Por: Laura Cano, periodista Pares.
Este año inició con varias noticias que demostraron de nuevo la débil y crítica situación del gobierno nacional: por un lado, las alarmas se encendieron con un número en ascenso de líderes y lideras sociales, exintegrantes de la antigua guerrilla Farc y comuneros asesinados. Por otro lado, y con una cuestionable relación con lo anteriormente nombrado, salían públicamente investigaciones realizadas por la Revista Semana en las que se revelaban interceptaciones telefónicas ilegales que se estaban realizando desde la cúpula del Ejército Nacional contra personas que encarnan la oposición política en el país.
En estas chuzadas estaban siendo intervenidas las comunicaciones de líderes y lideresas regionales, periodistas y políticos, y fueron ordenadas durante el periodo en el que el general retirado, Nicacio Martínez, estaba en cabeza de dicho organismo. Igualmente, en las investigaciones que se llevaron a cabo se hacía referencia que los destinatarios de la información que se estaba recopilando son miembros del Centro Democrático, partido político de gobierno.
Ante la situación y un proceso de investigado estancado, los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras asistieron ante el Congreso de Estados Unidos en Washington para pedir que desde allí se investigara lo ocurrido, pues ya se había señalado que probablemente se estarían usando fondos estadounidenses de cooperación para estas intercepciones.
Por lo anterior, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), se refirió a la situación, donde mencionó que desde la organización a la que pertenece se indagará si los equipos tecnológicos utilizados por la fuerza de inteligencia militar fueron donados por el país norteamericano.
Vivanco afirmó que van a hacer todas la gestiones necesarias en Washington, mientras que en Colombia se hará el seguimiento, además agregó que, si son equipos donados, estos cuentan con unos protocolos y límites establecidos para que sean utilizados estrictamente contra el crimen organizado, por lo que resaltó que “los responsables deben ser sancionados, no solo los agentes que materialmente recopilaron la información ilegalmente, sino también los mandos superiores”.
¿Esta vez sí habrá respuestas?
Hay un panorama general con las situaciones que están ocurriendo en Colombia: no hay respuestas, responsables o por lo menos luces de investigaciones serias por parte de las instituciones encargadas, en ese contexto está lo ocurrido las interceptaciones telefónicas que se conocieron a principios de este año. Lo cierto es que la inoperancia vuelve a ser la forma de actuar y que esta cadena de hechos sigue debilitando las garantías de seguridad que se deben brindar a quienes están ejerciendo liderazgos desde sus sectores de trabajo y territorios.
Ariel Ávila, subdirector de Pares se refirió a la situación y afirmó que: “nosotros como ciudadanos necesitamos respuesta, nuestros impuestos están para eso. Respuesta también por el control democrático al que tenemos derecho de hacer a las organizaciones independientemente si los equipos los donaron o no, nos tienen que decir por qué pasó eso y que medidas se están tomando para que no vuelva a ocurrir”, además, aclaró que “también se le debe dar una respuesta a los Estados Unidos si los equipos que han donado se han utilizado ilegalmente”.