Una firma que pone al sol en el centro del debate energético

Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética

Apenas veinticuatro horas después de que el presidente estampara su rúbrica sobre el decreto “Colombia Solar”, los efectos de esta decisión ya recorren el país. La norma, que añade una sección entera al Decreto 1073 de 2015, autoriza a los hogares de estratos 1, 2 y 3 y a los micronegocios de la economía popular a producir hasta el 100 % de su consumo básico con paneles solares, financiados en buena parte con recursos del Fondo de Energías No Convencionales (FENOGE). En la práctica, el decreto transforma un subsidio permanente en una inversión que genera flujo de caja y ahorra al Estado cerca de un billón de pesos anuales a partir de 2028.

Del Caribe al Pacífico: cómo cambia el mapa

En la región Caribe, donde la factura eléctrica se ha convertido en un dilema social, el programa arrancó hace meses con ochenta tiendas de barrio que ya reportan rebajas de hasta 50 % respecto al recibo de 2024. Ahora, gracias al nuevo decreto, Minenergía y la comercializadora Air-e ampliarán la iniciativa a cerca de mil establecimientos en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La expectativa oficial es que el alivio tarifario—54 $ por kilovatio hora en el caso de Air-e—empiece a sentirse en los bolsillos familiares antes de que termine el año.

Al otro extremo del país, en Bahía Málaga, Valle del Cauca, las comunidades negras celebran la primera semana con energía continua las 24 horas gracias a un sistema híbrido solar-diésel instalado por FENOGE. El decreto asegura recursos recurrentes para que la expansión llegue a los últimos caseríos costeros que aún dependen de plantas diésel obsoletas.

Unos kilómetros tierra adentro, en Jamundí, 115 familias del Consejo Comunitario de Bocas del Palo cultivan hortalizas bajo paneles fotovoltaicos: la combinación de sombra selectiva y generación eléctrica ya disparó la productividad de la tierra y permitió que los excedentes de energía se vendan a la red. Los gestores del proyecto reconocen que la formalidad regulatoria que aporta “Colombia Solar” les abre la puerta a créditos de banca pública con tasas preferenciales.

En los Andes, FENOGE prepara una ventanilla de cofinanciación—60 % a fondo perdido—para instalar techos solares en barrios populares de Medellín, Bogotá y Cali. El piloto “Hogares Energéticamente Sostenibles”, que ya beneficia a dos mil familias del oriente de Cali, servirá de modelo. El ministerio calcula que la cadena de valor creará al menos 4 500 empleos directos en instalación y mantenimiento durante los próximos dos años.

La Orinoquía y la Amazonía, cuyas redes aisladas encarecen el kilovatio hasta en 2 000 $, ven en el decreto un salvavidas. En Puerto Carreño (Vichada) ya se levanta una granja solar de 5 MW que suplirá a diez mil familias; y la central híbrida inaugurada el año pasado en Casuarito adelantó el debate social sobre propiedad comunitaria de la energía. Al reconocer la figura de “micro-utility”, la nueva norma libera a estas localidades de depender exclusivamente del diésel subsidiado.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde los generadores fósiles mastican el 15 % del presupuesto territorial, las autoridades insulares ultiman los pliegos de una planta solar–baterías de 736 kWp como antesala de un parque mayor. Voceros de la gobernación confirman que, con la certeza jurídica del decreto, buscarán financiación climática para escalar el proyecto hasta siete megavatios antes de 2027.

¿Qué gana la gente?

— Facturas más livianas. A partir de los primeros pilotos en la costa Caribe, los comercios populares reportan ahorros de entre 40 % y 70 %. Hogares de Bahía Málaga redujeron su gasto energético mensual casi a la mitad.

— Servicio confiable. En zonas donde la luz se iba todas las noches, los estudiantes pueden hoy conectarse y las pescaderías conservar su producto sin hielo importado.— Ingresos nuevos. Las comunidades que produzcan excedentes podrán venderlos al Sistema Interconectado Nacional; la CREG dispone de tres meses para definir la remuneración. — Empleo local. Cada instalación exige técnicos de montaje, electricistas y gestores de energía comunitaria; el ministerio exige que al menos 40 % de la mano de obra sea del municipio beneficiado.

— Menos presión fiscal y climática. El Estado destinará el dinero que hoy subsidia kilovatios a crear activos que reducen 3,5 millones de toneladas de CO₂ al 2030, acercando el objetivo de 6 GW solares instalados.

Las sombras que aún persisten

No todo esta dicho, el mayor riesgo es regulatorio, dado que si la CREG no emite la nueva fórmula de subsidios antes del 17 de septiembre, los operadores de red no tendrán cómo liquidar la factura al usuario prosumidor. Los trámites de conexión, que en algunas zonas tardan ocho meses, deben comprimirse a treinta días para no ahogar la ola de solicitudes que se avecina. Y, como recuerdan los líderes wayúu en La Guajira, la transición sólo será justa si incorpora consulta previa, transparencia y equipos de calidad que no se vuelvan chatarra en cinco años.

Sin embargo, es una victoria que “Colombia Solar” convierta al beneficiario de subsidios en propietario de su propia central eléctrica. Si la regulación secundaria llega a tiempo y el crédito blando acompaña a los estratos populares, el país podría reemplazar la asistencialidad energética por verdadera autonomía comunitaria. La firma del decreto es apenas la chispa; el despliegue en los territorios dirá si la llama de la transición ilumina a todos, o si se queda a la sombra de los techos más vulnerables.