¿Qué va a pasar con la elección del próximo contralor general?

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional

Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad


Luego de su posesión el próximo 20 de julio, una de las primeras tareas del nuevo Congreso de la República será la elección del próximo contralor general, a más tardar el 3 de agosto, en medio de un ambiente en el que varias de las posibles opciones tienen cuestionamientos.


Siguiendo el procedimiento que dicta la Ley 1904 de 2018, de un proceso de convocatoria en el que se inscribieron 2010 aspirantes, 195 fueron admitidos, que, tras una prueba de conocimientos, la lista de aspirantes se redujo a 20, de los cuales una comisión accidental del Congreso 2018-2022, redujo a 10.


De esa lista de 10 aspirantes, de acuerdo con el artículo 3 de la misma ley, en el primer mes de las sesiones ordinarias del Congreso en pleno se debe elegir al contralor por mayoría absoluta de los votos de sus miembros, y para un período institucional igual al del presidente de la República. Cabe mencionar que la mayoría absoluta hace referencia a la mitad de la votación más uno, por lo que teniendo en cuenta que hay 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, el aspirante que desee quedar debe conseguir, al menos, 148 votos.


Sin embargo, desde sectores cercanos al próximo gobierno del Pacto Histórico, se han hecho llamados a replantear la lista de 10 aspirantes, debido a los cuestionamientos de quienes la integran, pero las herramientas para hacerlo no son claras.


¿Se puede reabrir la lista de aspirantes a contralor general?


A priori, la respuesta es no. El artículo 9 de la Ley 1904 de 2018 dicta que “en caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República”.


A su vez, la Ley 330 de 1996 establece en su artículo 6 que las inhabilidades para ser contralor son ya haber ejercido el cargo; haber sido miembro de algún tribunal que participe en su postulación; haber ocupado en el último año previo a la elección algún cargo público del orden departamental, distrital o municipal; y haber sido condenado penalmente a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.


Por tanto, bajo el principio de presunción de legalidad y de confianza legítima, mientras no haya alguna condena u otra causal de inhabilidad comprobada en contra de alguno de los integrantes de la lista de aspirantes, estos pueden continuar con su aspiración. Además, como se registró en El Tiempo, al ser un proceso en curso y regulado por una ley, este no puede ser sujeto de modificaciones mediante una proposición del Congreso.


Frente a esto, el senador por el Pacto Histórico, Roy Barreras, señaló que “Vamos a revisarlo (...) La ley determina que el Congreso saliente hace la lista de elegibles de acuerdo a unas normas que vamos a revisar si se cumplieron o no. El Congreso entrante elige con el propósito de que cualquiera que sea el presidente no imponga la Contraloría y para darle un nivel de independencia”.


Además, otro senador de la misma colectividad, Gustavo Bolívar, en una entrevista con Cambio, afirmó que se están emprendiendo acciones judiciales para ver si logran frenar la elección, ya que la ley tiene vicios de forma que no se cumplieron como los tiempos, aparte de sostener que al menos 9 de los 10 aspirantes serían fichas del actual contralor general, Felipe Córdoba.


¿Quiénes son los aspirantes a contralor general más cuestionados?


Tras el escándalo del Ocad-Paz, en el que presuntamente alcaldes y funcionarios se quedaron con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a financiar la implementación del Acuerdo Final de Paz, tres aspirantes a contralor general quedaron salpicados por su presunta participación en el entramado de corrupción.


Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación; Aníbal José Quiroz Monsalvo, contralor delegado de la Unidad de Regalías; y Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, son los señalados de recibir coimas entre el 5% y el 12% de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.


Si bien han sostenido su inocencia, el que estuvieran involucrados en este aparente entramado de corrupción causó cuestionamientos sobre su idoneidad para ser Contralor General. De los tres, uno de los más opcionados era Luis Alberto Rodríguez, que cuenta con el apadrinamiento de políticos como Martha Lucía Ramírez, la casa Char y Alfredo Ape Cuello.


Aparte de estos tres aspirantes, como registró la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), también se encuentran Andrés Castro Franco, excontralor de Bogotá y cercano a Juan Carlos Granados, señalado de beneficiar a Odebrecht; y Carlos Fernando Pérez, excontralor de Santander, señalado de ser hombre de confianza y cercano a Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y al clan Aguilar.


A esta lista se suma María Fernanda Rangel, quien siendo directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) habría colaborado en el entramado de corrupción del exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño. El entramado para direccionar contratos de entidades públicas a particulares presuntamente habría contado con el apoyo de Rangel, de acuerdo a audios y conversaciones de WhatsApp. Sin embargo, por ahora no hay investigaciones desde la Fiscalía adelantadas en su contra.


Este escenario es el que rodea la elección del próximo contralor general, en la que el actual contralor cuenta con otras fichas, como Luis Carlos Pineda, para dejar un contralor aliado. Con la dificultad de encontrar algún instrumento jurídico con el cual suspender la elección o cambiar la lista de aspirantes, el próximo Congreso de la República se enfrentará, a partir del 20 de julio, a cinco candidatos cuestionados a ocupar el cargo de contralor general.