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230.000 hectáreas de coca: gobierno responde con nueva política de drogas

Por: Katerin Erazo, Periodista


Foto tomada de: El País


Este lunes 11 de septiembre, se llevó a cabo la presentación oficial del informe titulado “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia 2022” por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este documento revela datos que arrojan luz sobre la situación actual del cultivo de coca en el país.



El informe de la UNODC, basado en datos recopilados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) hasta el 31 de diciembre de 2022, pone de manifiesto una realidad alarmante: Colombia ha vuelto a superar cifras récord en el cultivo de coca. En 2022, se registraron un total de 230.000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un aumento del 12,7% con respecto al año anterior y un asombroso 43% más que en 2020. El informe también destaca que este aumento desproporcionado no es homogéneo en todo el país. En las zonas fronterizas, la variación del área sembrada fue del 21%, mientras que hacia el interior del país, a 10 kilómetros de la frontera, se concentró cerca del 50% del incremento neto. Esto plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y el control institucional en estas regiones, donde los cultivos de coca siguen floreciendo.


Uno de los hallazgos más inquietantes es que la producción potencial de clorhidrato de cocaína ha alcanzado las 1,738 toneladas métricas, manteniendo una tendencia al alza que se ha consolidado desde 2013. Esto subraya la magnitud del problema del narcotráfico en Colombia y su impacto en la escena internacional.


En cuanto a la distribución geográfica de los cultivos de coca, el informe resalta que el mayor aumento se registró en el departamento de Putumayo. A nivel municipal, Tibú, en Norte de Santander, lidera con aproximadamente 22.000 hectáreas cultivadas, manteniendo cierta estabilidad en comparación con 2021. Tumaco, en Nariño, y Puerto Asís, en Putumayo, le siguen en términos de área cultivada con coca, habiendo aumentado conjuntamente su superficie en más de 6.500 hectáreas con respecto al año anterior.


Además, se revela que el 49% de los cultivos de coca se encuentran en zonas de manejo especial, incluyendo tierras de comunidades negras, reservas forestales, resguardos indígenas y parques nacionales naturales, y que el 65% del total de los cultivos se concentra en Putumayo, Nariño y Norte de Santander.


El informe también identifica la creación de un nuevo enclave con 1.436 hectáreas entre los límites de Cauca y Valle del Cauca, denominado “Timba-Jamundí-Buenos Aires”. El Catatumbo, por su parte, alberga el enclave con la mayor área de coca,

registrando cerca de 28.000 hectáreas, lo que representa el 30% del total de enclaves y el 12% de los cultivos en todo el país.


La situación en Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador, es especialmente crítica, con un aumento del 77% en los cultivos de coca. Sin embargo, el aumento en el área cultivada en el resto de Colombia, excluyendo Putumayo, fue de apenas el 3%.


Nueva política de drogas de Petro


En medio de este panorama desafiante, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el pasado sábado 09 de septiembre una nueva política nacional de drogas. Este ambicioso plan tiene como objetivo reducir la producción de cocaína en un 40%, pasando de las 1.738 toneladas métricas actuales a 900 toneladas al año. Además, busca disminuir las hectáreas cultivadas en un 40%, de 230.000 a 150.000 hectáreas.




La nueva política de drogas de Petro se basa en ocho ejes estratégicos:


Transformación territorial: busca apoyar la transición de economías ilícitas a legales en las áreas afectadas por el cultivo de coca.

Mitigación de impactos ambientales: aborda las consecuencias ambientales de la producción ilegal de drogas.

Atención a población vulnerable: se centra en brindar atención a comunidades afectadas por el mercado urbano de drogas.

Enfoque en salud pública y derechos humanos: ofrece medidas para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Afectación de actores estratégicos: se dirige a desmantelar las estructuras criminales del narcotráfico.

Regulación terapéutica y médica: busca avanzar en los usos terapéuticos, científicos y médicos de las sustancias.

Promoción de información basada en evidencia: busca cambiar la percepción pública sobre las drogas.

Participación en discusiones globales: aboga por revisar las normativas internacionales sobre drogas.


Una de las características más destacadas de esta política es el enfoque en la persecución de las mafias de narcotraficantes y del lavado de activos, mientras que se propone dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de hoja de coca, en su mayoría personas de bajos recursos. Se ofrecerá a estos campesinos una variedad de opciones para la transición hacia actividades económicas legales, como apoyo a negocios y otros cultivos, terrenos de reforma agraria y el uso de hoja de coca para fines no narcóticos.


A pesar de estas medidas, algunos críticos han señalado que la política podría ser más audaz, despenalizando sustancias como la marihuana o incluso la cocaína. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que esto se debe a que la legislación internacional aún no permite tal regulación, y el Código Penal colombiano prohíbe el consumo de drogas. No obstante, Osuna indicó que el país está dispuesto a liderar cambios en la regulación internacional en el futuro.

La lucha contra el narcotráfico y el cultivo de coca en Colombia es un desafío complejo y multifacético. La presentación del informe de la UNODC y la nueva política de drogas de Petro son pasos en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Sin embargo, queda por verse cómo se implementarán estas medidas y si lograrán revertir la tendencia preocupante en el aumento de los cultivos de coca en el país.


Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó que la política de drogas actual no está intrínsecamente vinculada a una reforma social, ya que no requiere necesariamente la aprobación del Congreso. De hecho, subrayó que, como se ha informado en varios medios, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene previsto implementar esta política a partir de mediados de octubre. Además, señaló que se ha llevado a cabo un proceso de consulta con más de 2,500 personas para su formulación.


Valencia explicó que esta política se enmarca en el lanzamiento del informe de SIMCI y la UNODC y se relaciona con la política de drogas que cada Gobierno presenta. Sin embargo, solo podría considerarse una reforma en la medida en que el plan integral que se propone lo permita.


Según el investigador nacional, esta política es viable, pero es crucial examinar la asignación de recursos previstos para su implementación, ya que involucra la colaboración de múltiples instancias, como el Consejo Nacional de Estupefacientes. La coordinación con otras entidades puede dar lugar a procesos burocráticos, algo común en políticas de esta envergadura. Aunque se reconoce su enfoque integral centrado en las comunidades, se plantea una meta ambiciosa de reducción de 90.000 hectáreas para 2026, lo que equivale a una disminución del 43%. Aunque es una meta encomiable, también podría representar un desafío para el Gobierno.


Las estrategias clave de esta política se centran en reducir la dependencia de las comunidades de los cultivos de coca como fuente de sustento en las zonas marginadas, así como en abordar directamente los enclaves de cultivo de coca y otros cultivos ilícitos, como se observa en el suroccidente, específicamente en la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que ha emergido como un nuevo enclave para el narcotráfico y el cultivo ilícito.

Es importante considerar la complejidad de implementar esta política, dado el interés de algunos grupos armados que se financian a través de actividades ilegales. En particular, en el suroccidente, donde hay una proliferación de grupos armados.


Cabe resaltar que históricamente, la política de drogas de Colombia ha estado influenciada por los intereses de Estados Unidos y su financiamiento, por lo que la falta de resultados podría resultar en una reducción de la financiación. Es crucial evaluar la cantidad de financiamiento disponible por parte de los Estados Unidos y otros actores internacionales.

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