La implementación de los acuerdos de paz que se deriven de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC, permitirán profundizar en un proceso de apertura democrática, estos estarán acompañados de una serie de reformas que permitan, entre otras cosas, la construcción de un andamiaje institucional adecuado para la implementación de los acuerdos.
El punto dos pactado en La Habana, referido al tema de participación política destaca en términos generales; Estatuto de la Oposición, Acceso a Medios de Comunicación, Reforma Electoral, Garantías de Seguridad en la Participación Política y nuevos espacios para la participación ciudadana, creación de Circunscripciones Especiales para la Paz. Dentro del tema de Reforma Electoral, se destaca i) Financiación de Campañas ii) Órganos Electorales, entre otros.
En este documento la Fundación Paz & Reconciliación se concentrará en estos dos últimos temas; reforma al órgano electoral, y financiación de campañas. Vale la pena aclarar, que la constitución de 1991 ya había incluido varios de los temas que pretende el acuerdo 2 de La Habana, por ejemplo; se permitió la creación de múltiples partidos, se abrieron los canales de participación para vencer el centralismo político, se crearon las circunscripción nacionales para las elecciones de Senado y las circunscripciones especiales, la moción de censura, se estableció un régimen de bancadas, se creó una política especial de acceso a medios de comunicación, se creó la ley de garantías electorales y sin embargo, estas iniciativas no han generado las condiciones necesarias para que minorías y movimientos políticos alternativos tengan garantías necesarias para ejercer los derechos de participación y representación política. ¿Por qué sigue fallando el sistema electoral colombiano?
Lo primero tiene que ver con el diseño institucional de las entidades responsables de la contienda electoral; La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la sección Quinta del Consejo de Estado, son entes absolutamente obsoletos y politizados.
Por un lado, no se entiende como la Registraduría Nacional es la responsable de emitir las cédulas, celebrar los comicios electorales y contar los votos, es urgente iniciar un proceso de descentralización al interior de las competencias de la Registraduría de tal manera que puedan existir contrapesos en las funciones que realiza. Por su parte, El Consejo Nacional Electoral (CNE) es tal vez el nido más grande de corrupción. Se compone de 9 magistrados electos por el Congreso de la República. Es decir, los partidos eligen a sus militantes y amigos para que los vigilen, lo cual es algo así como poner al ratón a cuidar el queso. Estos niveles de politización llevan a que en el CNE prime la ley del “yo no te investigo y tú no me investigas”. A pesar de las fotos, videos y denuncias, a la fecha ninguno de los candidatos que participó en las elecciones locales de 2015 ha sido sancionado por gastos excesivos en campañas.
La Sección Quinta del Consejo de Estado es la misma historia: un órgano politizado y sin capacidad de acción. Lo cierto es que una vez firmado el acuerdo de paz habrá una apertura o posibilidad amplia de reforma al órgano electoral. De la movilidad ciudadana dependerá que Colombia avance hacia un proceso de democratización profundo o que nos quedemos con el mismo sistema corrupto.
Se propone crear un órgano único electoral colombiano, que asuma el papel de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, la dilución de estas entidades y la creación de un nuevo órgano, descentralizado permitirá potenciaríar la operatividad de estos en términos logísticos y en capacidad de respuesta, desde luego la unificación de estos se justifica en la necesidad de fortalecer la entidad y en especial de despolitizar las acciones que el CNE lleva a cabo.
Se creará un nuevo poder del Estado independiente del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el cual será nombrado el Poder Electoral Colombiano. Este órgano independiente ya existe en varias jurisdicciones en Latinoamérica, como en Bolivia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Paraguay y Venezuela. Su labor principal será facilitar, organizar, y sancionar sobre los procesos electorales enfocándose en la igualdad de condiciones para todos los partidos o movimientos políticos. Igualmente combatirá el fraude electoral, emitirá resoluciones electorales, atenderá denuncias, supervisara la conformación de partidos políticos, y la inscripción de candidatos, tendrá las capacidades para ser un órgano de control con poder sancionatorio para castigar, sancionar y multar a los partidos, personas y organizaciones que infrinjan el nuevo código electoral.
El CNE se transformara en la institución del Poder Electoral Colombiano, el cual llevará como nombre el Colegio Electoral Colombiano (CNC). El CNC tendrá contará con sucursales departamentales, y unidades móviles que puedan hacer llegar los procesos electorales en cada región del país. Igualmente el CNC contará con un Tribunal de Justicia Electoral que pueda sancionar a los partidos políticos y hacer seguimiento efectivo a los gastos de campaña.
