top of page

Putumayo bajo la sombra de la coca: informe de la UNODC revela aumento de cultivos en la región

Por: Katerin Erazo, Periodista


Fotos Tomadas de: El Tiempo


Este lunes 11 de septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su informe anual titulado “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia 2022”, que revela cifras alarmantes sobre el auge del cultivo de coca en el país. (Ver: 230.000 hectáreas de coca: gobierno responde con nueva política de drogas) Según el informe, Colombia ha superado nuevamente cifras récord en el cultivo de coca. En el año 2022, se registraron un total de 230,000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un incremento del 12.7% en comparación con el año anterior y un impresionante 43% más que en 2020. Este aumento desproporcionado plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y el control institucional en las regiones afectadas.


Según el informe, Colombia ha superado nuevamente cifras récord en el cultivo de coca. En el año 2022, se registraron un total de 230,000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un incremento del 12.7% en comparación con el año anterior y un impresionante 43% más que en 2020. Este aumento desproporcionado plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y el control institucional en las regiones afectadas.


Uno de los datos más destacados del informe es la distribución no uniforme del aumento de cultivos de coca en todo el país. Las zonas fronterizas experimentaron un aumento del 21% en el área sembrada, mientras que en las regiones a 10 kilómetros de la frontera, se concentró cerca del 50% del incremento neto. Esto resalta la necesidad de una atención especial en estas áreas donde los cultivos de coca siguen floreciendo.


Además, la producción potencial de clorhidrato de cocaína también aumentó en un 24% en comparación con el año 2021, alcanzando un total de 1,738 toneladas. El informe identificó que el 65% de los cultivos de coca se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

Sin embargo, es en Putumayo donde se encuentra el dato más impactante. El 77% del aumento de hectáreas de coca en todo el país se registró en esta región. En 2021, Putumayo albergaba 204,000 hectáreas de cultivo de coca, mientras que en 2022 esta cifra se disparó a 230,000 hectáreas, de las cuales 20,000 están ubicadas en el mismo Putumayo. Esto significa un aumento del 13% entre 2021 y 2022 en esta región, mientras que si excluimos a Putumayo, el aumento a nivel nacional fue del 3%.


La proliferación de cultivos de coca en Putumayo se presenta en un contexto complejo, donde diversos actores, desde bandas locales, prestadoras de servicios hasta grupos armados organizados y organizaciones criminales transnacionales, tienen presencia en las áreas de concentración de hectáreas de coca.


Además de Putumayo, otras regiones que le siguen de cerca en el aumento del área de cultivos de coca son Tumaco en Nariño y Puerto Asís en Putumayo, quienes en conjunto incrementaron su área con coca en más de 6,500 hectáreas con respecto al año 2021.

Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este aumento se ha notado principalmente en municipios como Puerto Asís, con un total de 6,000 hectáreas afectadas. Además, identificó a los grupos armados involucrados en la región, como el Frente Carolina Ramírez, parte del Estado Mayor Central, y los comandos bolivarianos de frontera pertenecientes a la Segunda Marquetalia.


Valencia destacó que existe una disputa entre ambas disidencias a partir de estas subestructuras que tienen copado todo el departamento, y tienen prácticamente presencia en todos los municipios de Putumayo.


La situación planteada por el informe de la UNODC refleja la urgente necesidad de abordar el problema de los cultivos de coca en Colombia, especialmente en regiones como Putumayo, donde el aumento ha sido exponencial y amenaza la seguridad y el desarrollo de la comunidad. Las autoridades nacionales y locales enfrentan un reto significativo en la lucha contra el narcotráfico y la consolidación de la paz en estas áreas.


Este alarmante aumento de los cultivos de coca en Colombia no solo tiene implicaciones locales, sino que también afecta a nivel internacional. La producción de cocaína en Colombia abastece el mercado global de esta droga, lo que contribuye a la propagación de la violencia y el crimen en diversas partes del mundo.


Mauricio Valencia sugirió que el incremento de cultivos en el departamento de Putumayo está estrechamente vinculado a la aparición del fentanilo y la baja compra, así como los bajos precios en la compra de coca. Esto ha llevado a la implementación de nuevas rutas hacia otras zonas del continente, especialmente hacia el sur.


El informe de la UNODC también destaca la necesidad de un enfoque integral para abordar este problema. No se trata solo de erradicar los cultivos, sino también de abordar las causas subyacentes que impulsan a los agricultores a participar en el cultivo de coca. Esto incluye proporcionar alternativas económicas viables, mejorar la infraestructura en estas áreas y fortalecer la presencia del Estado para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible.

El Gobierno ha estado trabajando en estrategias para combatir este problema, pero queda claro que se requiere una acción más coordinada y sostenida. La comunidad internacional también desempeña un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico, brindando apoyo técnico y financiero para abordar esta compleja crisis.


