Por: Línea de Investigación de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos
A raíz de la extradición del máximo jefe del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga David “Alias Otoniel” a Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional, este grupo armado ilegal inició un paro armado como retaliación en varias regiones del país en las que tiene fuerte injerencia: Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. En panfletos difundidos vía WhatsApp anuncian que el paro tendrá una duración de cuatro días iniciados a partir de las 12:00 a.m. del 5 de mayo hasta las 12:00 a.m. del 10 de mayo, ordenando además “la suspensión de todas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales" y prohibiendo la circulación del transporte terrestre y fluvial en veredas, municipios y ciudades donde tienen presencia; advierten que “quién no quiera acatar la orden será dado de baja”.
Desde la noche del pasado 4 de mayo se infundió un temor generalizado entre los habitantes de estos departamentos, pues hombres armado comenzaron a pintar las paredes de establecimientos comerciales, educativos y viviendas con el nombre del bloque y las siglas AGC (Autodefensas Gaitanitas de Colombia).
Antioquia es el departamento que en el primer día de este paro armado sufre mayores afectaciones a causa de las acciones violentas. Siendo las 2:00 p.m. del 5 de mayo se reportaban 14 vehículos incinerados en todo el departamento, de los cuales 12 se registran en la región Norte y Bajo Cauca en los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Zaragoza, El Bagre y Valdivia; uno en Don Matías y uno en la región de Urabá. En su mayoría han resultado afectados los vehículos de transporte público y de carga. Ante estos hechos la vía troncal de occidente que conecta el interior del país con la Costa Caribe se encuentra cerrada a la altura del municipio de Valdivia. En medio del miedo y la zozobra la población busca algunos establecimiento abiertos para abastecerse de alimentos durante estos cuatro días de paro armado.
Otras acciones violentas en contra de la población civil han sido amenazas a las instituciones educativas para que suspendan todas las actividades académicas, llamadas y envío de mensajes intimidantes a los comerciantes prohibiéndoles abrir sus negocios y amenazas a transportadores incluido el transporte público que fue llamado a no despachar buses.
Las personas que no se acogen a estas medidas han sido retenidas por integrantes del grupo armado. Tal fue el caso de los empleados de la empresa Mineros S.A., quienes se movilizaban en una embarcación en inmediaciones del corregimiento Cargueros, en el municipio de Nechí. Allí fueron retenidos y advertidos de que estaba prohibido navegar por el río Nechí, posterior a esta amenaza fueron liberados y pintaron el bote con las iniciales AGC.
Fotos compartidas por la población civil de las zonas donde se desarrolla el paro armado
El departamento de Córdoba también ha sentido con rigor el paro armado con la quema de vehículos de transporte público en varios municipios, lo que aumentan el temor entre la población. En el departamento el 90% de los establecimientos educativos suspendieron actividades académicas.
Todos estos hechos siguen poniendo en evidencia la capacidad operacional que tiene esta organización armada sobre los territorios y la débil capacidad institucional para dar una respuesta oportuna que brinde condiciones de seguridad a la población. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la fuerza pública, ni acciones institucionales que permitan garantizar las condiciones de seguridad y contrarrestar las acciones violentas por parte del grupo ilegal.
Estas acciones reaccionarias del Clan del Golfo ante la extradición de su máximo jefe recuerdan las que se realizaron en el mes de octubre del año pasado cuando alias “Otoniel” fue capturado en un operativo de la fuerza pública en el departamento de Antioquia. En esa ocasión, el Clan realizó un ‘plan pistola’ (Te podría interesar: El ‘plan pistola’ del ‘Clan Golfo’ ya estaría en marcha) en el bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba que dejó un saldo de cuatro miembros de la fuerza pública asesinados.
La inmediatez de estas acciones del Clan del Golfo dan muestra de su poderío territorial en zonas que han establecido como centros de operaciones a lo largo del territorio nacional. En el reciente informe de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) “Plomo es lo que hay”, se dio cuenta de que el Clan del Golfo es el grupo armado más grande del país estableciendo una presencia territorial en 241 municipios de Colombia.
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Presencia del Clan del Golfo en 2022. Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación.
Sobre la base de esto, desde Pares se ha señalado que la captura y ahora extradición de alias “Otoniel” no parece derivar en un debilitamiento del Clan del Golfo como grupo armado. Por esto insistimos en que, si no se plantea una solución estructural, como una ley de sometimiento a la justicia con un necesario esfuerzo en materia judicial, económica y política, no tendremos el desmantelamiento del crimen organizado en cabeza del Clan del Golfo.