También se proponer crear una unidad que modernice el sistema electoral e introduzca el voto electrónico, esta será independiente de las funciones anteriores. La modernización del sistema ofrecerá mayores garantías en la contienda electoral. Esta transformación permitirá que se elimine el sistema de contratación a terceros, en la que contratistas privados regulan la papelería para los comicios como también para aquellos que son responsables de trasmitir los datos electorales. Estas competencias serán únicas de una entidad pública.
La financiación de las campañas es uno de los factores que limita más la competencia electoral. Son varios los problemas que se han derivado del afán de conseguir recursos para las campañas políticas. Esta sin lugar a duda, es una de las zonas más oscuras de la democracia colombiana.
Los organismos de control son obsoletos cuando de llevar el control de las finanzas de los candidatos se trata. No cabe duda, que mientras las reglas de juego permitan que los gastos de financiación tengan diferentes contribuyentes y que adicionalmente, muchas de las donaciones por ser en especie queden fuera de cualquier espacio de control, la filtración de dineros ilegales y de contratistas que esperan ver retribuidas sus inversiones sea más alta.
La ausencia de controles por parte de las autoridades ha permitido que muchos políticos ignoren impunemente los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Además, en la medida en que aumenta la competencia electoral, los costos de la misma aumentan y las posibilidades de filtración de dineros ilegales es mayor. Esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control electoral de hacer seguimiento verídico de los gastos de campaña de los candidatos, y la falta de mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas. De igual manera, esta situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien campañas dado los altos costos para competir electoralmente. Lo que de igual manera limita a nuevos candidatos a participar.
Para mitigar este problema la Fundación Paz y Reconciliación propone la creación de una Agencia de Financiación de Comicios Electorales, la cual será un agencia afiliada al CNC. Dentro de sus competencias las siguientes funciones:
Entregará anticipos establecidos por la nueva institución electoral, como el tope de gastos de campaña
El partido que avala candidatos, tendrá la responsabilidad fiscal y legal frente al manejo de los dineros del anticipo.
El candidato avalado por un partido tendrá que limitar su campaña a los topes establecidos por la institución electoral.
Al final de la contienda, el partido recibirá los ingresos de reposición de votos.
El partido tendrá que reponer los fondos entregados por la agencia, restando el ingreso de la reposición de votos.
La agencia tendrá acceso a las cuentas de todas las campañas políticas de candidatos de todos los partidos.
Esta agencia tendrá un equipo de investigación de gastos de campaña quienes aseguraran que no se ejerzan gastos que superen los establecidos por los topes.
La agencia podrá imponer multas y presentar cargos en contra de partidos que no vigilen con transparencia las finanzas de sus campañas.
Esta agencia deberá promover la financiación pública de las campañas, este mecanismo contribuye de manera significativa a equilibrar la balanza electoral. La destinación de los recursos y los topes se podrán fijar de acuerdo a la categoría de la unidad administrativa y el número de candidatos en competencia, los recursos serán distribuidos a los movimientos y partidos políticos, los cuales serán los responsables de la destinación de los recursos, de esa manera se incentiva un espacios de corresponsabilidad entre candidatos y partidos políticos.
Se generará un sistema público de aportantes, este mecanismo permitirá a la ciudadanía identificar los grupos de contratistas que mayor injerencia tienen al interior de las administraciones locales. Este ejercicio permitirá depurar las relaciones que se generan entre políticos y empresarios. El candidato electo deberá publicar a lo largo de su periodo el nombre de aportantes a la campaña.
Establecer estrategia equitativa de propaganda política. El Estado colombiano deberá promover y financiar en su totalidad la difusión de propaganda de minorías políticas. Este ejercicio debe permitir la divulgación y difusión de candidatos de manera equitativa y regulada. Ningún candidato podrá doblegar a otro de los candidatos en materia de propaganda electoral, está deberá ser equitativa para todos aquellos que decidan hacer parte de la contienda.
Crear un mecanismo de auditorías al patrimonio de cualquier persona que opte por la participación política electoral. Esta auditoria debe estar enfocada al patrimonio privado de la persona que decide presentarse a un cargo de elección popular, así como a los miembros de su familia. Este mecanismo puede denominarse “Pasaporte Político”, se asemeja al “pasaporte biológico” que es utilizado en el ciclismo para evitar el dopaje. Básicamente sería un instrumento para hacer seguimiento al patrimonio económico del político y de su familia cercana el cual puede abarcar décadas. Es decir debe hacerse desde que comienza la vida política hasta cuando se prolongue su participación en política.
l Estado colombiano está compuesto por tres ramas de poder y una cuarta adicional:
El poder ejecutivo, compuesto por el gobierno de turno Presidencial, gobernaciones, y alcaldías.
El poder legislativo, donde encontramos al Congreso de la República con sus dos cámaras: Senado y de Representantes.
