Por: Andrés Paternostro enlace territorial de Bajo Cauca.
Línea de Paz, Posconflicto y DDHH.
Foto tomada de: El Tiempo
Tras combate entre el Clan del Golfo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), Antioquia vuelve a estar en el ojo del huracán, debido al aumento de hechos violentos en el departamento. En medio de los enfrentamientos, ocurridos el pasado 9 de febrero[1] en zona rural del municipio de El Bagre, al menos 12 familias tuvieron que desplazarse, dejando serios cuestionamientos frente al avance de la política de Paz Total en la región.
Los desafíos que suscitan preocupación para la actual vigencia tienen su génesis en los enfrentamientos armados entre distintos grupos organizados que operan en el departamento de Antioquia. Según el último reporte de presencia de actores en Antioquia, realizado por PARES, en el año 2023, el actor más preponderante la región es el Clan del Golfo, el cual se encuentra en 59 municipios, seguido por el ELN en 31 municipios y el EMC en 19 municipios. Tales enfrentamientos son motivados principalmente por la disputa por el control territorial, una contienda que se intensificó después de los acuerdos de cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, así como entre el Gobierno y el EMC; pues el Clan del Golfo ha venido aprovechando los ceses bilaterales como una oportunidad para expandir su influencia en áreas que históricamente estuvieron bajo el control de grupos guerrilleros como el ELN y el EMC.
Estas disputas territoriales han desencadenado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos (DDHH). Entre las consecuencias más preocupantes se encuentran el desplazamiento forzado, situaciones de confinamiento y el asesinato de varios líderes sociales en subregiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Según las cifras reportadas por la Unidad de Victimas, para el año 2023, se reportaron 15.207 víctimas por ocurrencia en el departamento, siendo los municipios de Cáceres, Segovia, Caucasia, El Bagre y Turbo, los que cuentan con más afectaciones.
El asesinato de cinco líderes sociales en los primeros dos meses del 2024 ha generado una creciente preocupación en el departamento, ante el aumento significativo de la violencia que afecta a esta población. Al comparar estos eventos con los datos proporcionados por el seguimiento de asesinato a lideres y lideresas sociales, realizada por la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de PARES, para los meses de enero y febrero en 2023 y 2022, se registraron dos asesinatos de líderes sociales por año, la situación actual es motivo de alarma. La escalada de homicidios en tan corto periodo de tiempo ha suscitado inquietudes sobre la seguridad y la protección de la vida de defensores de derechos en la región.
Esta problemática se refleja también en un incremento no insignificante en las cifras totales de líderes asesinados, según los registros de PARES. En el año 2022, se reportaron 17 líderes sociales asesinados, y para el 2023, esta cifra aumentó a 21 personas, evidenciando un crecimiento en dos dígitos. La persistencia y magnitud de este fenómeno plantean serios desafíos para la seguridad y la protección de los líderes sociales en el departamento de Antioquia.
Así bien, la consolidación de la política de Paz Total tiene de cara al 2024 grandes retos y desafíos en el departamento de Antioquia. El aumento de la violencia, los enfrentamientos entre grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y el EMC, así como el alarmante incremento en el asesinato de líderes sociales, crean un escenario preocupante que pone a prueba la capacidad del gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar la seguridad y protección de la población.
La disputa por el control territorial ha intensificado las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, manifestándose en desplazamientos forzados, confinamientos, además de la pérdida de vidas de líderes sociales en diversas subregiones. Estos hechos evidencian la complejidad de la situación y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para abordar las causas subyacentes de la violencia y promover un entorno seguro para la construcción de la paz.
En este contexto, la persistencia de la tendencia al alza en el asesinato de líderes sociales, como se refleja en las cifras de PARES, subraya la urgencia de acciones concretas y coordinadas para contrarrestar esta problemática. La comunidad internacional y los actores locales e incluso las organizaciones armadas que se encuentran en búsqueda de una salida negociada al conflicto, deben unir esfuerzos para abordar las raíces de estos problemas, fortaleciendo estrategias de prevención y protección, y trabajando en la construcción de un tejido social resiliente que permita a las comunidades tener condiciones de vida digna en los territorios.