Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Una de las grandes transformaciones del sector defensa propuesto por el nuevo gobierno de Gustavo Petro tiene que ver con la reforma a la Policía. Con el cuestionable manejo del Paro Nacional de 2021 y las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH y la ONU; la reforma a la doctrina militar de la Policía se posicionó en la agenda pública como un tema urgente para el país.
Desde los primeros días de agosto se comenzaron a generar acciones en ese sentido. La salida de algunos funcionarios de la institución, el nombramiento de las nuevas directivas y la transformación del ESMAD; son las primeras pinceladas de lo que sería la reforma a la Policía Nacional liderada por el nuevo gobierno.
A pesar de esto, aún no está claro cómo desde el gobierno Petro se va a realizar dicha reforma. Vale la pena mencionar que meses antes de la posesión se planteó la posibilidad de crear un nuevo Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, considerando lo fundamental que es abordar el periodo de posconflicto desde una perspectiva de seguridad humana. Sin embargo, a la fecha no asoma ningún proyecto de ley en ese sentido ante el Congreso.
Pero, ¿por qué reformar a la Policía?
El Paro Nacional y las recomendaciones de los organismos internacionales
Para nadie es un secreto que durante el Paro Nacional de 2019 y 2021, la Policía Nacional cometió violaciones a los DD.HH. Homicidios, delitos sexuales, mutilaciones oculares, torturas, secuestros y desapariciones son algunos de los crímenes que se les sindican a miembros de la institución en el marco de la movilización social.
Como resultado de las múltiples violaciones documentadas y de la solicitud de diversas organizaciones sociales y sectores políticos, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas (ONU), enviaron misiones de verificación a Colombia para evaluar la situación de DD.HH. durante el paro.
Las recomendaciones de ambos organismos apuntan al mismo sentido: sacar del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional para que pase a ser dirigido por un orden civil y no militar. Particularmente, la CIDH sugiere la transformación de la aplicación de los protocolos que, en muchos casos, son violatorios de los DD.HH.
El uso de la figura de traslado por protección que no aplica en el marco de una protesta social, la estigmatización asociada al género y la etnia, que provoca una potencial vulneración a las mujeres, personas de identidad diversa y pertenecientes a comunidades étnicas, así como la criminalización de la movilización por parte de altos funcionarios; son las principales críticas de la CIDH al manejo del Paro Nacional por parte del gobierno de Iván Duque.
En ese sentido, recomendó al Estado colombiano generar una serie de transformaciones en la doctrina de la Policía, que permita un manejo más adecuado de las protestas, que no vulnere los derechos de los y las ciudadanas del país y que cambie los protocolos de uso de las armas para la dispersión.
El anterior gobierno hizo caso omiso a dichas recomendaciones y sancionó dos leyes que reformaron parcialmente la carrera de Policía. La primera es la Ley 2179 del 30 de diciembre de 2021, que tiene por objeto crear la categoría de Patrulleros en la Policía Nacional y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera.
Además, dicta disposiciones a los estudiantes y personal uniformado en servicio activo, relacionadas con la profesionalización para el servicio de policía y desarrollo policial con enfoque en derechos humanos y otras vinculadas con la modificación de normas de carrera, las distinciones para el personal de Patrulleros del Nivel Ejecutivo y el bienestar del personal.
La segunda es la Ley 2196 del 18 de enero de 2022, la cual crea el Estatuto Disciplinario Policial, con el que se busca modificar los procedimientos y sanciones a los miembros de la Policía cuando haya vulneración de los derechos humanos, así como fortalecer la participación ciudadana. Si bien, esta ley establece un compendio de principios e integración normativa frente al Código Penal, Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal; su alcance es meramente disciplinario.
De manera adicional, mediante el Decreto 113 de 2022, se crea una nueva estructura orgánica de la Policía Nacional, adicionando tres jefaturas para el servicio: 1. Desarrollo Humano, 2. Servicio de Policía y 3. Administración de Recursos. Con estos cambios, se hizo énfasis en adecuar y mejorar las condiciones laborales del personal activo uniformado y en establecer cambios administrativos que incluyan un enfoque de DD.HH. Sin embargo, lejos de separar a la Policía del Ministerio de Defensa, las reglamentaciones que se realizaron en este periodo buscan transformar la gestión al interior de la institución, más no la doctrina.
Una preocupación frente a esto surge por parte del gobierno de Estados Unidos que donó 8 millones de dólares para la realización de esta reforma. Dicha donación se dio de la siguiente manera:
a) 2,7 millones USD para apoyar al Alto Comisionado de Paz para el “desarrollo y ejecución de módulos de entrenamiento en derechos humanos para la fuerza pública, fortalecimiento de capacidad para jueces disciplinarios policiales en derechos humanos, desarrollo de plan trimestral de derechos humanos para la policía, apoyo al observatorio de derechos humanos de la policía” (US Embassy, 2022).
b) 1,5 millones USD para la creación de un Centro de Acreditación y Estándares Policiales, que desarrolle “módulos prioritarios, programas de certificación en derechos humanos y el apropiado uso de la fuerza” (ibíd.).
c) 2,6 millones USD para la resiliencia, diversidad y uso apropiado de la fuerza que fortalezca el “entrenamiento y equipo para técnicas de resiliencia policial, entrenamiento e infraestructura para el ensayo de estrategias de diálogo y uso apropiado de la fuerza, y expansión de infraestructura en academias rurales con el fin aumentar la diversidad del plantel de la policía” (Ibíd.).
d) Y finalmente 1,3 millones USD que apunte a la transparencia y responsabilidad con la “implementación de un nuevo sistema de manejo de casos de la inspección general de la policía con el fin de acelerar procesos disciplinarios y entrenamiento legal y en derechos humanos para los funcionarios de la inspección general de la policía” (Ibíd.).
Cabe señalar que las reformas del gobierno Duque no apuntaron a lo señalado por la embajada del país norteamericano, por lo que no se tiene claridad sobre qué sucedió con el dinero donado por el gobierno de EE.UU. En consecuencia, el reto de implementar dichas transformaciones profundas propuestas por la CIDH, la ONU y la Embajada de EE.UU., quedaron pendientes para el nuevo gobierno.
Referencias
CIDH. (2021). Observaciones y recomendaciones Visita: Junio 2021 Visita de trabajo a Colombia. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf
ONU. (2021). Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia. Disponible en: https://www.hchr.org.co/documentos/el-paro-nacional-2021-lecciones-aprendidas-para-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-pacifica-en-colombia/
U.S Embassy Bogotá. (2022) EE. UU. anuncia donación de usd 8 millones para apoyar la transformación de la policía nacional. Disponible en: https://co.usembassy.gov/es/ee-uu-anuncia-donacion-de-usd-8-millones-para-apoyar-la-transformacion-de-la-policia-nacional/#:~:text=El%208%20de%20febrero%20de,la%20formaci%C3%B3n%20en%20materia%20de