Antioquia); dos mujeres en Barranquilla (Atlántico); tres hombres en Soledad (Atlántico), uno de ellos es un hombre gay; un niño indígena de 17 años y una mujer en Popayán (Cauca); una mujer en Cali (Valle del Cauca); y una mujer en Palmira (Valle del Cauca).


Otras ONGs como Temblores y PAIIS, registraron 25 hechos cometidos por agentes del ESMAD y 6 de violencia basada en género, de acuerdo al informe ‘Violencias sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021’, presentado ante la CIDH por 11 organizaciones.


De otro lado, las desapariciones se denuncian al margen de la estrategia de ‘traslados por protección’, en la que se presentaron irregularidades. Tal como sucedió con el caso de Álvaro Herrera Melo, un joven caleño de 25 años quién fue retenido y golpeado por miembros de la Policía, luego de que personas de civil lo entregaran a los agentes. Este habría sido violentado en una estación de policía y obligado a grabar un video presentándose como un “vándalo”. Si bien, fue liberado después de que la Fiscalía declara ilegal su captura, existen otros casos en los que no se conoce el paradero de jóvenes que, según testimonios de algunos ciudadanos, fueron capturados por agentes del ESMAD y llevados a centros de traslado de manera irregular.


Sobre esto, hay que decir que hasta el momento no se observan acciones de reparación e investigación que determinen responsabilidades frente a dichas violaciones. Al contrario, existen declaraciones por parte del Gobierno Nacional y comandantes de la Policía que niegan las violaciones y estigmatizan a las personas y organizaciones manifestantes, señalando nexos entre estos y grupos armados organizados.


Esto último desconoce las recomendaciones hechas por la CIDH que, en misión entre el 8 y el 10 de junio de 2021, señaló 41 recomendaciones en 10 temas específicos que se explican a continuación.


2. Recomendaciones de la CIDH


Debido a las denuncias realizadas por colectivos y ONGs, y al gran impacto mediático en medios internacionales que generó el Paro Nacional, en junio de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para revisar y verificar la situación de DD.HH. en el marco del estallido social.


Según la Comisión, en el periodo entre el 28 de abril y el 31 de mayo del 2021, se llevaron a cabo acciones violatorias del D.I.H. por parte de las autoridades nacionales y locales en 7 cuestiones específicas que fueron objeto de observación por parte de la misma. Estas son:

  • Uso desproporcionado de la fuerza.

  • Violencia basada en género en el marco de la protesta.

  • Violencia basada en discriminación étnico-racial en el marco de la protesta .

  • Violencia contra periodistas.

  • Violencia contra misiones médicas.

  • Traslado por protección.

  • Denuncias de desaparición.


Los hallazgos indican que, dichas acciones tuvieron mayor relevancia en al menos 11 municipios de los 862 en los que se desarrollaron movilizaciones y protestas. Llama la atención el caso del departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali y en Yumbo -así como en Bogotá y Cundinamarca-, en los que la Comisión evidenció la ocurrencia de hechos relacionados con las 6 cuestiones previamente expuestas. De igual forma, en ciudades como Medellín, Barranquilla, Tunja y Pereira también registran acontecimientos similares, con excepción de violencia basada en discriminación étnico-racial.


A grandes rasgos, las observaciones de la Comisión apuntan a la ejecución de las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que insta a que se implementen acciones en los siguientes puntos:

  • Derechos Humanos.

  • Derecho a la protesta.

  • Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

  • Violencias basadas en género.

  • Uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas.

  • Asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar.

  • Afectaciones a derechos de terceros y bienes públicos en el marco las protestas.

  • Cortes de ruta / carreteras.

  • Protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a Internet.

  • Respeto a las misiones médicas.


De estos, se resaltan al menos 4 que son claves. El primero que se refiere al derecho a la protesta, con el cumplimiento de las normas interamericanas sobre derechos humanos, lo que implica la adopción de medidas que eviten la estigmatización de las personas y grupos que se manifiestan por parte de funcionarios públicos; el segundo corresponde al uso desproporcionado de la fuerza, que apunta al aseguramiento de medios no letales de control del orden público, la generación de un protocolo que reestructure la formación del ESMAD y prevenga las violaciones a los DD. HH., así como la separación de la Policía Nacional y el ESMAD del Ministerio de Defensa, de manera que se eviten las perspectivas militares frente al tratamiento de la protesta social.


El tercero hace referencia a la capacitación y adopción de protocolos de prevención de las violencias basadas en género, y además al reforzamiemto de mecanismos de acceso a la justicia por parte de víctimas de este tipo de violencia; y el cuarto que señala la suspensión del uso de la figura del traslado de protección, considerando que este tiene un objetivo distinto a la contención de la protesta social, y que su empleo constituye una acción irregular.


Si bien, las recomendaciones de la Comisión son claras y concretas, hasta la fecha no se evidencian avances en el cumplimiento de las mismas por parte del Gobierno Nacional, debido a que existe una falta de voluntad política en este sentido. Al contrario, se observan acciones que apuntan a la evasión y al desconocimiento de dichas recomendaciones, tales como: las declaraciones estigmatizadoras, la adecuación de centros de traslado por protección y la sanción de dos leyes que reforman a la Policía sin atender a lo dispuesto por la CIDH.


