Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA)
A pesar de que tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP en 2016, el expresidente Santos mencionó en diversas ocasiones que Putumayo sería el piloto para la implementación de lo acordado en La Habana, seis años después, el balance no es esperanzador.
Durante el primer semestre de 2022, Putumayo fue el cuarto departamento con más asesinatos contra líderes y lideresas sociales, con ocho casos registrados entre enero y junio de este año. En total se registraron 51 asesinatos contra esta población entre enero de 2016 y junio de 2022, de los cuales el 63% se cometieron a partir de 2020.
Como en muchos territorios de Colombia, el vacío de poder dejado por las extintas FARC no fue debidamente copado por la institucionalidad, lo que con el tiempo fue permitiendo la entrada de actores armados que buscaban hacerse con las lucrativas rentas de las economías ilegales. Hoy, el Frente Carolina Ramírez, disidencia de las FARC de la llamada línea de “Gentil Duarte”; y los Comandos Bolivarianos de la Frontera, grupo armado ilegal resultado de alianzas entre diversas organizaciones criminales como La Constru, La Empresa, La Mafia Sinaloa, y que han manifestado estar bajo la línea de la Segunda Marquetalia; se disputan el control territorial y el control de la cadena productiva de la hoja de coca. La Fuerza Pública parece no poder controlar esta situación.
El abandono estatal y la informalidad económica que se vive en este departamento han llevado a que la economía cocalera se instalara desde los años 80 en la región, hasta el día de hoy. En el Putumayo se registraron 26.072 hectáreas de hoja de coca en 2020, no sin la intención por parte de la población civil de sustituir sus cultivos. Allí se viene hablando de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito desde 1995, año en el que el Movimiento Cívico Regional negoció con el Gobierno una salida al problema de las drogas, que quedó consignada en el Acta de Acuerdo del 11 de enero de 1995, que el gobierno no cumplió. 27 años después, el incumplimiento se repite con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), plan desprendido del Acuerdo Final de Paz.
Todavía hay voluntad de sustitución y el departamento, sus organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, exigen una salida democrática a esta situación. A pesar de ello, son ellos y ellas, la población civil, quienes quedan en medio, víctimas de la estigmatización por parte del Estado y el fuego cruzado entre los intereses de los diversos grupos armados ilegales que operan en la región.v
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