En este contexto, es fundamental que las autoridades locales y nacionales trabajen en estrecha colaboración con la UNODC y otros organismos internacionales para implementar estrategias efectivas de control de cultivos de coca y reducción de la producción de cocaína. Es importante involucrar a la sociedad civil y a las comunidades afectadas en la búsqueda de soluciones a largo plazo.


Perfil de los grupos armados presentes en Putumayo


En la actualidad, dos grupos armados están inmersos en un conflicto en el departamento de Putumayo: el Grupo Armado Post-FARC (GAPF), también conocido como la disidencia Frente Carolina Ramírez (FCR), afiliada a la línea disidente liderada por alias “Gentil Duarte,” y los Comandos Bolivarianos de la Frontera (CDF), que se identifican con la “Segunda Marquetalia.” Su presencia en el territorio putumayense ha resultado en un aumento de la violencia contra la población civil, incluyendo homicidios. (Ver: Coca, violencia y resistencia: los flujos del conflicto en el Putumayo 2016 – 2022)


Frente Carolina Ramírez (FCR)


El Frente Carolina Ramírez, un componente del GAPF, ha consolidado su presencia en el sur del país desde la firma del Acuerdo de Paz. Bajo la influencia de alias “Gentil Duarte,” este grupo se estableció en Putumayo en 2017, inicialmente en municipios como Puerto Asís y Puerto Leguízamo, para luego expandirse gradualmente a Puerto Guzmán, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y San Miguel. La Defensoría del Pueblo en Putumayo informó de la presencia de este grupo armado en Puerto Asís desde 2019, marcando su expansión hacia Puerto Leguízamo en medio de una disputa territorial con el entonces grupo conocido como “La Mafia.” Desde ese año, se observó cómo el Frente Carolina Ramírez estaba implementando estrategias de control territorial, como la distribución de manuales de convivencia, restricciones a la movilidad y reuniones frecuentes con las comunidades, prácticas que persisten hasta hoy y están relacionadas con su interés en el control de la producción de hoja de coca.


Para 2020, su presencia en Puerto Leguízamo era evidente, fortalecida por alianzas con grupos vinculados al narcotráfico en Perú, Ecuador e incluso los Balcanes. Además, en el contexto de su disputa territorial con grupos como La Mafia y La Constru, el FCR se involucró en homicidios de personas protegidas, detenciones ilegales y otras afectaciones a la población en Putumayo. Desde entonces, “Danilo Alvizú” y “Alonso 45” fueron identificados como los líderes del FCR. Sus intereses se centran en el control de la cadena de producción y procesamiento de la hoja de coca en Putumayo, lo que también ha generado riesgos para líderes comunitarios debido a la interferencia del grupo armado en las decisiones locales.


Comandos de la Frontera (CDF)


En el otro lado del conflicto en Putumayo se encuentran los Comandos Bolivarianos de la Frontera (CDF), un grupo armado que ha ganado presencia en el departamento en los últimos 4 años. A diferencia del FCR, los CDF son más heterogéneos en su composición y resultan de alianzas entre diversas organizaciones criminales que se unieron en Putumayo después de la firma del Acuerdo de Paz. Los CDF operan en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel, Orito y Valle del Guamuez, lo que indica una presencia territorial casi igual a la del FCR. A partir de 2021, también se sabe que están presentes en Piamonte (Cauca), señalando su expansión en el suroccidente del país. Este grupo tuvo sus inicios con un intento de reclutamiento fallido por parte de alias “Rodrigo Cadete” de exguerrilleros del antiguo bloque sur de las FARC-EP en Putumayo. La falta de reconocimiento de la línea disidente liderada por “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco” condujo a la formación de grupos armados no alineados con ellos en Putumayo, que más tarde se agruparon bajo la denominación CDF.


Esta denominación ha sido útil para evitar la presión de las fuerzas de seguridad en el departamento. Los grupos que conforman los CDF, como La Constru, La Empresa, La Mafia Sinaloa y exmiembros del Frente 48 de las FARC-EP, se identifican con la “Segunda Marquetalia” y rivalizan con el FCR en Putumayo, disputándose el legado de las FARC-EP en la región. Al igual que el FCR, los CDF buscan controlar las actividades relacionadas con la hoja de coca en la Amazonía, aprovechando su potencial para establecer rutas hacia países como Ecuador, Perú y Brasil. Los beneficios económicos del narcotráfico han permitido a los CDF reclutar nuevos miembros, incluyendo niños, hombres y mujeres, ofreciendo salarios mensuales y proporcionando motocicletas y fusiles como incentivos iniciales. Esta práctica contrasta con la del FCR, que acumula los recursos económicos entre un pequeño grupo.


Además, los CDF implementan estrategias de control social y territorial similares a las del FCR en los municipios del bajo Putumayo, organizando reuniones y ejerciendo control sobre la población civil.





 


Comments


bottom of page