El poder judicial, donde se encuentran la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Superior de la Judicatura, al igual que la Fiscalía.
Los entes autónomos –organismos del Estado– donde encontramos al Banco de la República, Comisiones de Televisión y Servicio Civil.
Por último, tenemos al órgano electoral. Este nos concierne para el desarrollo de una propuesta de mayor importancia para la democracia colombiana, en especial frente a la firma de un acuerdo de paz de La Habana.
Para la Fundación Paz & Reconciliación, el Acuerdo sobre Participación Política de la Agenda de Negociación de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, es el punto más importante de la negociación ya que en este se consolida la transición de las FARC-EP, de la lucha en armada a la competencia política dentro del Estado de Derecho. En este punto de la agenda, las dos partes se reconocen y aceptan las posturas de otro. Por un lado, el Gobierno Nacional acepta y legitima el papel histórico de las FARC-EP como actor político de la democracia colombiana. Por otro lado, las FARC-EP aceptan el Estado de Derecho como el sistema por medio del cual – participando en política – lucharán para lograr los cambios en el sistema social, político y económico.
Es así como nos encontramos frente a un momento histórico para hacer las reformas necesarias al sistema electoral colombiano, y por qué no, al balance de fuerzas del Estado.
La Fundación Paz & Reconciliación lanza una propuesta para la creación de una nueva rama de poder dentro de la estructura del Estado colombiano, autónomo e independiente; el Poder Electoral Colombiano. Esta rama del Estado estará a cargo de toda la organización, ejecución y seguimiento a los procesos electorales en Colombia incluyendo a los partidos, remplazando por completo el Consejo Nacional Electoral, y desplazando a la Registraduria Nacional.
Esta rama del Estado estará encarnada en tres instituciones: el Colegio Electoral Colombiano, la Agencia de Financiación de Comicios Electorales y el Tribunal Electoral.
Este quinto poder no es algo innovador, pero es algo muy necesario para la democracia en Colombia. Es más, se podría decir que Colombia es de los pocos países en América Latina donde esta figura no existe, ya que, en la actualidad de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Chile, Uruguay, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela, existen sistemas que se asimilan a un “Poder Electoral”, pero solo en Venezuela, Nicaragua y Costa Rica, este poder es independiente del judicial, ejecutivo, o legislativo.
Estas tres instituciones del Poder Electoral tendrán como sus funciones combatir el fraude electoral, emitir resoluciones electorales, atender denuncias, supervisara la conformación de partidos políticos, y la inscripción de candidatos, tendrá las capacidades para ser un órgano de control con poder sancionatorio para castigar, sancionar y multar a los partidos, personas y organizaciones que infrinjan el nuevo código electoral.
El Colegio Electoral remplazaría el CNE actual, el cual es un organismo politizado donde la influencia de los partidos políticos es evidente, y que funciona bajo la lógica de “no te investigo, si tu no me investigas”. El CEC contará con sucursales departamentales y unidades móviles que puedan llegar a los procesos electorales en cada región del país. Igualmente, el Poder Electoral contará con un Tribunal de Justicia Electoral con la capacidad de sancionar a los partidos políticos y hacer seguimiento efectivo a los gastos de campaña y cualquier delito electoral. Por otro lado, la Agencia de Financiación de Comicios Electorales, trabajaría de la siguiente manera:
Entregará anticipos establecidos por el CEC.
El partido que avala candidatos, tendrá la responsabilidad fiscal y legal frente al manejo de los dineros del anticipo.
El candidato avalado por un partido tendrá que limitar su campaña a los topes establecidos por la institución electoral.
Al final de la contienda, el partido recibirá los ingresos de reposición de votos.
El partido tendrá que reponer los fondos entregados por la agencia, restando el ingreso de la reposición de votos.
La agencia tendrá acceso a las cuentas de todas las campañas políticas de candidatos de todos los partidos.
Esta agencia tendrá un equipo de investigación de gastos de campaña quienes aseguraran que no se ejerzan gastos que superen los establecidos por los topes.
La agencia podrá imponer multas y presentar cargos en contra de partidos que no vigilen con transparencia las finanzas de sus campañas.
La creación de esta agencia obligará a que el candidato dependa de un partido político y no que el partido dependa del candidato. Al mismo tiempo promoverá la transparencia y la responsabilidad en las campañas políticas, mientras ayuda a combatir el ingreso de dineros de la ilegalidad.
Esta es una primera aproximación de algunos de los cambios que se deben discutir para la consolidación de un sistema electoral que responda a las necesidades del postconflicto.
Se abre una ventana de oportunidad para profundizar la democracia en Colombia. Y se abre el debate con propuestas que, aunque sean controversiales y levanten ampollas en algunos sectores del establecimiento, son necesarias.