Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares.
En el Pacífico colombiano hay un importante entramado de organizaciones comunitarias, de las comunidades afros e indígenas, que junto a las Diócesis y otras iglesias y con múltiples acompañantes nacionales e internacionales, han levantado la bandera del Acuerdo Humanitario YA. Desafortunadamente, las posibilidades de que el Gobierno del presidente Iván Duque, y las fuerzas irregulares que se enfrentan de manera violenta en medio de las comunidades, atiendan sus exigencias, son muy remotas, por no decir que ninguna.
En el Pacífico, en toda su extensión territorial hay varios conflictos en curso: el conflicto derivado de las rutas del narcotráfico, de la explotación minera ilegal y los intereses por controlar territorios, desalojando a sus comunidades ancestrales para negociar a futuro estos territorios para otras dinámicas económicas, como ha pasado ya en otros territorios.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Montes de María, Urabá, Sur del Meta, donde luego del desplazamiento viene la apropiación del territorio y su “legalización”, de manera sofisticada o burda, para nuevas dinámicas sociales y económicas entre narcotráfico, minería ilegal y despojo del territorio. Las comunidades del Pacífico afrontan la dura violencia que, cada semana, trae noticias de sangre y barbarie.
No hay que esperar nada de este Gobierno que insiste en políticas que no llevan a ningún lado bueno, solo a la reiteración del fracaso. Por eso, es mejor no hacerse vanas ilusiones con el cambio de las políticas que alientan las violencias que se sufren en el país y de manera dura en el Pacífico. Allí, no hay interés de salir de la fracasada política antidrogas, no hay interés en ordenar democráticamente los territorios y no hay interés en controlar a los ilegales, más bien hay políticas para alentar sus desmanes.
Están documentados los comportamientos ilegales en los que incurre y participa la Fuerza Pública. Delante de sus ojos se dan todos los comportamientos ilegales y nada pasa; eso ha sido así desde siempre y reafirma que hay pendiente una seria reforma del sector seguridad y defensa, lo cual es más que evidente tras los escándalos que semana a semana aparecen en el debate público, mostrando que tenemos unas instituciones de seguridad y defensa que no cumplen con sus responsabilidades constitucionales y que siguen con fuertes vínculos con los ilegales a quienes deberían combatir.
De esto nos hablan las comunidades del Pacífico y no son pocos los líderes que han sido asesinados por sus denuncias, o han debido abandonar el territorio, para proteger su vida.
Ante un panorama tan desolador, solo queda la persistencia; exigir al Gobierno Nacional y a los irregulares que respeten a las comunidades, que cumplan con todos los puntos que están formulados en el Acuerdo Humanitario YA, que se mantenga el seguimiento al desempeño de la Fuerza Pública y las instituciones de control, que hagan sus funciones constitucionales, de manera particular la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, cada una de ellas que desde sus mandatos misionales acompañen a las comunidades y exijan el cumplimiento de una Constitución Nacional que es letra muerta en muchos territorios y de manera dramática en el Pacífico.
Las comunidades organizadas en CONPAZ, le han propuesto al ELN que haga un cese unilateral para que puedan pasar en mejores condiciones estos tiempos de pandemia. Es un llamado sensato y muy razonable, que el ELN debe considerar, desde su experiencia de “ceses unilateral activo”.
Hay un mundo organizado que tiene una propuesta y una exigencia al Estado colombiano y a los irregulares que participan de dinámicas de violencia en territorios de comunidades que no quieren ninguna guerra, a esas comunidades hay que acompañarlas e insistir así en las perspectivas de transformar estas duras condiciones se vean aún lejanas.