3. Reforma policial


Como ya se señaló, el presidente Iván Duque sancionó dos leyes en marco del proceso de transformación de la Policía Nacional, las cuales se quedan cortas a las recomendaciones de la CIDH. La primera corresponde a Ley 2179 de 2021, la cual tiene por objeto crear la categoría de Patrulleros de Policía y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera.


Así mismo, dictar disposiciones aplicables a los estudiantes y personal uniformado en servicio activo, relacionadas con la profesionalización para el servicio de Policía y desarrollo policial con enfoque en derechos humanos, y otras vinculadas con la modificación de normas de carrera, las distinciones para el personal de Patrulleros del Nivel Ejecutivo y el bienestar del personal.


La segunda corresponde a la Ley 2196 de 2022, que crea el Estatuto Disciplinario Policial, con el que se busca modificar los procedimientos y sanciones a los miembros de la Policía cuando haya vulneración de los derechos humanos. Las acciones más visibles corresponden al cambio del uniforme de los agentes bajo el argumento del fortalecimiento de la confianza con la ciudadanía.


Ambos actos legislativos fueron tramitados ante el Congreso con mensaje de urgencia, y fueron aprobados por parte de los partidos que conforman la coalición del Gobierno Nacional. Sin embargo, desde sectores sociales se denunció que estas leyes no fueron consultadas con la ciudadanía, y, además, que no garantizan efectivamente la protección y garantía de los DD.HH.


Por su parte, partidos de oposición presentaron ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley de reforma policial, que se hundió luego de que diversos congresistas señalaran que no iban a apoyar un proyecto ‘hecho a la medida de la izquierda’. Esto, no solo imposibilita la reglamentación de la Policía desde instancias civiles, sino que además, estigmatiza cualquier intento ciudadano por reformar a este pie de fuerza.


4. Peticiones de los manifestantes


Finalmente, en lo referente a las peticiones de los manifestantes, se observa que no existe un avance por generar un diálogo social (como lo recomienda la CIDH), que permita llegar a acuerdos entre el Gobierno Nacional y los manifestantes. Si bien, las protestas han disminuido, las solicitudes hechas por las organizaciones convocantes del paro no han sido atendidas hasta la fecha.


En esta medida, algunas organizaciones continúan manifestándose en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad, salud, medio ambiente y educación. En el mes de abril de 2022 más de 100 organizaciones sociales, populares y campesinas llegaron a Bogotá a la Universidad Pedagógica desde distintas regiones del país declarándose en ‘emergencia humanitaria’ frente al despojo, asesinato, persecución y explotación por parte del Estado colombiano y el capital transnacional.


Los motivos de dicha declaración radican en los asesinatos a líderes sociales que, en el período entre 2016 y 2022, reportan 1300 casos; además, en el homicidio de 323 excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz, y que no recibieron protección por parte del Estado. También debido a las violaciones a los DD.HH., en medio del medio del Paro Nacional del 2021, que tuvo un saldo aproximado de 100 asesinatos, la mayoría perpetrados por la Fuerza Pública.


Adicionalmente, denuncian más de 100 casos de lesiones oculares contra manifestantes, 60 casos de violencia sexual, y 129 desapariciones forzadas; así como el incremento de la criminalización de la protesta social y popular, y la judicialización de líderes y lideresas de todo el territorio nacional.


Por su parte, el Comité Nacional del Paro, convocó a una nueva jornada de movilización argumentando la incapacidad del Gobierno de mantener el precio del dólar estable, lo cual incide en el consumo y en la importación de alimentos que son cerca de 14 millones de toneladas de importados; y de igual forma, demostrar inconformismo frente al incremento del precio de los servicios públicos en un 10%, el aumento de la gasolina en un 11%, las tasas de interés de los créditos en un 28 %, el SOAT del 12,7 %, entre otras, de acuerdo a las declaraciones de Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).


Conclusiones


De manera general, el panorama de judicialización de las violaciones de DD.HH. no muestra un avance significativo en la condena de los delitos cometidos en el marco del Paro contra manifestantes por parte de la Fuerza Pública. Cabe señalar que los homicidios de agentes de Policía a manos de manifestantes sÍ han producido condenas, lo que indica una alta capacidad de investigación que no se refleja en los casos de manifestantes asesinados.


Se alerta entonces un alto grado de impunidad, sumado a la falta de voluntad política del Gobierno Nacional por atender a las urgentes recomendaciones de los organismos internacionales en materia de protección y garantía de los derechos de las personas que protestan. Esto, considerando la crisis de seguridad que se vive en el país en los primeros tres meses del 2022 dan un panorama desalentador en términos de la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos.


Adicionalmente, las medidas adoptadas por el Gobierno resultan insuficientes frente a las demandas sociales de diversos sectores que denuncian el recrudecimiento de la violencia y la falta de garantías por parte del Estado. Lo anterior ha incrementado la desconfianza en las instituciones y ha generado un panorama de tensión que se acentúa en el marco del período electoral.


El balance del Paro Nacional del 2021 da cuenta de la poca disposición del presidente Iván Duque, así como de las instituciones de orden público, por generar espacios de diálogo que permitan atender a los peticiones de diversos sectores sociales del país, así como el reconocimiento de las violaciones a los DD.HH. por parte de agentes estatales. Esto profundiza más los conflictos sociales en el país y dificulta el pleno goce de los derechos de los y las colombianas.